Entidades como la ONG Ecotierra no ocultaron su preocupación por “el momento crítico” que atraviesan las consultas populares de Ibagué y Cajamarca (Tolima) procesos que recientemente recibieron fallos adversos del Consejo de Estado pues el alto tribunal ordenó modificar las preguntas que se harían a los ciudadanos para decidir la explotación minera en sus suelos.
“Los fallos cayeron como un baldado de agua fría, nadie esperaba eso”, afirmó Luis Carlos Hernández, ingeniero forestal y asesor de la ONG Ecotierra.
Aseguró que el fallo de Ibagué “dejó en cuidados intensivos la consulta minera pues determinó que la pregunta sea cambiada en gran parte”, y en cuanto a la pregunta para la consulta de Cajamarca, que ya había sido fijada por la Alcaldía para el 22 de enero del año próximo, Hernández señaló que “fue sepultada y debe ser modificada en su totalidad”.
“Las preguntas fijadas para las consultas de Ibagué y Cajamarca, son iguales, y el Consejo de Estado argumentó que llevan carga de prueba pues hacían una descripción negativa de la minería con lo que condicionaban el voto ciudadano”, dijo el ambientalista. Y agregó que, “en estos momentos de crisis, lo importante es tomar aire y corregir las fallas”.
Ante la polémica surgida, Ecotierra propuso la siguiente pregunta para las consultas de los dos municipios: "Está usted de acuerdo Si o No, que en su municipio se lleven a cabo actividades y explotaciones mineras metalíferas en todas sus modalidades?".
Hernández dice que lo metalífero incluye minerales básicos como cobre, hierro, níquel y zinc y también tiene en cuenta los minerales preciosos como oro, plata y platino. También incluye tierras raras como el uranio que existe en la formación geológica de Cajamarca.
Explicó que en Ibagué la convocatoria a consulta popular minera fue realizada por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, mientras que en Cajamarca se trató de una iniciativa ciudadana por lo que le propuso al mandatario de la capital del Tolima “dar la oportunidad de conformar un comité ciudadano que se encargue de organizar la recolección de firmas de respaldo al proceso, para que la convocatoria nazca del pueblo”.
“La sensación que existe en la opinión pública, es que la consulta es casi de propiedad del alcalde de Ibagué, y en estos momentos lo novedoso sería que el pueblo recolecte las firmas de apoyo exigidas por la registraduría, para que de esa manera adquiera una mayor legitimidad”, dijo.
En el caso de Cajamarca, cree que el comité promotor de la consulta tiene ahora la obligación de convocar para elaborar la pregunta “que sea fruto de consenso general que incluya a todas las fuerzas vivas y sectores sociales”.
Pese a todo, Hernández considera que los fallos tienen algo positivo, y es que el Consejo de Estado reconoció la constitucionalidad de las dos consultas como mecanismos de participación ciudadana.
“La Corte Constitucional ya había dicho en una sentencia que las consultas populares son constitucionales y legales”, aseguró Luis Carlos Hernández.
Por su parte, Alberto Cruz, presidente de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima, señala que, en el caso de Ibagué, el Consejo de Estado les sugirió una pregunta “mucho más democrática”.
“Con la pregunta que se había diseñado inicialmente para la consulta, el ciudadano solo podía responder No”, aseguró el ingeniero.
Pese a todo considera que “las consultas populares mineras son innecesarias y se convierten en una pérdida de tiempo pues el fallo del Consejo de Estado señala que, así gane el No, esa respuesta no significa que no se puedan ejecutar procesos mineros en determinada zona”.
Aseguró que el proyecto La Colosa, en Cajamarca, por ejemplo, se podrá desarrollar sin inconvenientes “pues la consulta popular, sea cual fuere el resultado, no puede frenar la minería que ya cuenta con títulos”.
“En Colombia, el 90 por ciento de las poblaciones con minería, tienen los títulos definidos con mucha anterioridad”, señaló Cruz.
El Comité Ambiental en defensa de la vida del Tolima, dijo que el fallo resalta la legalidad y constitucionalidad de las consultas populares mineras y agregó que “preocupa porque el Consejo de Estado no recoge el sentir del pueblo ibaguereño que rechaza la minería contaminante, y no toda la minería en general”.
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