Secciones
Síguenos en:
El drama de una madre y su hija que son investigadas por un aborto
Aborto

Hay tres causales por las que se puede abortar en Colombia.

Foto:

EFE

El drama de una madre y su hija que son investigadas por un aborto

Hay tres causales por las que se puede abortar en Colombia.

FOTO:

EFE

La penalización del aborto, excepto por tres causales, enfrenta a miles de mujeres a la justicia.

Por presuntas complicaciones que relacionaba con los síntomas de covid-19, una menor de 14 años debió acudir al centro médico de su municipio, en Tolima. Allí le practicaron diferentes exámenes para evaluar su estado de salud en los cuáles salió positiva, pero no para el virus, sino en la prueba de embarazo.

(Puede leer: En Colombia, alrededor de 400 personas son procesadas cada año por aborto). 

El temor de haberse contagiado y enfermar gravemente pasó a un segundo plano. Su principal preocupación era el resultado no deseado de una relación consensuada que sostuvo con un primo lejano, mayor que ella, quien le endulzó el oído y accedió voluntariamente.

Según relató la joven, no se sentía preparada para tener un hijo. Pensaba en su colegio y en terminar el bachillerato; en sus planes a futuro y los recursos que le eran tan limitados. Aún dependía económicamente. ¿Cómo iba a mantener a alguien más?, se preguntaba.

Los pensamientos negativos eran cada vez más frecuentes, incluso, considerando la muerte como salida a la pesadilla que estaba viviendo. En medio de este agobio, supo que si tuviera la opción de elegir escogería interrumpir voluntariamente el embarazo.

Su madre la había acompañado en todo el proceso. Desde que ingresó buscando atención médica pensando engrosar la lista de contagiados por covid, hasta cuando le informaron que era gestante a sus 14 años. Su estado no estaba avanzado. Apenas tenía unas cuantas semanas, tan pocas como para no haberlo notado.

Este factor terminó de reafirmar su decisión. Era ahora o nunca. Sin embargo, no sabía nada de leyes ni procedimientos y al ser menor de edad dependía de un adulto. Por eso acudió a su mamá, que fue la primera persona a quien le comunicó que no deseaba continuar con el embarazo.

(Le puede interesar: La Suprema Corte de México declara inconstitucional penalizar el aborto). 

Al ver su salud mental cada vez más deteriorada, la madre llamó a la Comisaría de Familia, buscando asesoría para proceder legalmente. Sin embargo, cuando preguntó por la posibilidad de practicarle un aborto a su hija, recibió como respuesta un rotundo no por parte de la comisaria. Ella argumentó que ese derecho lo había perdido al acceder tener relaciones sexuales voluntariamente.

Con esta opción negada, en la joven empezó a tomar mucho más peso la idea de atentar contra su vida. Entró en una crisis nerviosa y debió ir nuevamente de urgencia al médico, esta vez, para diagnosticar su estado psicológico.

El resultado, una “fuerte ansiedad, depresión y estrés, producto del embarazo”; antecedentes que la ponían en un alto riesgo obstétrico por el que peligraba su vida y la del feto.

Esta es una de las causales por las que se puede abortar en Colombia: cuando el embarazo afecta la salud física o mental de la madre. También lo son el resultado de una violación o abuso sexual, o por malformaciones en el feto que hagan inviable su vida después de nacer, dicta la sentencia de la Corte Constitucional.

(Le recomendamos: Los obstáculos que creó la pandemia para el acceso de las mujeres a la IVE). 

Con el diagnóstico, la menor estaba protegida legalmente para proceder con la interrupción de su embarazo y así lo hizo. Se tramitó a través de la Eps y con una entidad prestadora de servicios de salud externa que cumplía con todos los requisitos para practicar el procedimiento.

Semanas después, para hacer seguimiento del caso, la comisaria citó a la madre y a la hija. Ellas le comentaron que se logró practicar el aborto y las razones por las cuales se autorizó. Sin embargo, según las mujeres, la funcionaria las calificó de asesinas y les aseguró que cometieron un delito e interpondría la denuncia ante la Fiscalía.

Efectivamente, esta entidad compulsó copias por el delito de aborto simple y hoy están abiertas dos investigaciones, una contra la madre, en el sistema penal ordinario, y otra contra la menor, en el sistema de responsabilidad penal juvenil.

