“La decisión del Consejo de Estado nos tiene muy preocupados, dado que emitió la suspensión de la consulta minera a escasos 18 días de las votaciones fijadas para el próximo 30 de octubre”, afirmó el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Me parece extraño que el Consejo de Estado frene la consulta popular minera”, aseguró el mandatario, y agregó que el Tribunal Administrativo del Tolima, meses atrás, había decidido la constitucionalidad de la pregunta que se les haría a los ciudadanos en las votaciones.
El Consejo de Estado aclaró que la suspensión es provisional y como medida cautelar de urgencia, hasta que se dicte sentencia de tutela debido a algunas reclamaciones hechas por Alberto Cruz, presidente de la Asociación Minera y de Hidrocarburos del Tolima, quien consideró que la pregunta de la consulta induce al ‘No’ y, además, este mecanismo de participación popular podría vulnerar los derechos laborales de cientos de personas dedicadas a las actividades mineras mediante la extracción de materiales de río.
Jaramillo considera que no es “muy correcto” alegar una supuesta pérdida de trabajo de paleros, volqueteros y otros trabajadores que derivan su sustento de las actividades mineras, al tiempo que manifestó que lo que la consulta busca es proteger el medioambiente y el agua “frente a los tentáculos de la multinacional Anglogold Ashanti y su megaminería a cielo abierto que pretende explotar la mina de oro La Colosa, de Cajamarca”.
“Ibagué no quiere esa megaminería, que con el cianuro terminará por derribar nuestras montañas y contaminará las aguas de los ríos Totare, Combeima y Coello, los cuales surten el acueducto para una ciudad con más de 500.000 ciudadanos”, dijo, y corroboró que “la vocación de la ciudad es agrícola y no de megaminería”.
Aunque la Corte Constitucional ratificó que los Alcaldes y Concejos pueden tomar decisiones o medidas para proteger los suelos y el medioambiente, el mandatario insiste que “planteamos una consulta minera, pues lo que buscamos es que sea el mismo pueblo el que decida, a través de una votación, el uso de su suelo, para que mañana nadie llegue y eche atrás todo”.
“La consulta popular minera le da garantía a la decisión del pueblo”, señaló el mandatario, y recordó que este año, durante el trámite de la consulta en el Concejo Municipal, “hubo amenazas de investigaciones de parte de la Procuraduría General y hasta matoneo del Ministerio de Minas, pero eso no nos asustó y seguimos adelante”.
Finalmente, narró que “queremos que la decisión la tome el pueblo, pero no lo quieren dejar votar, pues existen marcadas intenciones de frenar este proceso democrático”.
IBAGUÉ
