Caos de Playa Blanca en Cartagena impacta negativamente a Isla Grande

Isla Grande, la isla de mayor extensión de las 27 que conforman el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo en Cartagena, está en alerta ante la inminente llegada en masa del turismo depredador y el comercio ilegal, luego del cierre de Playa Blanca, ordenado por el alcalde mayor de la ciudad, William Dau Chamat.

El alcalde ordenó el cierre por dos semanas, a partir de hoy, del popular balneario de Barú, como respuesta al desorden y a varios accidentes que se presentaron en las últimas semanas, así como las estafas a turistas.

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Las comunidades afrodescendientes de Isla Grande, que recibieron la titulación colectiva del territorio por parte del Gobierno Nacional en el año 2014, han mantenido hasta ahora el orden y han propiciado un turismo sostenible.

“Han sido más de dos décadas de lucha jurídica, que es ejemplo en el país, y gracias al apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 'Dejusticia’ que nos ha asesorado, hemos defendido el territorio y nuestras tradiciones ancestrales, pero hoy el territorio está en riesgo ante la falta de institucionalidad en la isla”, recuerda Éver de la Rosa, representante legal del Consejo Comunitario de las comunidades afro de Isla Grande.

No obstante, la hermosa isla, ubicada a 15 minutos en lancha desde playa blanca y a 10 de Cholón, ya recibe los primeros coletazos del turismo depredador que hoy afecta a la zona insular de Cartagena.

El Consejo Comunitario de la isla denuncia cómo operadores turísticos ubicados estratégicamente en el muelle de la Bodeguita, en el Centro Histórico de Cartagena, han puesto de moda un destino de pasadía en Isla Grande, sin ningún control de las autoridades.

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Así, por 150 mil pesos, por persona, ¡negociables!, centenares de turistas son enviados en lancha hasta el punto conocido como Playa Libre, un lugar paradisiaco donde los viajeros pasan parte del día, sin control de autoridad alguna.

“En esta zona no hay baños. La gente llega con bolsas repletas de comida, bebidas alcohólicas como latas de cerveza y botellas plásticas, por la tarde se van y dejan las montañas de basura”, señala Ramiro Revollo, líder de la comunidad.

Lanchas repletas de turistas atracan sobre los arrecifes de coral y sueltan el ancla sobre los corales dejando como consecuencia la destrucción de estos sistemas de vida, en un amplio territorio.

Hacer buceo de superficie o Snorkel en los alrededores se convirtió en una actividad riesgosa,  pues lanchas repletas de viajeros pasan veloces sobre los corredores marinos, donde están los corales, dispuestos para esta sana práctica deportiva.

“Con la comunidad estamos repoblando y cultivando corales, pero el turismo sin control y operadores turísticos sin capacitación y desconocimiento del territorio destruyen lo que la gente de la isla con tanto sacrificio ha trabajado”, dice la antropóloga Lavinia Fiori.

EL TIEMPO visito la isla y encontró que la comunidad se hallaba alarmada por la presencia de dos viajeros argentinos que arribaron intoxicados, procedentes de Playa Blanca.

No había manera de atenderlos porque no hay médico, y menos un centro de salud, en la isla, que tiene un censo poblacional de mil personas y una capacidad de carga total de 1.600 personas.

“El año pasado un turista británico sufrió un pre infarto, como era un hombre tan grande tuvimos que subirlo en una carretilla llevarlo hasta uno de los puertos y esperar a que lo trasladara la Armada Nacional urgente a Cartagena”, dice Ramiro Revollo, líder de la isla.

La comunidad pide con urgencia que el Distrito envíe médicos, por lo menos en las temporadas de mayor afluencia de visitantes.

La afluencia masiva de turismo acelera las construcciones ilegales de hoteles y casas de descanso.

Los dueños de estas construcciones están llenando la isla de trabajadores foráneos que usan arena de mar, práctica prohibida, para labores de albañilería.

Decenas de casas de descanso y hoteles en la isla hoy son ocupados por empresas y grupos familiares que se están lucrando mientras tienen millonarias deuda con la nación por cuenta de arriendos de lotes baldíos que nunca han pagado, como ya lo había denunciado este diario.

El caos de las construcciones ilegales con arena de mar y maderas del bosque seco tropical que oxigena la isla se dan gracias a que en la región no hay policía, y cuando se presenta un problema que requiere la presencia de esta autoridad, son las mismas comunidades las que tienen que albergar y alimentar a los policías.

“Lo que estamos planteado es la realización urgente de unas mesas interinstitucionales para que Parques Nacionales, La Dimar, La capitanía de puerto, Cardique, el Distrito, el Epa y todas las entidades asuman compromisos y no estén tirando la pelota el uno al otro, tal y como está pasando en Playa Blanca”, pide Éver de la Rosa.

La comunidad propone que con la millonaria deuda por el uso de los baldíos en la isla, por parte de particulares, el Gobierno instalale plantas desalinizadoras de agua, porque el problema mayúsculo de esta región es la falta de agua potable.

“También necesitamos la implementación de baños secos para no afectar los ecosistemas”, agrega de la Rosa.

JOHN MONTAÑO
Redactor de EL TIEMPO
Cartagena
En Twitter: @PilotodeCometas