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Lo que se sabe del joven y el menor asesinados tras intento de robo en Tibú

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Hace una semana se registró este hecho que causó conmoción. 

Andrés Carvajal
Hace una semana, la vida de dos jóvenes tomó un giro trágico tras participar en un intento de robo a un local comercial en Tibú, Norte de Santander. La comunidad los retuvo y hombres armados los asesinaron. La Policía nunca llegó y la justicia por mano propia nuevamente imperó en el Catatumbo.
La mañana del viernes 8 de octubre transcurría de manera tranquila, pero la algarabía de algunos comerciantes fue el preludio de una retención. Dos jóvenes habían sido sorprendidos en un robo y los sujetaron con cinta adhesiva para ser entregados a las autoridades.
Sin embargo, aunque las personas estaban indignadas y reprendían a los presuntos ladrones, temían un desenlace fatal que finalmente sucedió. Varios hombres armados llegaron en motocicletas y amenazaron con armas a la comunidad y secuestraron a los dos jóvenes para asesinarlos minutos después en la vía a El Tarra.
“Aquí la guerrilla siempre dice que ellos se encargan de los ladrones, aquí no hay perdón para los atracadores, por eso les ponen carteles cuando los matan”, narró una habitante de Tibú.
El atroz crimen conmocionó a los habitantes de esta población y se hizo viral en las redes sociales. Ante esto, la Policía Nacional y autoridades civiles se reunieron para analizar lo que había ocurrido.
Al término del día, la Policía Nacional ofreció 100 millones de pesos de recompensa para hallar a los miembros del Gaor 33, señalados de ser los responsables del doble crimen.
Los cuerpos de los dos jóvenes permanecieron en la morgue de Tibú. Sin embargo, la delicada situación de orden público obligó al traslado de los cadáveres hasta Medicina Legal en Cúcuta.
A este lugar llegaron los familiares del menor de edad, de quien se conoció que tenía 15 años y pertenecía a la etnia wayú en el Estado Zulia, en Venezuela. La tía y el hermano de la víctima reclamaron el cuerpo para llevarlo hasta Maracaibo. Su identidad ha sido protegida.
El menor había migrado hace dos años hasta la vereda Versalles, zona rural de Tibú, para trabajar en la recolección de hoja de coca. Pero desde hace unas semanas se había radicado en el casco urbano de Tibú.
Por otra parte, se conoció que el otro joven asesinado respondía al nombre de Jackson Enrique Arriaga, de 23 años de edad, oriundo de Mérida, en Venezuela. El cuerpo del joven, quien era padre de una menor de 3 años, no ha podido ser repatriado. Los familiares lo identificaron por un tatuaje en uno de sus brazos.

¿Hubo omisión del servicio?

El doble homicidio ha acaparado la atención de las autoridades militares y civiles, quienes adelantan varias investigaciones en el mismo caso: a las personas que estuvieron involucradas en la retención, a los uniformados por una posible omisión y a los miembros del Gaor 33.
Sin embargo, las palabras del coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Norte de Santander, generaron temor en las personas que participaron en la detención, pues temen ser judicializados o ‘ajusticiados’ por grupos armados.
Aunque en principio se informó que las autoridades no habían sido notificadas del hecho, esta versión fue desvirtuada por la comunidad, quienes denunciaron una presunta omisión del deber de los uniformados.
Esto desencadenó un relevo en la comandancia de la estación de Policía de Tibú y el envío del brigadier general Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, para avanzar en la investigación en Tibú.
De igual manera, el inspector general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Ernesto Rodríguez, se trasladó hasta el Catatumbo para liderar las investigaciones disciplinarias y conocer si las llamadas de alerta no fueron atendidas por los uniformados.
“Ellos nunca atendieron los llamados, tenían miedo de que les pasara algo porque saben que esos casos pueden ser señuelos para atraerlos y matarlos. Las motos que se llevaron a los muchachos pasaron por el frente de la estación y nadie hizo nada. Los policías tienen prohibido salir”, indicó un habitante en Tibú.
Por ahora, organizaciones defensoras de derechos humanos exigen al Gobierno Nacional y a la Defensoría del Pueblo que se esclarezca lo ocurrido y haya presencia del Estado. Los múltiples homicidios y los más de 15 ataques en tres meses contra la Fuerza Pública tienen bajo la zozobra y el terror a los habitantes del Catatumbo.
La ONU condenó el hecho e hizo un llamado para respetar la vida de niños y niñas en Colombia. Por su parte, la Fiscalía desplegó un grupo especializado de fiscales, investigadores criminalísticos y forenses para que adelanten la investigación.  
ANDRÉS CARVAJAL 
Para EL TIEMPO
CÚCUTA 

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