Por vulnerar la autonomía que goza cada administración municipal al definir el uso de sus suelos, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin efectos la tutela fallada por el alto tribunal, en abril de este año, que impedía el cierre de un prostíbulo ubicado en el centro histórico del municipio de Chinácota (Norte de Santander), por considerar la medida como trasgresora de los derechos de sus trabajadoras sexuales.
Inicialmente, este recurso legal fue instaurado por Nelcy Delgado Ramírez, a quien la Alcaldía le ordenaba clausurar su establecimiento comercial, llamado Barlovento, porque violaba los lineamientos estipulados en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) al ejercer la prostitución con mujeres colombianas y venezolanas en una zona residencial, rodeada de iglesias y de establecimientos educativos.
Me alegro haber logrado defender la autonomía de los municipios, ya que esta disposición judicial le quitaba a los alcaldes ordenar sus territorios de acuerdo al uso de sus suelos
Al admitir esta tutela, la Corte Constitucional ordenó la restitución de los derechos de las 15 prostitutas, que trabajan en esta taberna, e instó al Ministerio Público a que trabajara en la implementación de una serie de medidas especiales para proteger la integridad de aquellas mujeres del vecino país, que se dedican a esta actividad en el territorio nacional.
Sin embargo, en la noche del miércoles, la Sala Plena de esta instancia judicial dejó sin efecto a esta sentencia, al admitir una acción de nulidad, instaurada por la alcaldesa de Chinácota, Nubia Rosa Romero, en la cual se consideraba que el sentido del fallo no correspondía al cierre de esta casa de citas por no ajustarse al POT de esta población, ubicada a 43 kilómetros de Cúcuta.
“Me alegro haber logrado defender la autonomía de los municipios, ya que esta disposición judicial le quitaba a los alcaldes la facultad de ordenar sus territorios de acuerdo al uso de sus suelos”, indicó la mandataria.
De acuerdo con algunos gremios de Chinácota, el fallo a favor de estas prostitutas afectaba la dinámica turística en su municipio.
Archivo EL TIEMPO
Aunque el contenido de esta nueva disposición no ha sido notificado ante las autoridades locales, algunas entidades como la Defensoría del Pueblo, que se encargaban de hacerle seguimiento a este caso, esperan conocer en las próximas horas las implicaciones de la nueva decisión judicial.
La determinación de la Corte Constitucional de proteger los servicios sexuales de estas 15 mujeres, empleadas de la taberna Barlovento, desató en su momento una ola de indignación en esta población nortesantandereana, porque algunos empresarios consideraban que este estímulo al ejercicio de la prostitución podría perjudicar el potencial turístico del municipio.
CÚCUTA