Se registra el caso ante la Fiscalía y se hace el seguimiento como si se tratara de una noticia criminal 

Según la Mesa por la vida y la salud de las mujeres, organización que en este momento brinda asesoría a las sindicadas, este fue uno de los pocos casos en los que se siguió al pie de la letra la reglamentación del sistema de salud y lo que dispone la sentencia de la Corte para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. Aun así, dos mujeres, entre ellas una adolescente de 14 años, enfrentan la justicia en una investigación penal.

“Lo más probable es que no prospere, ya que no se tiene el sustento jurídico para probar que se cometió un delito”, aseguró Carolina Triviño, una de las abogadas de este colectivo que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. “No obstante, se registró el caso ante la Fiscalía y se hizo el seguimiento como si se tratara de una noticia criminal”, agregó.

(Lea también: 'Empoderar a las mujeres tiene un efecto multiplicador en el crecimiento').

4.520 denuncias como esta se interpusieron desde el 2006 hasta el 2019. Un número relativamente bajo, del cual la mayoría se archiva o no prospera. Sin embargo, no está exento de condenas. En este lapso de tiempo, según datos de la Fiscalía, se han judicializado 350 personas por el delito de aborto simple, de las cuales, 82 han sido menores de edad. La Mesa por la vida conoció las copias de los relatos de las mujeres sometidas a este tipo de investigaciones.

Por ejemplo, se supo la historia de una mujer que dio a luz a un niño vivo pero se encontraron rastros de Cytotec, un medicamento utilizado para interrumpir el embarazo. Por este motivo y pese a que el bebé naciera, el médico que la trató la denunció por tentativa de aborto y le abrieron el respectivo proceso.

Manifestaciones de colectivos Pro-vida en contra de la despenalización del aborto.

Foto:

Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

La mayoría de los casos presentan este factor común frente a las denuncias. De hecho, 42% son hechas a través de actos urgentes, una vía que se utiliza para acudir a llamados de la comunidad y registrar delitos en flagrancia.

“Algunas mujeres buscan atención médica por complicaciones en el procedimiento de la interrupción del embarazo -en general con medicamentos- y el personal de la salud o administrativo pone en conocimiento de la policía esta situación, que termina con la apertura de una investigación”, señaló Isabel Cristina Jaramillo, abogada y docente de la Universidad de los Andes.

Según la organización, este hecho envía un mensaje negativo con respecto a la atención médica de estos casos y algunas mujeres prefieren no ir por el temor de enfrentarse a la justicia, jugándose la vida con esta decisión.

(Puede leer: Este es el plan del Gobierno para recuperar el empleo femenino).

Someterse a una investigación, expone el colectivo, tiene implicaciones en diferentes ámbitos, pero este delito suma un agravante en cuanto a la privacidad. La decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo es íntima de cada mujer y al abrirse un proceso en su contra, conlleva a que se ponga en conocimiento de más personas. El mayor temor es que sus empleadores o familiares se enteren y afecte otros temas particulares de su vida personal.

No saben a qué se enfrentan y creen que van a ir presas o tendrán otro tipo de sanciones que perturben sus proyectos

De acuerdo a los casos en los que brinda asesoría, Jaramillo comentó que muchas mujeres refieren sentimientos de angustia al ser tratadas como delincuentes. “No saben a qué se enfrentan y creen que van a ir presas o tendrán otro tipo de sanciones que perturben sus proyectos”, dijo.

Además -revelaron las abogadas- al tener vacíos legales, este delito es utilizado como amenaza y chantaje de personas cercanas o que conocieron el caso, prestándose como herramienta de violencia de género. Incluso, según las bases de datos de la Fiscalía, el 30% de las mujeres han sido víctimas de otros crímenes antes o después del aborto, entre estos, lesiones personales o abuso sexual.

Si bien las cifras de investigaciones se han reducido progresivamente en los últimos años, para la organización, mantener el delito de aborto en el Código Penal es atentar contra la libertad de las mujeres y prolongar el desgaste punitivo del Estado. “Los casos no van a prosperar pero la figura de la investigación si puede ser manipulada acorde a las creencias o intereses personales de los demandantes”, aseguró Carolina Triviño.

México acaba de aprobar la despenalización total de este delito y en Colombia se encuentra en un debate extenso y tendido en las Cortes. Organizaciones como Human Right Watch y la Secretaría de la Mujer de Bogotá mostraron su apoyo a esta causa, no obstante, mientras se define, la menor y la madre, así como miles de mujeres, siguen a la espera del curso de sus investigaciones.

Lea más noticias:

Qué sabemos sobre los cambios en la menstruación tras la vacuna de covid-19

¿Cómo avanza la equidad de género en el sector público?

Por qué decidieron ser mujeres de ciencia

Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.