"No podemos seguir en el desfinanciamiento porque entonces los problemas se vuelven insostenibles. Y no se trata de volvernos universidades privadas, estamos privatizando la universidad pública por cuenta de proyectos y de programas que estamos cobrando; eso no tiene sentido”.
La afirmación es del director del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Univesidad Tecnológica de Pereira (UTP), Luis Fernando Gaviria Trujillo, al referirse a la compleja situación financiera de los centros de educación superior públicos del país.
Esta problemática nacional es especialmente sensible en el Eje Cafetero, ya que alberga cuatro universidades públicas: la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Caldas, en Manizales; la Universidad Tecnológica, en Pereira (UTP); y la Universidad del Quindío.
Gaviria reclamó del Gobierno Nacional que en vista de que le ha quitado fuentes de financiación a las universidades, cumpla con el medio punto del IVA que se aprobó en la reforma tributaria. “De los 400 mil millones de pesos que salen del IVA, solo nos van a dar 160 mil millones”, afirmó el rector.
Además, recalcó que el Gobierno no puede seguir sacándole plata al SUE para financiar Ser Pilo Paga (SPP). Y es que, de los recursos del Impuesto sobre la renta para la equidad (Cree), que le corresponden a las universidades para hacer inversiones, el 77 por ciento se va para el mencionado programa.
Todos los años hay que salir a buscar la plata para poderse sostener y cada vez es más la plata que nosotros ponemos, que la que pone la Nación
En el caso específico de la UTP, Gaviria señaló que, como no tiene otra fuente de financiación esencial que la Ley 30 de 1992, “hemos tenido que salir a la calle a hacer consultoría, a prestar servicios de tipo administrativo, a dictar cursos pagos y todos los programas de posgrado los cobramos”.
Gaviria subrayó que el 50 por ciento de los recursos de la UTP dependen de gestión propia. “Todos los años hay que salir a buscar la plata para poderse sostener y cada vez es más la plata que nosotros ponemos, que la que pone la Nación”, afirmó.
A lo anterior se suma, según Gaviria, que las universidades asumen cada año cuatro puntos por encima del IPC. Tres puntos del Decreto 1279 (pago de incentivos a los docentes por productividad académica y cualificación docente) y un punto que se negoció con organizaciones sindicales.
Para Gaviria, todo lo anterior se refleja en que las universidades no tengan recursos suficientes para pagar docentes de planta, de tiempo completo o de medio tiempo y tenga más profesores por hora, lo cual va en detrimento de la calidad de la educación.
El déficit financiero dificulta las inversiones de las universidades públicas, como la de Caldas, en proyectos de investigación y extensión.
Jonh Jairo Bonilla
La situación es similar en la Universidad de Caldas, que empezó 2017 con un déficit de 14.000 millones y los ha ido consiguiendo de a pocos. A 72 días de terminar el año, todavía le faltan 4.000 millones.
Según su rector, Felipe César Londoño, “ya hay alternativas” para completar la cifra. Esto evitaría la entrada en una eventual cesación de pagos. Pero agrega que las dificultades económicas se acentúan más cada año.
Las transferencias son las que le permiten a la universidad superar las dificultades: un poco por la estampilla universitaria del Eje Cafetero, otro tanto por los programas especiales de las facultades. Londoño hace especial énfasis en el esfuerzo de esta últimas.
“Pero sí estamos haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que esa brecha se pueda cubrir de manera adecuada, porque nos está llevando a no hacer inversiones importantes en investigación, infraestructura, etcétera”, explica.
Si el Gobierno quiere establecer Ser Pilo Paga como política de Estado, está bien como estímulo a la demanda, pero que no se afecte con ello la oferta
La institución se suma al reclamo del SUE y otros directivos como el de la Nacional, Ignacio Mantilla, frente a la destinación de recursos para el programa SPP. “Si el Gobierno quiere establecerlo como política de Estado, está bien como estímulo a la demanda, pero que no se afecte con ello la oferta”, señala.
Los rectores reclaman que los recursos para esa iniciativa se le han recortado a las universidades públicas y terminan en las privadas, porque allí estudia la mayoría de los beneficiados. “El problema que tenemos nosotros para recibirlos es que tenemos procesos de admisión que vuelven muy lento el ingreso a los programas. Tendríamos que hacer cambios”, reconoce Londoño.
Igual, pide que el Ministerio de Educación valore la propuesta del SUE para que la mitad de los ‘pilos’ vayan a instituciones públicas. Pero el Gobierno no le ha expresado respaldo.
En todo caso, eso solo es parte del problema, porque la compensación que la institución recibe por esos estudiantes es también insuficiente. En la de Caldas, hay 270 beneficiarios del programa. Por ellos, la Nación le da 675 millones de pesos, menos de la mitad de los 1.519 millones que cuesta su educación.
EJE CAFETERO
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