Este viernes 27 y sábado 28 de enero se lanzará en Popayán, oficialmente, la Coccam, que es la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. Se espera la participación de 7.000 campesinos.
Según comentó César Jerez, líder nacional de Anzorc (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina) y quien hará parte de la mesa directiva de Coccam, el nuevo organismo, que se constituyó el pasado 18 de enero en Bogotá, es el resultado de aglutinar a todas esas estructuras de campesinos que viven de los cultivos declarados ilícitos.
En entrevista con EL TIEMPO, Jerez también aseguró que es necesario que, tras los acuerdos logrados en La Habana, Gobierno, Farc y cultivadores identifiquen el problema, formulen soluciones y ejecuten un Plan Nacional de Sustitución y programas integrales y de desarrollo alternativo. Insistió en que deben hacerlo las tres partes juntas, pues en lo pactado en Cuba está claro el tema de participación.
¿Cuál es el objetivo de ustedes?
Queremos ser un actor protagónico y fundamental en la implementación de los acuerdos y sobre todo en el tema de sustitución. Eso es lo que queremos contribuir.
¿Por qué ser protagonistas?
Hasta ahora, lo que ha primado frente al problema de los cultivos son las medidas de fuerza, como las fumigaciones o la erradicación manual, y se han gastado por lo menos 20.000 millones de dólares en los últimos años sin solucionar nada. Para nosotros ha sido un fracaso porque no nos han brindado alternativas. Los cultivos declarados ilícitos hacen parte de la economía campesina y hay que sustituirla de manera estructural.
Necesitamos cambiar el ingreso que se deriva de esas plantas con otro ingreso, pero con garantías de mercado, asistencia técnica, créditos, una nueva institucionalidad, inversión social y políticas públicas.
¿Qué proponen?
El acuerdo ya tiene las líneas generales de una ruta y nosotros queremos sustituir con base en eso, mas no en interpretaciones unilaterales. El Gobierno dice que se erradica como punto de partida y eso no está consignado: sin garantías es difícil que acepten los campesinos.
El acuerdo habla de un Plan Nacional y de programas integrales de sustitución y desarrollo alternativo en los municipios, que se formulan de manera participativa con la gente. Y esa es la garantía que necesitamos para empezar con la sustitución.
Ustedes también defienden los usos culturales de esos cultivos, ¿por qué?
Hay que romper estereotipos, defendiendo los usos ancestrales, rituales y culturales de esas plantas en algunas comunidades, sobre todo indígenas. La hoja de coca no es droga y no mata, como lo decía el expresidente Álvaro Uribe en su total ignorancia y queriendo criminalizar a campesinos, indígenas y afrodescendientes. La coca tiene unos 80 usos alternativos y, por ejemplo, para los colombianos, sería como un patrimonio cultural. En otros países la defienden.
¿Quiénes harán parte de Coccam?
Por ahora hay comités departamentales de 15 departamentos. No tenemos medido el número de comités municipales, pero en nuestra primera asamblea, que se llevará a cabo estos días en Popayán, se hará un diagnóstico y sabremos cuántos comités municipales y veredales tenemos. Lo que sí puedo asegurar es que Coccam aglutina a la mayoría de campesinos, indígenas y afros que viven de este tipo de cultivos, que para el Gobierno son 70.000 familias, aunque nosotros estimamos que, por lo menos, son 250.000 las que dependen directa e indirectamente de los cultivos declarados ilícitos.
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Por sus labores, muchos dicen que ustedes son narcotraficantes o guerrilleros…
Cualquier lectura del campesino como narcotraficante por los cultivos que tiene es un ataque. Criminalizarnos con la Ley 30 y el actual Código Penal solo ha servido para llevar a 3.000 campesinos a la cárcel. Se está sufriendo una persecución con base en ese enfoque. Y con la guerrilla solo hemos estado en foros de participación buscando soluciones. Somos campesinos, no guerrilleros ni narcotraficantes.
CAMILO HERNÁNDEZ M.
Redactor EL TIEMPO
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