Llegando a Cartagena desde Barranquilla, uno de los panoramas que recibe a propios o turistas a la altura de La Boquilla es la ciénaga de la Virgen, una laguna costera y rodeada de manglares que ahora sufre los ataques de la deforestación, según la denuncia que presenta la unión interinstitucional Ecobloque.
El significado de este cuerpo de la naturaleza es tan importante que en la zonificación realizada por el Ministerio de Ambiente en 2002 se determinó proteger toda el área, incluyendo los manglares, debido a que funcionan como recubrimiento de la orilla de la ciénaga. La acción fue acogida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
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Así las cosas, y por su ubicación estratégica en bajamar, según lo establecido por la Capitanía del Puerto de Cartagena, la zona fue definida desde entonces como bien de uso público de la Nación, imprescriptible, inembargable e intransferible.
Pese a esto, desde 2005 hasta el año en curso se viene presentando una “invasión” al terreno, que ha provocado la deforestación de 51,4 hectáreas de manglar pobladas de mamíferos, anfibios, reptiles, insectos, pájaros, según denuncia el colectivo Ecobloque, que lideran la Alcaldía, la Corporación Cardique, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), la Capitanía de Puerto, la Policía Nacional, la Guardia Ambiental y la Armada Nacional.
La ciénaga se está convirtiendo en botadero de escombros.
Cortesía
“Es una forma de invasión que se va legitimando en el Consejo Comunitario, pero sigue siendo un suelo de la Nación de acuerdo a la calificación. La zona la invade gente de La Boquilla y otros que son foráneos”, expresa Ecobloque.
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Agregan que se están apropiando del suelo para levantar casas de carácter popular, así como el hecho de hacer negocios con el mismo a través de la venta de estos terrenos que legalmente se han declarado intransferibles.
Aunque la razón no es solo el levantamiento de estas viviendas, sino que también se ha convertido en basurero de volquetas que llegan a arrojar escombro para rellenar un terreno que está protegido. Entre 2018 y 2019, la apropiación irregular del suelo se expandió en el lugar y el panorama es desolador.
Lo que antes era un espacio verde, boscoso y con un cuerpo de agua importante, ahora es una tierra árida, con signos de bosque quemado, árboles mutilados y el agua contaminada por escombros y residuos de todo tipo, dándole una apariencia de basurero a cielo abierto.
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EL TIEMPO tuvo acceso a una carta firmada por el Capitán de Puerto de Cartagena, Jorge Uricoechea, que fue enviada el pasado 8 de junio al alcalde William Dau. En ella se refiere al oficio remitido el 23 de julio del año pasado, a manera de solicitud, para que se restituyan un área de 256.000 metros cuadrados y 257 ocupaciones indebidas en el corregimiento de Tierra Baja.
La misiva, que alude a un periodo en el que aún no gobernaba Dau, hace dicha solicitud “teniendo en cuenta que la mencionada área posee características técnicas de playa marítima, zona de bajamar y aguas marítimas (bienes de uso público de la nación de conformidad al Artículo 166 del Decreto 2324 de 1984)”.
“Reiteramos la toma de acciones por competencia establecidas por ley para lograr la recuperación (restitución) de las áreas”, concluyó Uricoechea.
Además de esta solicitud, en la que se menciona a la comunidad de Tierra Baja, Ecobloque señala al Consejo Comunitario de dicho corregimiento de “legalizar” ocupaciones en los terrenos que son considerados como un bien nacional.
Las construcciones ilegales son otro de los dolores de cabeza en la zona.
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“En el territorio de un consejo comunitario pueden haber bienes de la nación, pero la obligación del consejo comunitario es cuidar ese bien y no cambiar el uso del suelo. En el momento en que tumban un manglar y lo rellenan, es cambiarle el uso del suelo y eso es un delito”, asegura Ecobloque
Este medio intentó obtener declaraciones de Henry Güizamano, representante legal del Consejo Comunitario de Tierra Baja hasta 2018 y 2019, cuando se incrementaron las ocupaciones y rellenos en la zona, pero se abstuvo de hablar, pues señaló que está siendo víctima de “amenazas” por informar a la Policía sobre estos mismos hechos.
EL TIEMPO también conoció de otro predio en el área de Tierra Baja que fue puesto a la venta y comprado por 10 millones de pesos, a pesar de estar “en la zona de bien nacional”, según Ecobloque. Todo el proceso de compraventa fue validado con escrituras en la Notaría Cuarta de Cartagena y certificado “con toda legalidad” por Moisés Zabaleta, actual representante legal del Consejo Comunitario de Tierra Baja.
“No nos oponemos a que se construya, porque no está en contra del reglamento interno que se aprobó en la comunidad de Tierra Baja. Si construye de tres pisos o construye en la ciénaga es otro cuento, pero ella está construyendo aquí mismo en Tierra Baja”, defendió Zabaleta.
Y agregó que, a su parecer, no es ilegal, debido a que no está talando un bosque.
“Dentro de los reglamentos de los consejos comunitarios, nosotros podemos llegar a cierto punto. Como veo que es una construcción en terreno firme, no le veo ningún problema”, indicó, e invitó a hacer una nueva inspección en el área.
Finalmente, Zabaleta agregó que el Consejo Comunitario de Tierra Baja ha certificado entre 200 y 300 inmuebles este año en la zona.
DEIVIS LÓPEZ ORTEGA
Corresponsal de EL TIEMPO@DeJhoLopez