El cementerio en Norte de Santander en el que la corrupción 'espanta'

El cuadro de desolación que refleja el nuevo cementerio del municipio de El Zulia, en Norte de Santander, no es precisamente por las historias de terror que se tejen alrededor de ese lugar. Sin embargo, muchos habitantes de esta localidad del área metropolitana de Cúcuta atribuyen el escalofriante abandono en el que se encuentra esta infraestructura a una especie de maldición que no produce descargas de susto, sino indignación, y que ha dilapidado buena parte del erario público por, según denuncias de funcionarios actuales, las malas prácticas del anterior gobierno local.

En 2014, el exalcalde de ese municipio, Manuel Orlando Pradilla, suscribió un contrato por un valor superior a los 300 millones de pesos para construir y adecuar un terreno, ubicado en la vereda Las Piedras, a 15 minutos del casco urbano de esta localidad nortesantandereana, donde se empezó a levantar el camposanto que sucediera al que las autoridades sanitarias ordenaron cerrar por haber cumplido su ciclo útil.

Las obras estaban proyectadas para un período de seis meses. Al cabo de este tiempo, el presupuesto se agotó sin que se concluyera la construcción. La situación de insolvencia obligó a que esa administración municipal emprendiera ocho procesos administrativos con diferentes objetos contractuales, pero que le apuntaban a un mismo norte: adecuar un nuevo espacio con las mínimas condiciones de salubridad que ofreciera un descanso digno para sus difuntos.

A pesar de la inversión de más de 1.000 millones de pesos que fueron desembolsados durante la ejecución de estos acuerdos contractuales, la actual administración recibió un área construida de 600 metros cuadrados, representados en una estructura en concreto de 40 bóvedas, una portería y el edificio de una capilla, sumido en un abandono que espanta a cualquier incauto.

Sin embargo, lo que más consternación produjo al equipo de trabajo entrante de la Secretaría de Planeación fue que este proyecto arquitectónico se concibió sin contar con un plan de construcción y sin respetar los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, que no permitían la adecuación de un cementerio en este sector del municipio.

“Debido a estas irregularidades encontramos una serie de obras inconclusas, que carecen de documentación legal, necesaria para materializar determinados contratos (…) También faltaba certificación del POT, porque no está contemplado en este esquema de ciudad. A nosotros tampoco nos entregaron un plano, ni tampoco de manera protocolaria el cementerio, por lo que desconocíamos en qué etapa iba”, aseveró Elkin Caballero Ramírez, actual alcalde de El Zulia.

Ante esta maraña de irregularidades, el mandatario ordenó la reactivación de los trabajos de construcción con una inversión de 80 millones de pesos, con los cuales se proyecta ampliar el lote de bóvedas, con unas dimensiones particulares de 70 x 70 centímetros, que se ajusten a la normativa, no como las criptas que dejaron construidas incumpliendo los mínimos legales para albergar un cuerpo, pues su tamaño es inferior a lo exigido por la ley.Con la reanudación de los trabajos, el gobierno de Caballero espera que este sitio para el descanso eterno de las almas se inaugure antes de finalizar el año, siempre y cuando el Concejo avale en noviembre próximo el estudio de suelos y conceda el permiso para su funcionamiento.

Esta pavorosa situación, cargada de anomalías, fue descubierta por un grupo de veedores que, advertidos por funcionarios del Ministerio Público, centraron sus indagaciones no solo en la contratación irregular del nuevo campo santo, sino en otros procesos contractuales, en temas vitales como salud, servicios públicos y educación, en los que también se hallaron rastros de corruptos.

A medida que detectaban el brote de una anomalía, estos ciudadanos elaboraban un acta en la cual detallaban el origen y la consecuencia de la reseñada práctica para las arcas de esta población, de 23.000 habitantes. Los documentos fueron remitidos a la Contraloría y la Procuraduría, a la espera de acciones judiciales que permitan esclarecer los responsables de estos malos manejos.

“Consideramos que la investigación por parte de los entes de control ha sido muy lenta, sin embargo estamos a la expectativa del pronunciamiento frente a estas denuncias instauradas, para que la maldición de la corrupción se termine (…) Le pedimos a estas instancias que se apersonen más sobre estos temas y estén pendientes de la contratación que se ejecuta en este municipio, porque esos recursos invertidos ya han generado lo que se conoce como detrimento patrimonial”, explicó Miguel Garavito, veedor ciudadano.

EL TIEMPO intentó comunicarse en varias oportunidades con el exalcalde Manuel Pradilla -cuya candidatura fue avalada por Cambio Radical y el Partido Liberal- para conocer su versión de los hechos, pero este nunca respondió a las llamadas.

CÚCUTA