El efecto nocivo sobre la naturaleza que ocasionan la extracción de material de arrastre y minerales, así como la tala indiscriminada de árboles en los municipios de la región del Catatumbo tienen preocupadas a las autoridades ambientales y policiales, que en un reciente informe revelaron una alta participación de personas en delitos contra el medioambiente.
En lo corrido de este año, la Policía de Norte de Santander ha realizado 68 capturas relacionadas con esta conducta, una alarmante cifra que se podría duplicar frente a las 83 detenciones adelantadas en todo el 2016.
De ese grupo de aprehendidos en los primeros cuatro meses de 2017, 35 personas desempeñaban actividades mineras sin licencia ambiental, como la extracción de carbón, y el resto fueron atrapados talando árboles, afectando los cuerpos hídricos o agrediendo la fauna silvestre del departamento.
Rescatamos un oso perezoso que había caído en una trampa para animales silvestres y había perdido parte de sus extremidades. pic.twitter.com/FlI1MM1oF1
— Cr. George Quintero (@PoliciaNteSder) 17 de mayo de 2017
“Hay una preocupación, porque el año pasado se presentaron 83 capturas, y en lo que va corrido del año van 68 capturas y apenas vamos en el mes de mayo. Esta situación genera una alerta, porque en este tema de los delitos contra el medioambiente, encontramos fenómenos que generan un daño irreversible a la riqueza natural de nuestro departamento”, indicó el coronel George Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander.
En respuesta a estos fenómenos, el alto oficial añadió que se está trabajando en el diseño de una estrategia denominada 'Burbuja Ambiental', que despliega un sistema de monitoreo de alertas tempranas para prevenir, controlar y vigilar los focos de la minería ilegales y la deforestación, que se extienden por el territorio del Catatumbo donde crece la siembra de la mata de coca y hay presencia de grupos al margen de la ley.
Esta medida, que se viene aplicando en otros departamentos como Putumayo, Meta, Caquetá y Amazonas, busca conformar un equipo interinstitucional entre la Fuerza Pública, Corponor – la autoridad ambiental del departamento- y el Ministerio de Medio Ambiente para desvertebrar fenómenos que representen un detrimento para la fauna y flora de esta región del país.
Durante estos operativos contra la minería ilegal y la deforestación, las autoridades descubrieron que varias personas de origen venezolano son contratadas por 20.000 pesos diarios para trabajar en esos socavones.
En una de las zonas del departamento donde más capturas se han realizado es en el municipio de Sardinata, ubicado a 38 kilómetros de Cúcuta. Allí, la economía gira en torno a la extracción del carbón bajo la modalidad de minería artesanal, que en muchas ocasiones no cuenta con la adecuada reglamentación, por lo que las autoridades la consideran un mal a erradicar.
Según el personero de esta localidad, Juan Gabriel Peñaranda, “la decisión de atacar la minería ilegal en el territorio nacional es bienvenida, porque la medida busca proteger al medioambiente y el interés de la nación. Pero esta situación preocupa en nuestro municipio, porque la minería que existe acá es de origen artesanal y la practican pequeños grupos de familias que llevan décadas haciéndolo y el impacto ecológico no es tan grave.”
El funcionario coincidió con organizaciones sociales del departamento al considerar que la alternativa adecuada para intervenir esta problemática no es la vía sancionatoria, sino la de legalizar y acompañar a estas poblaciones, que ven en la extracción del carbón a pequeña escala su principal fuente de ingresos.
CÚCUTA
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