El Gobierno Nacional empezó este lunes a dar respuestas concretas para conjurar los paros en Chocó y Buenaventura (Valle), cuyos habitantes alegan incumplimientos en promesas.
Al cese de actividades que desde hace dos semanas mantienen los educadores adscritos a Fecode, se sumaron en los últimos días los paros promovidos por colectivos sociales en Buenaventura y Chocó, donde las comunidades piden atención en materia de salud, agua potable, educación e infraestructura.
Estas dos zonas del Pacífico han tenido históricamente un gran atraso social, situación que ha empeorado con la presencia permanente de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Consciente de esa realidad, el presidente Juan Manuel Santos decidió apersonarse de la situación para acelerar la búsqueda de soluciones. El jefe de Estado conformó este lunes dos comisiones que viajarán a estas zonas con respuestas concretas a las peticiones de los manifestantes.
“Vamos preparados para responderle a la comunidad y entablar el diálogo para resolver las inquietudes”, aseguró el secretario general de la Presidencia y vocero del Gobierno, Alfonso Prada.
La primera comitiva del Gobierno se desplazará este martes a las 9 de la mañana a Buenaventura, donde las autoridades estiman las pérdidas del comercio en más de 60.000 millones de pesos y que la cadena de comercio exterior ha dejado de facturar 172.000 millones, por el paro. Este equipo estará conformado por Carlos Correa, alto consejero para las regiones; Guillermo Rivera, viceministro del Interior, y Luis Alfonso Escobar, gerente del Plan Pazcífico, entre otros altos funcionarios.
El otro equipo, que se desplazará a Chocó, estará liderado por Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente; Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte, y Germán Arce, ministro de Minas y Energía.
Entre las soluciones inmediatas que anunció el Gobierno para Buenaventura está el inicio de los trabajos para conectar las plantas de tratamiento de agua de Loma Alta y Venecia, lo que permitirá empezar a resolver el problema de continuidad en la prestación de ese servicio.
Se llevará a cabo, igualmente, un plan maestro de acueducto que va a costar cerca de 170.000 millones de pesos. El soporte financiero para este proyecto, según Prada, ya fue aprobado.
“Llevamos también la propuesta para reactivar la construcción de un colegio en el barrio San Antonio, que se paralizó producto del incumplimiento de parte del contratista”, manifestó el alto funcionario. La idea es que esta obra abra sus puertas a los estudiantes en enero del otro año.
Asimismo, Prada anunció que el Gobierno continuará con las inversiones para la construcción de vías de cuarta generación en esta zona del país, con el fin de reactivar el crecimiento económico.
En cuanto a las soluciones para Chocó, se anunció la terminación de las vías que conectan a Quibdó con Medellín y Pereira, obras que estarían listas en 2021.
“También queremos continuar con la explicación del proyecto con el que se busca dejar con agua todos los municipios del departamento. La inversión será por 7 billones de pesos”, indicó Prada.
El secretario de la Presidencia reveló que una vez llegue a la zona la comisión del Gobierno se darán a conocer “propuestas muy concretas” para financiar el hospital de Quibdó y el control de las tarifas de energía en el departamento.
“Vamos preparados para responderle a la comunidad y con el permanente diálogo para resolver las inquietudes”, aseguró.
Prada se refirió durante su intervención a la negociación para el incremento salarial de los funcionarios públicos. Aseguró que en los próximos días se reunirá de nuevo la Mesa de Concertación –Gobierno y centrales obreras– para reactivar el diálogo.
“Esta semana podremos recuperar la tranquilidad a todo nivel”, dijo.
De todos los puntos que han planteado los promotores del paro cívico en Buenaventura, que cumple una semana, no habido acuerdos en lo referente al hospital, el suministro de agua, el analfabetismo, la corrupción y el desempleo.
En cuanto a la carencia de un hospital departamental, liquidado en el 2013, los promotores de la manifestación ven como un “paño de agua tibia” la propuesta del Gobierno y de la Gobernación del Valle de reabrir el hospital, que está siendo remodelado, pero que no será para atención a pacientes de alta complejidad, sino como era antes: un centro asistencial del orden distrital.
Así lo señala el líder Narcilo Rosero, uno de los voceros y promotores del paro cívico. Rosero dijo que en el puerto las irregularidades llevaron al Gobierno a iniciar, hace cuatro años, la liquidación del hospital Departamental, que ofrecía servicios de mediana y alta complejidad en este municipio, donde la tasa homicidios oscila entre los 17 y los 26 por cada 100.000 habitantes.
El Ministerio de Salud y la Gobernación anunciaron que en las antiguas instalaciones del hospital se tendrán este año siete especialidades que responden a las peticiones.
El líder anotó, además, que el paro no se ha levantado, pese a la presencia de los delegados del Gobierno, porque: “Ya nos cansamos de puras promesas”.
Respecto al suministro de agua, a los promotores del paro tampoco los convence que no haya una solución este año para que llegue el líquido vital las 24 horas del día. El 71 por ciento de la población recibe agua entre cuatro y seis horas al día. “Se había llegado a un acuerdo de hacer el acueducto, y ahora se dice que de las 32 obras solo financian 7. Nos han dicho que si nos va bien, en el 2024 tendremos 18 horas de agua para la población. Eso es inconcebible”, agregó Rosero.
Otro de los problemas que siguen en discusión es el desempleo, que, según Rosero, es del 62 por ciento, pese a que esta ciudad tiene el puerto que más dinero le aporta al país, pero aun así, la mayoría de sus habitantes viven en la pobreza (el 80 por ciento no satisface sus necesidades básicas, de acuerdo con la Iglesia). Por ahora, se anuncia que hoy se habilitaría una especie de corredor humanitario para permitir el ingreso de alimentos al puerto, pero solo por este día.
EL TIEMPO
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