La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial por 4.521 millones de pesos en la construcción de la sede de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) en Santa Marta, que hoy es un ‘elefante blanco’.
Esta obra fue contratada a través de un convenio entre la Esap y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), el 17 de octubre de 2012 y tenía un plazo de ejecución de seis meses. El contrato, cuyo costo inicial era de 2.830 millones de pesos, fue adjudicado a Oscar Daniel Garzón Forero para construir la primera fase que contemplaba un edificio de aulas de seis pisos, otro de parqueaderos y un tanque subterráneo.
Pese a que al contrato le hicieron cinco prórrogas y le adicionaron recursos que aumentó su costo a 4.140 millones de pesos, al momento de la entrega de la primera fase de la obra, en noviembre de 2014, se evidenciaron elementos estructurales con daños y averías en las placas y deformidades y abultamientos en las vigas. Además que no cumplía con las normas de sismo resistencia.
Estas irregularidades fueron detectadas en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Esap en la vigencia 2015. Al momento de la visita realizada por el equipo de la Contraloría, las obras se encontraban suspendidas, a pesar de que la Esap ya había suscrito un nuevo contrato para la ejecución de la segunda fase por 5.330 millones de pesos, el cual está igualmente suspendido, sin que el contratista haya podido realizar los ajustes de los precios y demás etapas necesarias para su ejecución.
“A pesar de todo lo anterior, Fonade en su condición de gerente del proyecto, sí recibió la obra en tales condiciones de incumplimiento, vulnerando las disposiciones legales que regulan la contratación estatal, afectando el patrimonio de la Esap en más de 4.521 millones de pesos”, dice un comunicado de la Contraloría.
De acuerdo con la Contraloría, los presuntos responsables del daño patrimonial por 4.521 millones de pesos serían el entonces subdirector Administrativo y Financiero de la Esap, Germán Insuasty Mora; y el subgerente Financiero de Fonade, Luis Eduardo Laverde Mazabel. Igualmente, la firma interventora de la obra, DPC Ingenieros S.A.S., y el contratista Oscar Daniel Garzón Forero.
En marzo pasado, estudiantes y representantes de la Veeduría Estudiantil se reunieron con funcionarios de la Esap y Fonade y les dijeron que tras una consultoría se determinó que el edificio era viable y que Fonade ejecutaría unos trabajos de reforzamiento estructural, que iniciarían en junio, para poder continuar con la segunda fase. Sin embargo, las obras siguen paralizadas.
El presidente de la Veeduría Estudiantil de la Esap en Santa Marta, Julio César Buendía, manifestó su complacencia por el pronunciamiento de la Contraloría, luego de las denuncias que han venido haciendo desde 2014 sobre los retrasos e irregularidades en esta obra.
“Vemos esto de manera positiva porque se va a empezar a desenredar todo este lío en el cual nos vimos inmersos los estudiantes y egresados que no podíamos acceder a una educación en unas aulas amplias y cómodas, sino en hacinamiento y condiciones terribles”, expresó Buendía y pidió que la Fiscalía y la Procuraduría también le pongan la lupa a este contrato.
Además, dijo que le preocupa que pese a lo ocurrido en Santa Marta, la Esap haya suscrito el año pasado un nuevo convenio con Fonade por 126.000 millones de pesos para la construcción e interventoría de las sedes en Barranquilla, Medellín, Cali, Armenia y Tunja y la dotación de la segunda etapa del campus de Neiva. "La semana pasada la directora nacional de la Esap, Claudia Franco, nos dijo que echó ese contrato para atrás, pero nosotros sabemos que de fondo hay un tema jurídico", aseguró Buendía.
La Esap demandó a Fonade por 8.400 millones de pesos por la cuantía invertida en esta obra y los gastos en que han incurrido en vigilancia y la contratación de un peritaje.
SANTA MARTA