Ni en medio de una pandemia se detienen los procesos de revocatoria de varios alcaldes en el país.
En Bogotá, Medellín, Cartagena y Cúcuta, movimientos ciudadanos, algunos cercanos a partidos políticos opositores, adelantan campañas para recoger firmas y así convocar una jornada en la que se decida si se revocan o no los mandatos de Claudia López, Daniel Quintero, William Dau y Jairo Yáñez.
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Estos movimientos justifican su intención, entre otras razones, en que los alcaldes han incumplido varios temas en su primer año, que ha sido atípico por la inesperada pandemia.
Expertos hablan de que podría haber una especie de revancha política, pues, a excepción de Claudia López, el común denominador es que estos alcaldes fueron elegidos por movimientos independientes.
El docente de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado Carlos Arias advierte que muchos de los intentos de revocatoria corresponden más a mecanismos de populismo electoral contra los gobiernos de turno.
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Cuando se plantea una revocatoria tiene que ser con base en el incumplimiento del plan de gobierno, no en la crítica a fenómenos de coyuntura
“Cuando se plantea una revocatoria tiene que ser con base en el incumplimiento del plan de gobierno, no en la crítica a fenómenos de coyuntura. Por ejemplo, que Claudia López se haya ido de Bogotá sin conocer los subregistros de las UCI, pues es algo negativo, pero nada tiene que ver con un incumplimiento”, señala Arias.
Otro caso similar es el de Quintero y su proceso con la polémica de Hidroituango, pues con la renuncia de la junta directiva de EPM y la conformación de una nueva, se desató una tormenta política en Antioquia por el rompimiento de la relación entre la administración pública y el Grupo Empresarial Antioqueño, que había sostenido administraciones anteriores.
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En el caso de Bogotá (donde, por ahora, se conocen peticiones dirigidas a la Registraduría), dice Arias, la alcaldesa ha tenido desaciertos, pero sigue contando con un alto apoyo.

En una ciudad como Medellín, la realización de una jornada de votación por la revocatoria le costaría a la Registraduría unos 1.500 millones de pesos
Archivo El Tiempo
Las cifras demuestran que es difícil que este mecanismo prospere. Desde 1996 se han solicitado 109 revocatorias.
De ese total, cinco han ido a las urnas y solo una ha prosperado, y fue en Tasco, Boyacá, donde Nelson García Castellanos fue revocado en 2018.
Para empezar, las revocatorias parten de una iniciativa ciudadana que debe recolectar, mediante firmas, al 30 por ciento del total con el que el candidato obtuvo su victoria.
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Es decir, si se va a iniciar en Medellín, donde Quintero obtuvo 303.420 votos, se necesitan 91.000 firmas. En Cartagena, Dau obtuvo 88.568 (27.000 firmas); López obtuvo más de 1’100.000 votos (300.000 firmas) y Jairo Yáñez obtuvo 109.866 votos (32.000).
Una vez los ciudadanos recolectan las firmas, se inicia el proceso legal ante la Registraduría para confirmar que hubo incumplimiento del plan de gobierno. Aquí las dos partes presentan sus pruebas. Muchos intentos de revocatoria se caen por falta de estas.
De cumplir los trámites anteriores se hará una votación en la que los ciudadanos deberán elegir solamente sí o no y en la que se necesita una participación mínima del 40 por ciento de las personas que votaron el día que el candidato ganó.

