La vida es así de irónica.
Hace unos cuantos días, para perplejidad e indignación de la gente decente, el Congreso de la República de Colombia se negó a aprobar una ley que incrementaba las penas de prisión para los condenados por corrupción. Y, como si fuera poco, los congresistas también se negaron a prohibir que, de ahora en adelante, a esos mismos corruptos les concedan el beneficio de casa por cárcel. Tendría que ser al revés: deberían haber ordenado que les dieran la cárcel por casa.
Casi al mismo tiempo, como una ironía del destino, en el otro costado del mundo las autoridades de Singapur expedían nuevas normas para seguir combatiendo la corrupción, lo que ha hecho que ese país se vuelva famoso en el mundo entero. “Milagro económico y legal”, lo llaman en Europa. “El imperio de la ley”, le dicen sus vecinos asiáticos. En este momento, Singapur es líder mundial en educación, salud y lucha contra la corrupción.
Colombia, en cambio, y aunque nos duela en el alma, ocupa una de las peores posiciones entre los países con mayor corrupción en el mundo entero, según lo confirman las investigaciones internacionales serias y confiables.
De acuerdo con nuestra Contraloría General, la corrupción nos está costando a los colombianos la monstruosa suma de 140.000 millones de pesos diarios, incluyendo sábados, domingos y festivos, lo cual traduce que nos vale alrededor de 50 billones de pesos al año. Ese platal no le cabe a uno en la cabeza, y conste que la mía es grandota.
Ahora los invito a que miremos el caso de Singapur, a ver si alguna vez cogemos ejemplo.
Singapur, situada en el corazón de Asia, es una ciudad y al mismo tiempo un país, tan pequeño que su territorio ocupa apenas 700 kilómetros cuadrados y solo tiene cinco y medio millones de habitantes. Pero, así de pequeño, es el segundo puerto más importante del mundo y el centro financiero donde tienen su sede los bancos e instituciones financieras más grandes del planeta.
Precisamente, y a causa de esa actividad económica tan exitosa, se desató una corrupción que parecía invencible. Los desfalcos y trampas de dinero eran cada vez más grandes. La isla era estremecida diariamente por escándalos sobre desfalcos, contratos amañados, corrupción del Estado y de las empresas privadas. Se llegó a pedir sobornos hasta para autorizar el traslado de un moribundo al hospital.
Fue entonces cuando el primer ministro Lee Kuan Yew, que había encabezado el movimiento de independencia de su tierra, y al que consideraban padre de la patria, resolvió enfrentar el problema sin contemplaciones con nadie. Lo primero que hizo fue reunir su consejo de ministros y les dijo una frase que se volvería famosa: “Si de verdad queremos derrotar la corrupción, hay que estar listos para enviar a la cárcel, si fuese necesario, a nuestra propia familia”.
Pusieron manos a la obra de inmediato. La primera medida que tomaron, al contrario de lo que acaban de hacer los congresistas de Colombia, fue incrementar con dureza las penas de cárcel para los culpables de corrupción. Las condenas más altas se reservaron para quienes se apropiaran de dineros destinados a los temas sociales más delicados, como programas de salud y educación, o para atender a niños pobres y ancianos desprotegidos.
La Justicia fue la primera en colaborar con el Gobierno. ¿Se puede decir lo mismo en esta Colombia de nuestros días, donde hasta los más altos magistrados están en la cárcel?
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Lew Kuan Yew fue establecer unas reglas claras y sencillas para contratar con el Estado, pues descubrió que las normas legales habían sido redactadas con una confusión amañada, precisamente para facilitar los enredos de la corrupción.
Y fue entonces cuando se ordenó, además, que los empleados públicos tenían que rotarse en sus cargos cada cierto tiempo para evitar que se enquistaran en las entidades, perpetuándose y corrompiéndolas.
En 1959, hace ya sesenta años, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro, por primera vez, cuando apenas tenía 35 años de edad. Lo primero que hizo fue anunciarle a Singapur entero que comenzaba la lucha implacable contra la corrupción.
Para empezar, todo empleado del Gobierno, antes de posesionarse, tenía que firmar un documento en el que autorizaba al Estado para revisar, cada vez que quisiera, sus cuentas bancarias en el país o el exterior. Y si en algún momento se le encuentra culpable de corrupción, pierde su derecho a la pensión y nunca más puede volver a ocupar un cargo público.
Manos a la obra. Fueron enviados a la cárcel varios ministros, unos gerentes, líderes sindicales, empresarios que ofrecían sobornos a los funcionarios, periodistas corruptos que hacían negocios indebidos con entidades estatales.
