EPS Comfacor guarda silencio ante la intervención de la Supersalud

EPS Comfacor guarda silencio ante la intervención de la Supersalud

Deuda es de $200 mil millones. 545.062 afiliados en Bolívar, Sucre Atlántico, Magdalena y Córdoba.

Comfacor es intervenida por la Supesalud

A raíz de denuncias por deficiencias en la prestación de servicios a su afiliados y la presunta irregularidad en el manejo de recursos se tomó la medida de intervención.

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Gudilfredo Avendaño/EL TIEMPO

Por: Gudilfredo Avendaño M.
02 de enero 2019 , 08:48 a.m.

La decisión de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) de revocar la autorización a la EPS Comfacor para operar como prestador de salud en la región Caribe, no ha causado ningún efecto alarmante en la entidad. Así se desprende del silencio que han guardado las directivas, pese a que el anuncio del organismo de control se dio desde el pasado 22 de diciembre.

Aunque la decisión de la Supersalud deja abierta la posibilidad de que Comfacor se defienda, a través de un escrito en los cinco días hábiles siguientes a la notificación, ningún representante de la EPS ha dado respuesta, por lo menos públicamente.

De seguir en firme el proceso de intervención, la entidad promotora de salud iniciaría el 2019 sin prestarle atención a 545.062 afiliados, cuyo mayor potencial está en Córdoba; además de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.

La cancelación del permiso para atender pacientes llevaría a una deserción de afiliados que tendrían que ser remitidos a otras entidades similares, lo que causaría traumatismos en lo que respecta a procedimientos médicos programados con antelación.

Las razones que llevaron a la Supersalud a intervenir en el plan de atención de Comfacor es por el supuesto incumplimiento de las condiciones de habilitación y la falta de cobertura en las complejidades médicas.

De igual forma, la desidia para el cobro de la cartera y el pago de la deuda que ha conllevado a un alto endeudamiento superior a los 200 mil millones de pesos.

Así mismo, Comfacor no cumpliría con las condiciones financieras de capital mínimo, patrimonio requerido e inversión para la reserva técnica exigida por la ley.

De esta manera la EPS cordobesa pasa a ser la primera entidad intervenida por el gobierno de Iván Duque, luego de advertir un aumento en la capacidad sancionatoria de la Supersalud a las entidades que no cumplan con el propósito misional.

Duros cuestionamientos

La EPS  ha sido objeto de críticas de los usuarios y de auditorías por parte de la Contraloría, tras conocerse un carrusel de supuestas irregularidades que irían en detrimento de los recursos que maneja para la atención.

Prueba de ello fue el resultado de la auditoría hecha por la Contraloría y que fue publicado en agosto pasado, en el cual se evidencia que, al menos $17.316 millones, destinados a la salud, fueron desviados para gastos diferentes como publicidad, apoyo a una escuela de formación deportiva y patrocinio a un reinado de belleza.

Se trata de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Captación a los cuales accede Comfacor en calidad de Eps que presta servicios médicos a pacientes en Córdoba.

Dichos dineros, cuya destinación está dirigida exclusivamente a la atención de los más pobres, fue utilizada durante los años 2015, 2016 y 2017 para apoyar al equipo monteriano Jaguares Fútbol Club, con $150 millones; la Academia de Béisbol Hermanos Rentería, con $247 millones; y al Reinado Nacional de la Ganadería, con $45 millones.

De igual forma, otros gastos de diferentes tipos de publicidad que no guardan relación con los servicios de salud, se le destinaron $218 millones.

Así mismo, se habrían cancelado honorarios por administración delegada por más de $14.450 millones; auxilios extralegales de nómina y beneficios sociales para los funcionarios vinculados al programa de salud por $2.044 millones.

Todos los anteriores corresponden a gastos no permitidos con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ocasionando un hallazgo fiscal en la entidad.

“Dichos recursos fueron utilizados en beneficio de terceros privados, sin ninguna conexión con la prestación del servicio de salud y en perjuicio de los afiliados a la Eps Comfacor, que vio disminuidos los recursos públicos disponibles para la administración, organización y garantía del servicio de salud”, dice la Contraloría General.

La Contraloría también indica en su informe que los gerentes de Comfacor de los años 2015-2016 y 2017 usaron plata del régimen subsidiado en salud para pagar gastos de funcionamiento de la entidad y pagos por prestación de servicios profesionales.

Gudilfredo Avendaño Méndez
Especial para EL TIEMPO
MONTERÍA​

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