El Juez Primero Penal del Circuito de Ciénaga condenó este viernes a 10 años y nueve meses y 10 años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 26,66 salarios mínimos mensuales vigentes al conductor Jaime Gutiérrez Ospino y el líder espiritual Manuel Salvador Ibarra Plaza, respectivamente, por su responsabilidad en el accidente del bus que causó la muerte de 33 niños y una mujer, el 18 de mayo de 2014, en Fundación (Magdalena).
Gutiérrez e Ibarra, quienes se encuentran detenidos en la cárcel El Bosque de Barranquilla y no asistieron a la audiencia de lectura de sentencia, fueron acusados del delito de homicidio culposo en concurso homogéneo y simultáneo en su calidad de autores directos del accidente.
La sentencia también compulsó copias para que investiguen a los padres de los menores fallecidos y las directivas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia por su presunta responsabilidad en el accidente.
Los abogados defensores de los acusados Mauricio Ramírez y Diego Duque, quienes solicitaron la pena de 8 años de prisión para Gutiérrez y de seis años y detención domiciliaria para Ibarra, apelaron la decisión del juez.
Por su parte, el abogado de algunos de los familiares de las víctimas, Sebastián Gómez, dijo que están satisfechos porque se dio una pena ejemplar superior a 10 años a los implicados en el accidente y no se les concedió los beneficios de suspensión de la ejecución de la pena ni el de detención domiciliaria, pero le sorprende que el juez haya compulsado copias para que investiguen a los padres de los menores fallecidos.
“Fueron más de seis adultos quienes recogieron a los niños, casa por casa, y a quienes se les dio la posición de garantes, las familias no dejaron los niños en la calle para que los recogiera esta Iglesia Pentecostal. Adicionalmente, es el Estado y las autoridades quienes deben guardar y vigilar el control de este vehículo –que no tenía Soat ni revisión técnico mecánica vigentes- y por esa razón fue que interpusimos la demanda estatal”, expresó Gómez y dijo que apelará la decisión del juez para tumbar la investigación a las familias porque no tiene ningún fundamento jurídico.
SANTA MARTA
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