El resultado no ha sido solo moralmente estupendo, sino, además, económicamente envidiable: pequeñito como es, Singapur es hoy el sexto país más rico del mundo
La batalla legal contra la corrupción estaba dando extraordinarios resultados. Tanto que, cada vez que había elecciones, el primer ministro ganaba de nuevo. La gente decía que Singapur era el único lugar del mundo donde, desde los tiempos del paraíso terrenal, el bien había triunfado sobre el mal.
“Es mejor que eso”, escribió el investigador Jonathan Tepperman. “Fue la victoria de los justos sobre los malvados”.
Para que vean cómo fue aquella lucha titánica, les voy a poner un solo ejemplo. En el año 65, la pena mínima por un pequeño soborno, que fuera comprobado judicialmente, era de diez años de cárcel y cien mil dólares de multa, que hoy equivalen a 300 millones de pesos colombianos.
Una de las leyes más afortunadas de Singapur fue, a mediados de los años sesenta, la que ordenó que colegios y universidades enseñaran a los jóvenes, en sus programas de estudio, la asignatura de ética pública. Lo mismo se hacía con el público, a través de las salas de cine, antes de empezar la película.
Fue entonces cuando se comprobó que uno de los aliados más perversos de la corrupción en los organismos gubernamentales es la cantidad de trabas y complicaciones que se les ponen a proveedores y contratistas privados. Se descubrió, incluso, que muchas veces esas normas son creadas, precisamente, para facilitar los sobornos.
Los resultados de esas decisiones están a la vista. El propio Banco Mundial, en un informe del año pasado, reveló que Singapur es el país con menos trabas administrativas y burocráticas a la hora de hacer contrataciones con proveedores privados.
El resultado no ha sido solo moralmente estupendo, sino, además, económicamente envidiable: pequeñito como es, Singapur es hoy el sexto país más rico del mundo.
Pero no todo fue agua de rosas.
Pasaron los años porque el tiempo no se detiene ni en las buenas ni en las malas. Es implacable. Estamos ya a comienzos de los años ochenta. En el mundo entero estalla, como una auténtica epifanía, como un renacer florido de la humanidad, el imperio de la nueva tecnología, las redes sociales, los correos electrónicos, los teléfonos celulares. La humanidad entera se conecta. Ya no hay distancias entre la gente. El mundo se vuelve un pañuelo cuyas puntas se tocan.
Usadas torcidamente por el hombre, esas maravillas modernas se volvieron aliadas de la corrupción a través de computadores, direcciones falsas, trampas modernas, estaciones de comunicación por satélite.
La situación se puso peor que nunca. Lee Kuan Yew, que ganaba todas las elecciones y ya llevaba más de veinte años al frente del Gobierno, apeló entonces al recurso supremo, el último argumento, el más contundente de todos: la pena de muerte. Se estableció que serían ejecutados los que, al incurrir en la corrupción, hubieran ocasionado la muerte de otra persona. O los que desfalcaran los presupuestos para temas especialmente sensibles, como hospitales, escuelas públicas o ayuda alimenticia para los pobres.
Ministros y militares, jueces y policías, que estaban entre los funcionarios más importantes del país cayeron en las garras afiladas del delito. Fueron ahorcados o fusilados, al igual que los particulares que participaron en los mismos hechos. Al Gobierno de Singapur la maldad humana no le daba descanso. Por aquellos mismos años, y tal como ocurría entonces en Colombia, a ellos les cayó la plaga del narcotráfico con su mancha de crímenes, dolor y horror. Resolvieron aplicar también la misma pena de muerte a los traficantes.
Así, poco a poco, fueron recuperando la tranquilidad y la legalidad de los años anteriores. Hoy, Singapur no es solo la primera economía asiática –más rentable que gigantes como China y Japón–, con una gigantesca inversión extranjera, sino uno de los países más seguros para vivir porque su sistema de justicia es reconocido como uno de los más confiables que existen.
Varias naciones han comenzado a seguir su ejemplo. ¿Y Colombia? Singapur ocupa hoy el puesto número uno entre los países que han logrado erradicar la corrupción. ¿Y Colombia?
Volviendo al caso de Colombia, lo más triste y doloroso es confirmar que nuestro país resolvió acabar con la corrupción casi 200 años antes de que lo hiciera Singapur. Yo también me quedé sorprendido al saberlo, pero los hechos están ahí, irrefutables, en los anales de la historia.
Resulta que en el año de 1824 estaba Simón Bolívar en Lima y comprobó que en las cinco naciones que él había liberado, y que en ese momento gobernaba, la corrupción estatal era monstruosa. Entonces decretó pena de fusilamiento para los culpables en Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.
Eso significa que hace 195 años exactos el Libertador ya se preocupaba por combatir la corruptela, pero hoy el Congreso de la República se ocupa de premiarla. Si Bolívar supiera la falta que nos está haciendo…
JUAN GOSSAÍN
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
