Pese a que Alex de Lima, padre de Laura de Lima, uno de los seis fallecidos en el accidente que involucra al empresario Enrique Vives, ha sido uno de los que ha expresado su negación a cualquier negociación en este proceso, un documento revelado en las últimas horas demostraría que sí existió un acuerdo con esta familia para recibir la reparación económica por la tragedia que los enluta.
De Lima ha sido insistente en señalar que no aceptará dinero por beneficiar al empresario en la reducción de su condena; sin embargo, EL TIEMPO tuvo acceso al contrato de desistimiento que tiene estampada la firma de Alex De lima y otros cuatro familiares de Laura, además del abogado Alejandro Mantilla, quien los representa.
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Aceptar las condiciones expresas en este documento era un requerimiento obligatorio de la aseguradora Seguros Bolívar para entregar la indemnización a las familias de las víctimas involucradas en el siniestro ocasionado por la camioneta que manejaba el empresario samario.
En el acuerdo se pactaba un giro por valor de 140 millones de pesos, de los cuales 116 millones 200 mil pesos serían consignados en una cuenta bancaria a Alex de Lima y 23 millones 800 mil pesos, correspondientes al 17 por ciento de la indemnización, para el abogado de la familia por sus honorarios.
La defensa de Enrique Vives asevera que ambos pagos se hicieron efectivos el 17 de febrero de 2022 por parte de la aseguradora.
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En el documento firmado por Alex de Lima y los otros familiares de Laura, y autenticado el 9 de febrero de 2022 en la Notaría Cuarta de la ciudad de Santa Marta, al igual que los otros reclamantes renunciaron al ejercicio de acciones judiciales en contra de Enrique Vives Caballero en su condición de propietario y conductor del vehículo de placas MXL 186.
Cabe indicar que Alex de Lima, en todo momento, ha expresado que no está de acuerdo con el dinero que le ofrecen por la muerte de su hija, como igualmente negó que ella estuviera bajo los efectos de las drogas, como lo indicó el examen forense que realizó Medicina Legal.
En este dictamen se precisa además que María Camila Romero, también resultó positiva en consumo de marihuana.
A María Camila Martínez y Rafaela Petit, le fueron detectados 165 mililitros y 171 miligramos de alcohol respectivamente y Lenoir Romero solo 15 miligramos.
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A Juan Diego Alzate fue el único al que no se le halló ninguna sustancia alucinógena o bebida embriagante en su organismo.
A esta misma prueba de rigor que se le practicó a las víctimas debió ser sometido el empresario Enrique Vives Caballero para confirmar el grado tres de alicoramiento que informó la Policía de Tránsito al momento del siniestro; sin embargo, no se le hizo en los tiempos exigidos, en lo que se trató de un claro mal procedimiento de las autoridades.
El abogado de Vives se valió del descuido de las autoridades en este procedimiento que exige la ley cuando ocurre una tragedia con víctimas mortales, y logró desvirtuar el principal argumento de la Fiscalía para judicializarlo por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual.
En ese sentido, no se pudo confirmar de ninguna manera, de acuerdo a las evidencias que posee la defensa, que Vives Caballero estuviera conduciendo en estado de alicoramiento.
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Dicha actuación permitió no sólo retirarle la sanción por el comparendo que se le impuso al empresario, sino que motivó un preacuerdo con la Fiscalía para que fuera imputado finalmente por homicidio culposo y respondiera con una condena mínima de 92 meses, que equivalen a siete años y ocho meses de prisión domiciliaria.
Lo anterior deberá ser aprobado por un juez en la nueva audiencia que quedó programada para el 17 de junio, durante la cual se daría por cerrado completamente el proceso que cursa contra Enrique Vives Caballero.
Por Roger Urieles
Para EL TIEMPO Santa Marta
@rogeruv
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