Los tres pueblos donde se quieren rebelar contra la explotación minera

Luego de que se diera la victoria a favor del 'No' en la consulta popular minera que se realizó en Cajamarca (Tolima), en otros puntos se han venido manifestando  comunidades que no quieren que proyectos de explotación se lleven a cabo en sus regiones. 

Pijao (Quindío), El Paujil (Caquetá) y Marmato (Caldas) son los tres municipios en los cuales hoy la ciudadanía reclama para que se lleve a cabo una consulta y sean los pobladores quienes decidan si se realizan, o no, explotaciones mineras en estos territorios.  

En la mitad de los municipios del Quindío se habla de consultas populares, sobre todo en las localidades donde se han otorgado más títulos mineros. Sin embargo, la que ha estado más cerca de concretarse es la de Pijao, una población de más de 6.000 habitantes que en su mayoría rechaza la minería.

Mónica Flórez, exconcejal del municipio y líder de esta iniciativa, tras la consulta popular en Cajamarca, dijo: “Nosotros tenemos que aguantar y trabajar porque el Gobierno y las empresas mineras no se van a quedar quietos, argumentan la inversión extranjera y la legalidad de estos proyectos mineros”.

Flórez, quien asegura que los 23 títulos mineros que hay vigentes en ese municipio amenazan la vocación agrícola, continúa en su lucha por conseguir que se realice la consulta en esta población,  luego de que en octubre del 2016 la Corte Constitucional falló a su favor una tutela contra el Tribunal del Quindío, que declaró como inconstitucional la pregunta que se llevaría a las urnas.

En esa sentencia, la Corte Constitucional advirtió que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería. Aunque en Salento y Córdoba se había hablado de una consulta popular por iniciativa de sus alcaldes, finalmente estos manifestaron que debía convocarse a través de una iniciativa ciudadana.

Aunque muchos aseguran que en un área importante del territorio del Quindío hay títulos mineros vigentes, la Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que de los 42 títulos mineros otorgados en los municipios de Salento, Córdoba y Pijao, un 70 por ciento están en proceso de renuncia por parte de las empresas, todos corresponden a oro y ninguno está actualmente en actividad.

El representante a la Cámara por el departamento, Luciano Grisales, dijo: “El Quindío está concesionado en gran parte de su cordillera para proyectos mineros, pero es allí donde nacen los ríos que abastecen los acueductos y es allí donde se producen los alimentos. Nos podemos ir con consultas populares en cada municipio, pero de fondo hay que ordenar el territorio y que el sistema de áreas protegidas sea más estricto”.

El Ministerio del Interior y la Agencia Nacional Minera están obligados a dar mayores garantías de participación a diferentes sectores de la población de Marmato, Caldas, sobre la actividad minera de la multinacional Gran Colombia Gold en el municipio, tradicionalmente aurífero.

No obstante, hasta el momento no se han dado acercamientos oficiales. Las comunidades indígenas, los afrocolombianos y los mineros tradicionales de la población trabajan en reuniones independientes, con la asesoría de expertos, para preparar sus puntos para la discusión con las autoridades nacionales, según informó un expersonero que ha participado de manera activa en el proceso.

El pasado 28 de febrero, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que obliga a las autoridades locales y nacionales a "agotar un proceso participativo con la población de Marmato, los mineros tradicionales y los demás actores involucrados en la controversia", por los títulos de la multinacional Gran Colombia Gold en Marmato.

Esta empresa llevaba cinco años disputando ante la justicia la explotación de oro en el cerro El Burro con los pobladores que lo han hecho toda su vida. El proceso giró en torno a una resolución de 2010 que ordenaba el cierre y desalojo de La Villonza, una pequeña mina en la parte alta que supuestamente interfería con el título de la compañía.

Entre las exigencias que hace la decisión judicial, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, está que las autoridades deben garantizar un proceso de consulta previa sobre la actividad minera en la zona con las comunidades indígenas y afrocolombianas allí asentadas. En consecuencia, suspendió la cuestionada resolución.

La Corporación Cívica de Caldas, una organización local de veeduría ciudadana, manifestó que la negativa de Cajamarca (Tolima) a la actividad minera en su territorio por medio de una consulta popular debe dejar una lección para el caso de Marmato. Por esta razón, emitió un comunicado en el que "invita" a las autoridades locales "para que brinden un correcto cumplimiento de las obligaciones de participación y acceso a la información que, según la Corte Constitucional, deben ser garantizados a favor de la comunidad del municipio".

En El Paujil, municipio ubicado al occidente del departamento del Caquetá, ya son más de 1.500 las firmas, de las 2.737 necesarias, las recolectadas para la realización de una consulta popular que busca suspender las actividades de exploración petrolera adelantadas por Emerald Energy y Ecopetrol en la región.

De acuerdo con Martín Trujillo, promotor de la iniciativa ‘Por la Dignidad Amazónica, El Paujil lucha por el territorio, el agua y la vida’, en los próximos días esperan completar 4.000 firmas recolectadas, las cuales serían posteriormente revisadas por la Registraduría Nacional, la cual, en un plazo de 20 días ordenaría a las autoridades correspondientes fijar la fecha para la realización de la consulta.

“Aquí en Caquetá estamos muy unidos y no creemos que valga la pena sacrificar los recursos ecológicos de la región para beneficiar una empresa extranjera”, aseguró Trujillo.

El fin de semana pasado, los promotores de la consulta en El Paujil estuvieron en Cajamarca para aprender de la estrategia de campaña utilizada en el municipio tolimense durante la época previa a la consulta popular y posteriormente replicarla en su territorio.

NACIÓN
Con información de los corresponsales*