La poderosa cementera mexicana Cemex ha desplegado en las últimas semanas toda su artillería legal y ‘diplomática’ para reactivar un negocio plagado de problemas al que le ha invertido 345 millones de dólares.
Con ejecutivos venidos desde México y abogados expertos en tribunales de arbitramento, anda visitando a influyentes funcionarios del Gobierno para que se les permita operar la planta cementera que levantaron en Maceo, Antioquia, con la que pretenden explotar una rica mina de caliza.
EL TIEMPO estableció que ya se han hecho al menos cinco reuniones confidenciales con funcionarios del Gobierno para buscarle salidas al negocio. El lío es que tanto el terreno como la zona franca y el título minero siguen inmersos en un proceso de extinción de dominio por corrupción, al que ahora se le han unido dos más por presunto fraude.
Tal como lo reveló este diario en el 2016, la mina está vinculada a José Aldemar Moncada Moncada, un empresario de la chatarra condenado por robarle a la Dian 36.000 millones de pesos y que fue asesinado hace 14 meses.
Para la Fiscalía es claro que el chatarrero usó parte del dinero robado a través de falsas devoluciones del IVA para invertir en la mina, aunque sus socios insisten en que le devolvieron la plata antes de negociar con Cemex. También está probado que Cemex apareció en el negocio luego de que un directivo de su matriz en México ordenó que atendieran a un emisario de los socios de la mina: Eugenio Correa.
Pero Cemex busca que se le reconozca oficialmente que es una víctima y que ha actuado de buena fe. Para ello, tres de sus ejecutivos apostados en Bogotá los metieron en el negocio, ocultando las irregularidades. Además, la multinacional asegura que tiene un contrato de arriendo sobre el terreno con un depositario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que la inversión hecha en la planta ya bordea el billón de pesos, con lo que generan empleo en el país.
Con ese argumento, y con expertos en tribunales de arbitramento, iniciaron una correría por los despachos de al menos seis altos funcionarios del Gobierno a los que les están pidiendo que se permita operar la planta, se les renueve el contrato de arrendamiento de terrenos y se extienda la zona franca. A la par, gestionan con autoridades locales la ampliación de la licencia ambiental.
De hecho, ya llegaron hasta la Casa de Nariño en donde les expusieron el caso al presidente Juan Manuel Santos, a su ministra de Comercio Exterior, al viceministro de Desarrollo Empresarial, a la secretaría Anticorrupción y a Carolina Soto, alta consejera para la Competitividad. También han contactado a la Fiscalía, en donde van andando desde hace meses el proceso de extinción y la denuncia que Cemex puso contra tres de sus altos ejecutivos: Édgar Ramírez Martínez, Camilo González Téllez y Carlos Jacks. También evalúan la denuncia que instauró la Sociedad de Activos Especiales contra el depositario de la mina, Yesid Ramírez, quien se la arrendó a Cemex por un millón de pesos al mes.
Y pareciera que la cementera está ganando terreno, sin que la Fiscalía resuelva el aspecto penal.
Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron las reuniones, a las que han asistido Francisco Aguilera, vicepresidente de Planeación Regional de Cemex; Ana María, Gómez, vicepresidenta jurídica en Colombia; el penalista Jaime Granados y Enrique Gómez Pinzón, experto en tribunales de arbitramento.
Pero agregan que para el Gobierno es claro que Cemex debe pagar una contraprestación por la pírrica suma que ha pagado de arriendo por los terrenos, por la explotación de la mina de caliza y por el uso de la zona franca. Aún no se ha hablado de cifras, pero para funcionarios del Gobierno enterados del caso no es descabellado pedirle a la cementera el pago de una indemnización y hasta una participación sobre la explotación de la mina.
¿De cuánto sería esa suma? ¿Se puede negociar con los procesos abiertos en Fiscalía?
En Cemex admitieron los trámites, a los que califican de legítimos. Pero no dieron detalles de la negociación, que deberá tener el visto bueno de la justicia.
Voceros de Cemex hicieron saber que, en efecto, están realizando contactos, a los que califican de naturales, legítimos y necesarios, con las autoridades correspondientes para el desarrollo del proyecto en Maceo, Antioquia.
“Dado que todavía no se han completado la totalidad de los procesos necesarios para ponerla en marcha, seguimos haciendo las gestiones ordinarias con las diferentes autoridades para hacer posible que esta planta pueda empezar a operar, y con ello se puedan generar empleos y beneficiar a las comunidades en las que operará la planta”.
Y agregan: “Más de 20 años de presencia en el país suponen una relación permanente y colaborativa con nuestro entorno, una vocación de crecimiento constante y la creencia firme de que Colombia es un país que invita a la inversión”.
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