La crisis del carbón golpea a los pueblos del Cesar

Marcos Espitia recorre con desdén los pasillos del hotel Ibirico y observa con tristeza que 19 de las 20 habitaciones están vacías.

El panorama es desolador en La Jagua de Ibirico, pues hace un mes se confirmó la crisis que comenzó hace un año con la pandemia. Prodeco, la empresa carbonífera filial de la Suiza Glencore en Colombia, anunció que devolvería sus títulos mineros que tenía en esta zona del Cesar ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La empresa explicó que su salida se dio porque no dan las cuentas desde el punto de vista financiero para desarrollar la operación, debido a la baja cotización del mineral en el mundo.

“La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante. Durante los últimos 30 años de actividad minera en el país, el grupo ha invertido más de 3 billones de dólares y pagado alrededor una cifra similar en regalías e impuestos”, explicó la empresa en un comunicado.

“Teníamos el hotel hace treinta años –se lamenta Marcos–. Alquilábamos habitaciones a los trabajadores de Prodeco. Al mes el negocio generaba un promedio de ingresos de 6 millones de pesos, ahora escasamente tenemos un huésped que nos representa 300.000 pesos. Estamos a punto de cierre”.

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El cese de la actividad minera se evidencia significativamente en La Jagua de Ibiríco, ya que el 80 por ciento de su dinámica económica se deriva directa e indirectamente de las explotaciones de carbón.

“Al final, en la empresa no quedará nadie. Serán 5.000 empleos que se van a perder, entre directos e indirectos, en las dos minas de La Jagua y Calenturitas”, aseguró Alfredo Coronado, asesor de minas de la Gobernación del Cesar.

Coronado agrega que el impacto es alto, pues el salario promedio era de 3 millones de pesos, así que “estaríamos hablando de 15.000 millones mensuales, lo que al año serían 180.000 millones, el dinero que circulaba en la zona”.

Y también se afectarán los ingresos del municipio. “Dejaremos de percibir alrededor de 20.000 millones de pesos en regalías, así también de la cantidad de recursos que dejan de circular porque la mayoría dependen de estos recursos”, recalcó el Ovelio Jiménez, alcalde de La Jagua.

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Ya el pueblo es otro. Los establecimientos comerciales disminuyeron notablemente sus ingresos, algunos no aguantaron el embate y se vieron obligados a cerrar, mientras que otros funcionan a la mitad. Las personas dedicadas al servicio de lavandería y de alimentación han dejado estos oficios y aumentó la informalidad en la zona, como el mototaxismo y ventas callejeras.

Jaime Luis Ochoa, uno de los empresarios de la zona minera, afirma que el cierre de Prodeco afectó su campo de acción por el no pago a los créditos bancarios, a los cuales accedió para la consolidación de los procesos de su negocio, la compra de maquinaria e insumos con los que venía brindando servicios a la compañía.

“La empresa minera nos dejó a la deriva. Prestaba servicios de entrenamiento de operación, de equipos pesados y seguridad industrial. La creamos en el 2008 y desde el 2017 prestaba servicios a esa compañía y tuvimos que cerrar el 24 de marzo del año pasado. Tengo los establecimientos y cuentas personales embargadas y hoy estamos en la quiebra. El Fondo Nacional de Garantías nos está cobrando el respaldo que ofreció para estos créditos. El Gobierno Nacional no ha dicho nada hasta ahora”, recalcó Ochoa. 

La explotación carbonífera es una de las actividades preponderantes del Cesar, que impacta no solo a La Jagua de Ibirico sino también la dinámica comercial de los otros municipios del llamado corredor minero: Agustín Codazzi, Becerril, El Paso y Chiriguaná.

Al año se explotan en la región 46 millones de toneladas, a través de las cuales se perciben recursos cercanos a los 225.000 millones de pesos, producto de las regalías directas.

Y con la salida de Prodeco, el Cesar dejaría de percibir cerca del 30 por ciento de las regalías anuales que ha venido generando la actividad minera, la cual está fluctuando entre 40.000 y 60.000 millones de pesos.

“La compañía contribuía en el gran total que tiene el departamento en promedio de 15 y 18 millones de toneladas que estaba produciendo últimamente”, indicó Manuel Mejía Pallares, secretario de minas del Cesar.

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Un coletazo para los habitantes del corredor minero, dirigentes políticos y gremios del departamento que, al parecer, no los tomó por sorpresa, ya que la compañía venía haciendo despidos desde el 2020.

“Desde la pandemia se suspendieron todas esas operaciones en estas zonas”, precisó Jesús Chacón, miembro del sindicato de trabajadores.

“La empresa tenía cerca de 2.600 trabajadores, de los cuales 300 fueron despedidos y 1.200 se acogieron a los planes de retiro voluntario que viene ofreciendo la compañía. En estos momentos tiene 950 trabajadores”, explicó Robertson Salazar, secretario general de Sintramienergética, de La Jagua.

Frente a este panorama, la Agencia Nacional de Minería (ANM) tiene plazo hasta mañana para pronunciarse frente a la renuncia de los títulos por parte del Grupo Prodeco, valorando las obligaciones ambientales, económicas y sociales que tiene la empresa en el territorio.

“Es decir, se deben revisar todas estas obligaciones contraídas por la compañía, acorde a la licencia del contrato, sanear la responsabilidad minera, la compensación con el departamento y los municipios”, dijo Mejía Pallares. 

Expertos tienen versiones encontradas sobre el futuro de la industria del carbón en Colombia.

La caída del precio, la pandemia y la descarbonización en el 2020 agudizaron la crisis de este sector.

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A la noticia de Prodeco se sumó que el año pasado El Cerrejón cerró sus exportaciones con 13,6 millones de toneladas (el más bajo en los últimos 18 años, lo que representa una caída del 50 por ciento respecto a las exportaciones de 2019). La que no tuvo tan malos resultados fue la Drummond, que registró un decrecimiento del 10,3 por ciento en la extracción y del 4,4 en sus ventas al exterior.

Pese a esto, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), sostiene que la industria no ha llegado a su fin en nuestro país.

“Colombia tiene una gran oportunidad para llegar a nuevos mercados. La demanda del mineral ha cambiado su destino y lo seguirá haciendo, concentrándose en Asia”, señala Nariño, quien agrega que el país tiene 70 años de reservas que aún están pendientes para extraer y seguir generando empleo, impuestos y regalías.

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Sin embargo, Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, asegura que el carbón vive su cuarto de hora final, lo cual -señala- debería darle al Gobierno Nacional y a los que se dedican a este campo un aliciente para devolver a las regiones carboníferas lo que históricamente se les ha negado.

“Hay una tendencia en el mundo de avanzar a energías mucho más limpias, por lo que el carbón no está en esos planes. Es necesario que esa malversación histórica de los recursos de regalías se les regrese con proyectos sociales e inversiones reales para esas zonas que viven de estos recursos, porque en el momento de salir van a quedar a la deriva”, expresa Vera.

Sobre el panorama del carbón en el país, Vera sostiene que en la medida en que Estados Unidos avance en su implementación de explotar yacimientos no convencionales, Colombia podrá avanzar en el uso del carbón de forma responsable para aprovechar la recta final de este material. 

LUDYS OVALLE JÁCOME Y MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO
EL TIEMPO
En Twitter: @ColombiaET 

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