El Tribunal Administrativo de Caldas, nuevo protagonista en el debate por el recién aprobado Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales, tendrá ya en sus oficinas todos los elementos necesarios para decidir si evalúa la validez del acuerdo municipal que le dio vida a este.
El pasado jueves, la Alcaldía dejó lista su respuesta a las críticas de dos ciudadanos que llevaron a que la Secretaría Jurídica del departamento pusiera el acto administrativo a consideración del ente judicial. La secretaria de Planeación de la ciudad, María del Pilar Pérez, dijo que “hay pruebas de que todo se hizo en el marco de la legalidad”.
Los reclamantes son el periodista Jorge Enrique ‘Tite’ Pava y el líder comunitario José Fernando Muñoz. Ellos presentaron derechos de petición a la Gobernación con argumentos de forma y de fondo contra el nuevo plan, que hoy está “vigente y en plena implementación”, como señaló Pérez.
El secretario jurídico de Caldas, Alejandro Franco, dijo que su despacho “encontró que hay asidero para solicitar un pronunciamiento judicial”, algo que niegan tanto en la administración municipal como en el Concejo.
No hay evidencia de que, para la revisión del POT, se haya agotado la etapa (…) de seguimiento y evaluación a través del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial
El funcionario departamental, sin embargo, coincide con los peticionarios en que “no hay evidencia de que, para la revisión del POT, se haya agotado la etapa (…) de seguimiento y evaluación a través del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (CCOT)”. Aclaró que este es distinto al Consejo Territorial de Planeación.
La secretaria municipal aseguró, en cambio, que este órgano existe desde 2012 y que fue citado en 2014 con ese propósito. “El plan que estaba vigente se venció. Entonces, debía ser revisado a largo plazo. Lo que hizo el CCOT fue dar recomendaciones para ese proceso”, explicó. Para probarlo, aportará el decreto de conformación y el acta de la reunión.
Pérez agregó que la función de seguimiento del Consejo Consultivo era sobre el ordenamiento antiguo y que el nuevo proyecto “no tenía que ir” a esa instancia.
Las otras críticas tienen que ver con la eliminación de la escombrera de La Nubia y algunas zonas de expansión que existían en el viejo POT. La razón es que afectarían derechos adquiridos allí por privados. En el suelo de La Aurora, por ejemplo, hay un proyecto de vivienda con licencias que ya está en marcha.
Reacción tardía del Comité Intergremial via @lapatriacom móvil https://t.co/kBiMiMWkkL @AngelaZuluagaT @oiganaeste
— Jorge Enrique Pava (@titepava) 8 de septiembre de 2017
Pava incluso advirtió, en una columna publicada por el diario 'La Patria', supuestos “procedimientos corruptos” en la aprobación del acuerdo en el Concejo.
Su presidente, Víctor Cortés, respondió airado que se trata de “acciones bajas y ruines que no se compadecen con el trabajo de los corporados en los tres meses de discusión del POT” e incluso insinuó que el periodista tendría “intereses personales” o que estaba “haciendo un mandado”.
Una de las irregularidades denunciadas sería la aparición, en segundo debate, de un área de expansión hundida en el primero. Esto nunca sucedió. Planeación de Manizales entregará las publicaciones de gacetas del Concejo y los videos de las sesiones que desvirtúan la acusación y que están disponibles en la web y el canal en YouTube del Concejo.
Con esta información, el Tribunal deberá definir si revisa o no la validez del acuerdo. De hacerlo, tendrá tres meses para tomar la decisión. Si, al final, lo declara inválido, volvería a quedar vigente el viejo POT, que fue actualizado por última vez en 2007.
MANIZALES