Un convenio firmado con la Corporación Red País Rural por parte de la Gobernación del Meta, en tiempos de Alan Jara, tiene a ocho exfuncionarios en problemas con la justicia, entre ellos cuatro miembros del gabinete del hoy director de la Unidad para las Víctimas.
Los ocho exfuncionarios hacen parte de un grupo de nueve personas investigadas por la Fiscalía Seccional de la Unidad de delitos contra la Administración Pública por presuntas irregularidades en un convenio avaluado en 5.411 millones de pesos, del año 2013.
El objetivo era fortalecer el montaje de procesos agroindustriales en el Meta para los sistemas productivos de cacao, frutales, café, lácteos, caña panelera y banco de maquinaria.
El convenio, que debía ser ejecutado en 24 meses, no se cumplió, pero los responsables hicieron un desembolso inicial de 405 millones de pesos.
La Fiscalía los investiga por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.
Los cuatro miembros del gabinete de Jara investigados son Hernando Martínez Aguilera, exsecretario de Planeación y hoy secretario de Víctimas del gobierno de Marcela Amaya; Carlos Humberto Osorio Monroy, exsecretario privado; Daniel Santiago Salazar Uribe, exsecretario de Desarrollo Agroeconómico, y Luz Estela Casasfranco Vanegas, exsecretaria Jurídica del Meta, actual asesora de la Unidad para las Víctimas.
Los cuatro exfuncionarios restantes del Gobierno seccional son Vladimir Sierra Martínez, exjefe de la Oficina de Asuntos Contractuales y actual secretario Jurídico de la Gobernación del Meta; Francy Nayibe Umaña Ruiz, exgerente de tesorería de la Gobernación; John Fredy Chávez Cagua, supervisor del convenio y gerente de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agroeconómico, y Carlos Emilio Romero Gómez, exasesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
El noveno es Fredy Vargas Ramírez, contratista y representante legal de la Corporación Red País Rural.
Las nueve personas procesadas estaban citadas a una audiencia púbica el pasado lunes ante un juez de control de garantías de Villavicencio, pero no todos atendieron el llamado de la justicia. Solo asistieron seis, pero dos lo hicieron sin abogado.
Sin embargo, en razón a que no se pudo realizar la audiencia, la Fiscalía les advirtió que si no asistían a la próxima con abogado los declararía en contumacia, es decir, en rebelión contra la justicia, y en ausencia les imputará los cargos.
La audiencia será el 27 de febrero a las 9 de la mañana, ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante Municipal con función de control de garantías.
En la audiencia la Fiscalía les iba a imputar cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Además, según estableció Llano Sie7edías, la Fiscalía iba a solicitar medida de aseguramiento contra los procesados.
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS
