Frente a un Congreso medio vacío, el representante por Putumayo Orlando Guerra advirtió, el 5 agosto del 2015, que una avalancha podía arrasar con Mocoa y dejar centenares de muertos, como ocurrió entre la medianoche del 31 de marzo y la madrugada del primero de abril.

"Mocoa tiene un problema gravísimo, puede haber una catástrofe cualquier día de estos, cualquier noche de estas”, dijo Guerra al reclamar la atención de sus colegas y quejándose porque Carlos Iván Márquez, jefe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, no llegó al debate, al que estaba citado.

Luego, en dos cartas fechadas en el 2016 y sin mucha suerte, le pidió a Márquez una inspección urgente a todo el Putumayo para elaborar planes de emergencia y construir muros de contención.

Meses atrás, el periodista local Jorge Kuaran advirtió que imágenes como la de Armero, Tolima (1985), estaban a punto de repetirse en Mocoa, tras una avalancha que intentó entrar a la ciudad.

Algunos le llaman a esto premonición. Pero para la Fiscalía y la Procuraduría, detrás de la tragedia –que ya deja 314 muertos, 106 desaparecidos, 332 heridos y una capital de departamento semidestruida– hay una cadena de eventos que demostraría la omisión de autoridades que sabían del peligro que acechaba a Mocoa.

Las dudas cobijan a las dos administraciones del exalcalde conservador Elver Porfirio Cerón (2004-2007 y 2012-2015) y a la de su copartidario, el exgobernador del Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano.

Cuando el lodo y el dolor se decanten, también se van a revisar las actuaciones de Corpoamazonia, de instancias nacionales y de los mandatarios actuales.

Además de una posible negligencia, en este desastre también jugaron en contra la colonización desordenada y sin planeación, y el aumento de los cultivos de coca. Putumayo es uno de los tres departamentos que concentran más de la mitad de los narcocultivos del país, que echan mano de la deforestación para extenderse.

Cifras del 2015 señalaban que las hectáreas deforestadas superaban las 12.000 y que los cultivos de coca en solo Puerto Asís cubrían cerca de 7.000 hectáreas.

“Desde el día de la avalancha, al exalcalde Cerón no se le volvió a ver por el pueblo. Solo sale en las noches”, le dijeron a EL TIEMPO algunos sobrevivientes. Y en su oficina dijeron que era posible que no conteste llamadas, porque también resultó damnificado.

Evidencia en poder de este diario demuestra que en el Plan de Desarrollo, que Cerón firmó durante su último mandato, planteó “reubicar 80 por ciento de infraestructura y vivienda en zona de amenaza” y ejecutar al menos 27 obras de mitigación. Según el documento, para el 2015 ya no estarían esas casas en zona de riesgo, algo que nunca ocurrió.

Por el contrario, concejales de Mocoa le pidieron cuentas a Cerón sobre la plata que debió invertir tras la ola invernal del 2013.

El concejal Alfonso Barrera citó a la Oficina de Gestión de Riesgo de Mocoa, a Planeación y a la Secretaría de Obras, para confrontar con la comunidad afectada la inversión de recursos que la administración de Cerón dijo haber realizado. Y voceros de barrios afectados le pidieron a la Contraloría Departamental que lo investigara y estableciera a dónde fueron a parar los 400 millones de pesos destinados para la atención de ese desastre.

También se quiere indagar si durante la administración del alcalde Mario Narváez, y gracias a un concejal, se legalizó uno de los barrios de invasión que se llevó la avalancha.

Pero las pesquisas van a ir más atrás. Documentos oficiales demuestran que desde hace casi dos décadas se hablaba de la urgencia de construir diques que contuvieran la furia de las aguas que hace una semana se tragaron tres barrios con su gente, y afectaron 14 más. Además, se conocía la necesidad de reforestar laderas de ríos para evitar que se metieran a la ciudad con lodo y piedras.

Incluso, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Mocoa del 2000 –ya en poder de la Procuraduría y la Fiscalía– se advierte de la gran amenaza sobre su casco urbano y se recomienda trasladar 231 viviendas en riesgo.

También se habla de proteger las riberas de los ríos Sangoyaco y Mulato, los que se desbordaron. Y se advierte que, junto con el río Mocoa, las quebradas Taruca y Taruquita fueron intervenidas, pues habían causado desastres.

“En 1971 hubo una avalancha que sepultó casi los mismos sectores. Pero en esa época era zona rural y no hubo muertos. También se sabía que el acueducto y la empresa de energía eran vulnerables. Pero no se tomaron medidas”, explicó un político local. No es gratuito que en la ciudad se diga que este no fue un desastre causado por la naturaleza sino por el hombre.

Por esos antecedentes, las autoridades también revisan el Decreto 0253 del 31 de julio del 2015, en el que el entonces gobernador Jimmy Díaz canceló una reserva presupuestal de 100 millones de pesos para apoyar la mitigación de riesgos, mediante estudios de amenaza de inundación de las quebradas Taruca y Conejo.

En su defensa, Díaz le dijo a este diario que se trató de un dinero que no se ejecutó en el 2014, pero que reasignó para realizar el estudio: “El 98 por ciento de lo que pasó estaba en el documento que le entregué en noviembre a la nueva gobernadora, Sorrel Aroca”.

Corpoamazonia, por su parte, aseguró que hizo sus propios estudios y reuniones en las que se establecieron rutas de trabajo para la gestión de riesgos con juntas de acción comunal, líderes de barrios y autoridades.

¿Por qué si tenían estudios no los implementaron? Esa es una de las preguntas que todos deberán responderle a Mocoa.

“Creo que ahí puede haber imprevisión, desidia, pero no me voy a anticipar al resultado de una indagación”, señaló el procurador Fernando Carrillo. Y la Fiscalía ya citó a entrevista a Jimmy Díaz, al exalcalde Cerón, al actual mandatario local, Luis Antonio Castro, y a la gobernadora Aroca.

Esta última ya dijo que el desastre fue un hecho fortuito, vinculado al cambio climático, por el que no hay que buscar culpables.

Por su parte, la Unidad para la Gestión del Riesgo señaló que ante el SOS del representante Guerra, fue claro en explicarle que la obtención de recursos para prevenir desastres recae en la Gobernación y en la Alcaldía. Y que el manejo de las cuencas es de Corpoamazonia.

Mocoa se tiene que reubicar a más de 3 kilómetros de su localización actual. Esa es la conclusión de un análisis de la Universidad Nacional. Basado en imágenes satelitales y tras un estudio geomorfológico, el experto Germán Vargas Cuervo identificó que cerca del 80 por ciento del área urbana de la capital de Putumayo se alza sobre zonas muy vulnerables, donde ríos y quebradas de fuerte caudal (incluidas las que se desbordaron) desembocan en el río Mocoa y ponen en riesgo a todos sus habitantes.

Villagarzón, Putumayo; San José del Fragua y Belén de los Andaquíes (Caquetá); Puerto Rico, Uribe, Lejanías, Guamal y Villavicencio (Meta); Medina (Cundinamarca); San Luis de Gaceno (Boyacá), y Yopal (Casanare) son algunos de los municipios que, según un estudio de la Universidad Nacional, están en riesgo de tener inundaciones y avalanchas similares a las de Mocoa.

Deforestación, construcciones a orillas de los ríos, falta de planeación y, en general, una preparación nula para enfrentar los riesgos ambientales son el denominador común en esas poblaciones y en 374 más ubicadas en los ápices de los abanicos aluviales que descienden de las cordilleras.

La alerta llega cuando apenas va a iniciar el invierno, que suele iniciarse en abril y extenderse hasta mayo.

UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com