Varias objeciones hizo la Asociación de Profesionales del Cambio de Norte de Santander (Asocambios) a la resolución 60 del 2016 expedida por la Dian en agosto de este año, que incluye mayores controles a la actividad cambiaria en la zona de frontera con Venezuela.
Juan Fernando González, presidente de Asocambios, señaló que la normatividad crea una carga operativa y administrativa muy grande para los establecimientos, que en su mayoría son pequeños.
Agregó que esas medidas son un incentivo para la informalidad, un mercado sobre el cual no pesa vigilancia.
“Tanto control termina desembocando en mercados paralelos. La preocupación con estas normas es que esos, que son pequeños, van a cerrar su autorización legal, pero no su operación”, dijo González, quien aseguró que el gremio no fue tenido en cuenta para la construcción de la resolución, pese a que participaron en una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional dentro del plan de apertura de la frontera.
En algunas de las disposiciones se fijó que los 'cajoneros' y 'maneros', como se les conoce a las personas dedicadas al cambio de bolívares de forma ambulante en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, en dos meses deben dejar las calles y desarrollar su actividad en un establecimiento comercial.
De acuerdo con los cálculos de Asocambios, se estima que de los cerca de 300 operadores del cambio legales registrados ante la Dian, 50 corresponden a ese tipo de cambistas.
Uno de ellos es Jorge Rueda, quien lleva 33 años dedicado al cambio de bolívares en inmediaciones del Puente Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con Ureña (Venezuela).
“Esa resolución nos dejó sin trabajo”, señaló el hombre que desde el 2005 cuenta con la autorización de la Dian para ejercer su actividad de esa forma, y quien no tiene como montar su negocio en un local comercial.
Rueda asegura que solo cuenta con un capital en efectivo de un millón de pesos, como consecuencia de la crisis económica que le dejó el año de cierre de la frontera.
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