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Así estarían desfalcando a los pueblos más pobres sus propios alcaldes

El caso ocurrió en la costa Pacífica nariñense, en El Charco

El caso ocurrió en la costa Pacífica nariñense, en El Charco

Foto:Archivo ET

Interceptaciones a mandatarios de El Charco, Mosquera y La Tola habrían revelado red de corrupción.

Cristian Ávila Jiménez
El pacífico nariñense otra vez tiene rostro de tragedia. A la pobreza y el confinamiento en algunos sectores por el accionar de los violentos se les suma una nueva plaga: la corrupción. Más de 1.000 interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía serían parte de las pruebas contra tres alcaldes de esta región, una de las más pobres del país.

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En este apartado rincón de Colombia las difíciles condiciones de vida son más que notorias. Según el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del Dane, en El Charco, el 86 % de la población no puede suplir muchas de las condiciones para vivir dignamente, mientras que en La Tola y Mosquera, el 99 y 97 % de los habitantes, respectivamente, pasan por esas mismas condiciones.
Lo paradójico es que los alcaldes Milton Cuero, de El Charco; Johan Velásquez, de Mosquera; y Federman Riascos, de La Tola, fueron capturados por la Fiscalía hace 10 días tras hallarles evidencia en un entramado de corrupción en el cual estarían vinculados dineros para el posconflicto y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, con el que el Gobierno Nacional planea priorizar algunas de las zonas más vulnerables por el conflicto armado, la pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.
Entre las conversaciones que involucran a los alcaldes y obtuvo EL TIEMPO aparecen dos hombres quienes estarían detrás de los contratos. Se trata de José Ramón Correa Martínez, presunto cerebro del esquema de corrupción, y Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, supuesto financiador, a quienes se les escucha decir: “uno quiere ver a sus amigos en el queso”, cuando hacen referencia a unas transacciones para beneficiar a terceros que serían aliados en un posible contrato en estas poblaciones.
Los señalados se encargarían, según las investigaciones, de planear contratos de intervenciones y presentarlos a las alcaldías por debajo de la mesa, para que luego saliera una licitación millonaria con la cual sus aliados se quedarían con el beneplácito de las alcaldías.
En uno de los audios, Alexander Quintero, ingeniero contratista de la Alcaldía de El Charco, le pide a Johan Vásquez, alcalde de Mosquera, cuentas a cerca de los contratos que le serán entregados.

Ingeniero, vienen muchas cositas buenas, usted es mi amigo

“Qué hay para mí, Alcalde, alguna interventoría en Mosquera”, dice Quintero. Respecto a esto, Moreno le contesta: “Ingeniero, vienen muchas cositas buenas, usted es mi amigo”.
Según la Fiscalía, las investigaciones advirtieron que, desde 2017, la supuesta red de corrupción, por lo cual se capturaron a nueve personas y se les señala de los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, habría gestionado de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado.
Fabio Espitia, Fiscal General de la Nación (e), manifestó que los elementos probatorios dan cuenta que, después de la adjudicación de los convenios, la organización criminal retribuía a los funcionarios y alcaldes con un porcentaje del valor total de los contratos recibidos.
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Así lo revelaría otro audio, en el cual Cristóbal Ortiz Barahona, el capturado consejero de paz de La Tola, sostiene una conversación con el alcalde Federman Riascos sobre la planeación de unas vías para el municipio y para favorecer al ingeniero Alexander Quintero, a quien previamente le señalaron en otro elemento interceptado que tenían recursos para el posconflicto por 10.700 millones de pesos que podrían invertir en una carretera.
Ortiz manifiesta durante la conversación que hay que dejarle la auditoría al ingeniero Javier Castro Garcés, otro de los capturados, “porque él es un respaldo para uno” y también se mencionan a José Ramón Correa como el hombre de los contactos.
El alcalde Riascos, en tanto, le dice a Ortiz: “Usted sabe que hay que amarrar eso y no dejarlo suelto, porque si no recibe uno ‘migajas’, toca poner alguien de confianza". Para las autoridades, estas conversaciones mostrarían cómo la supuesta empresa criminal selecciona el interventor de contratos de obra sin mediar procesos de contratación objetivos y transparentes.
Entre las sospechas que se investigan por parte de la Fiscalía también están cómo el alcalde Riascos apoyó a Castro Garcés para que sea él quien formule los proyectos ajustando sus valores para, posteriormente, pagar las dádivas.

La defensa de uno de los implicados

Hace 10 días, el pastor cristiano Milton Cuero, alcalde de El Charco, salió de su casa en Palmira, Valle, a comprar el desayuno a una panadería cuando funcionarios del CTI y el Gaula lo capturaron por su presunta participación en la red de corrupción.
Cuero manifestó que se trata de un montaje de la Fiscalía y que la banda a la cual supuestamente pertenece no existe. Respecto a las pruebas que las autoridades tendrían en su contra, señaló el alcalde, estaría una conversación con el ingeniero Alexander Quintero, en la cual le manifiesta que se debe liquidar una obra que ya se finalizó para no tener dificultades con la Contraloría.
“Yo solo estoy diciendo que liquidemos un contrato en ese audio. Para mí son desgarrantes esas acusaciones, que a uno le digan vándalo, algo que no soy”, señaló Cuero.

Yo solo estoy diciendo que liquidemos un contrato en ese audio. Para mí son desgarradoras esas acusaciones, que a uno le digan vándalo, algo que no soy

Otra de las evidencias que tendría la Fiscalía contra Cuero, indicó el propio mandatario, es una interceptación telefónica en la cual le señaló al mismo Quintero que no se podrá radicar un proyecto de vías porque le informaron que excedía el valor para la confinanciación. "Este proyecto ni siquiera fue estudiado ni mucho menos aprobado, pero para la Fiscalía yo lo había ejecutado", agregó.
“En la audiencia aseguraron que había ejecutado un contrato por 5.500 millones de pesos para vías, pero nunca en la historia he ejecutado dicho contrato. Hice un puente en el barrio el Porvenir, el cual se construyó por completo, pero manifiestan que yo me robé la plata, no había hecho el puente y que había partido el dinero con los socios de la supuesta banda, la cual no existe”, rechazó Cuero.
Aunque Cuero manifestó que ese contrato por 5.500 millones de pesos no existe porque no tiene recursos por este rubro, en El Charco en los últimos dos años sí se han hecho licitaciones que sumadas alcanzan una cifra similar.
En el municipio, que solo hasta hace un año tiene continuidad eléctrica las 24 horas, se han hecho cinco licitaciones para mejorar las condiciones del pueblo. A estos proyectos, los cuales se evidencian en los documentos públicos del Gobierno Nacional, se les invirtieron una cifra cercana a los 5.200 millones de pesos, de los cuales 3.112 millones de pesos están destinados a la construcción de paneles solares para iluminar las veredas; 864 millones para dos puentes peatonales; 300 millones de pesos para una cancha de fútbol; y 945 millones de pesos para la pavimentación de las calles de un barrio.
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Respecto a la culminación de las obras, Cuero dijo que planea entregar los paneles solares para las veredas que siguen sin energía hacia el 20 de diciembre, como se estipula en el contrato. Sobre los puentes, añadió, ya estarían culminados.
Cuero quedó en libertad por decisión del juez, pero sigue en el proceso por sus supuestos vínculos con la red, de la cual insistió que ni siquiera sabe quiénes son Eduardo Ghisays y José Correa, los presunto líderes.
Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión sobre no privarlo de la libertad y espera que revoque la medida para que la sustituya por medida intramuros.
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