Los expertos señalan que las revocatorias son herramientas democráticas importantes para el derecho ciudadano, pero que representan costos elevados, y más en medio de la coyuntura actual.
Archivo/EL TIEMPO-Juan Pablo Rueda
Es decir, durante las elecciones en 2019, en Bogotá hubo 3’219.343 votos, de esa forma, en una revocatoria debería haber, mínimo, 1’287.737 votos.
Arias sostiene que son diversas las estrategias que han sido utilizadas para detener el proceso de recolección de firmas o hasta las mismas votaciones. Hay casos de contratos o dádivas a líderes comunales y el uso de las redes sociales para desprestigiar la revocatoria.
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Por la falta de efectividad, muchos expertos cuestionan el dinero que se invierte aquí.
En una ciudad como Medellín, la realización de una jornada de votación por la revocatoria le costaría a la Registraduría unos 1.500 millones de pesos. En el caso de Cartagena, el costo sería de 700 millones, aproximadamente.
Estas cifras serían solo para los procesos de revocatoria. Teniendo en cuenta que después habría que realizar otra jornada para elegir a un sucesor, se podría decir que son herramientas democráticas importantes para el derecho ciudadano, pero que representan costos elevados, y más en medio de la coyuntura actual.
El movimiento que busca revocar al alcalde Daniel Quintero Calle ya se encuentra inscrito y conformado por cuatro movimientos: Medellín Cuenta Conmigo, Más Medellín, Primero Antioquia y la Alianza Reconstrucción Colombia. Expertos señalan que dichos movimientos no tienen un panorama claro para llevar a cabo el proceso.
(En contexto: Movimiento para revocar a Quintero se inscribió en la Registraduría).

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín. Para iniciar su revocatoria se necesitarían alrededor de 91.000 firmas
Jaiver Nieto. EL TIEMPO
Quintero ha gozado de una aceptación favorable pese a las discordias. Además, una defensa sólida atinaría a utilizar la pandemia como la coyuntura que ha frenado su plan de gobierno.
Analistas exponen que hay un claro choque entre los políticos tradicionales y el actual mandatario de la capital antioqueña, pues el hecho de que Quintero se haya vendido como una opción alternativa a lo establecido ha generado una tormenta perfecta para que otros grupos políticos busquen la forma de revocar su mandato.
Hace poco, el Centro Democrático hizo una carta diciendo que no está detrás de estos movimientos que buscan la revocatoria de Quintero Calle.
El movimiento ciudadano Cartagena Corrige inició el 2021 con el objetivo de revocar el mandato del alcalde William Dau.
(Puede leer: Exalcalde de Cartagena lidera revocatoria de mandato a William Dau).

William Dau Chamat, alcalde distrital de Cartagena. Para que se inicie su revocatoria se necesitan 27.000 firmas.
Mauricio Moreno / EL TIEMPO
Los principales líderes del movimiento aseguran que “el alcalde Dau debe ser separado de su cargo por incumplir su programa de gobierno, irrespetar a los ciudadanos y sobre todo no brindar soluciones al pueblo cartagenero en problemas de suma importancia como salud, pobreza, corrupción y educación”.
Temas como la compra de pruebas rápidas con elevados costos durante la pandemia o la contratación irregular de la ex primera dama Cynthia Pérez son algunos de los reclamos.
En el caso de Dau, Carlos Arias sostiene que es el único escenario de los registrados en el país en el que se podría demostrar que hay un incumplimiento en el plan de gobierno.
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El movimiento ciudadano Cartagena Corrige ya recibió los formatos de inscripción, y el próximo 12 de enero firmarán, ante la Registraduría, la solicitud de revocatoria.
En Cúcuta, expertos analizan que el intento de revocatoria contra Jairo Yáñez se debe más a una revancha política, pues el alcalde llegó a la alcaldía gracias a un movimiento independiente a través de firmas.

Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta. Para que se inicie su proceso de revocatoria se necesitarían 32.000 firmas.
Tomada del Facebook de Jairo Yáñez
El movimiento que busca la revocatoria de Yáñez, bajo el nombre De que se va, se va, póngale la firma, asegura que incumplió metas en su plan de gobierno.
Además, las renuncias de al menos 10 secretarios de despacho durante su primer año de mandato han generado desconfianza en la ciudadanía y una lluvia de críticas. No obstante, los analistas señalan que detrás de estos procesos de revocatorias hay aliados políticos de Ramiro Suárez, uno de los caciques políticos de la capital nortesantandereana.
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Cúcuta se encuentra en la actualidad en un déficit de obras de infraestructura, principalmente por la pandemia, que ha impedido la realización de estas, además de la migración, un punto que varios mandatarios no han podido controlar.
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA
Redactor de EL TIEMPO
En Twitter: @Leugim40
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