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Pulso entre Gobernación del Magdalena y juez por tutela falsa
Carlos Caicedo

aerzyulk

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Cortesía Movimiento Ciudadano

Pulso entre Gobernación del Magdalena  y  juez por tutela falsa 

Gerente de hospital estaría manipulando a la justicia. 

El Gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, presentará una denuncia penal y queja disciplinaría contra el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, Juan Carlos Bonnet Pérez.

El togado tramita una acción de tutela que presentó Mayra Castro Britto, exgerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay, por una falsa renuncia de su cargo.

De acuerdo al jefe de la oficina asesora jurídica de la Gobernación del Magdalena; José Humberto Torres Díaz, pese a que Castro Britto presentó renuncia voluntaria al cargo de Gerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay, posteriormente acudió a mecanismos legales por considerar que con la expedición del decreto de aceptación de la renuncia se le vulneraba su mínimo vital en su calidad de madre cabeza de familia.

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Según la Gobernación del Magdalena, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, Juan Carlos Bonnet Pérez, que le dio trámite a la tutela se ha parcializado en favor de la exgerente, hoy accionante.

Como prueba de la parcialidad del juez Bonnet Pérez, la Oficina Asesora Jurídica reveló que el pasado viernes el funcionario judicial negó la participación de la Gobernación en las diligencias de declaración jurada recibida a la accionante Mayra Castro y al Personero Municipal de Pivijay, actuación que, según Torres Díaz, pone de presente la falta de garantías judiciales.

Para el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación, no es permitido al juez decretar pruebas y después abstenerse de permitir a la Gobernación, en su calidad de parte demandada, ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

Para la Gobernación es incontrovertible la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, ostensible la arbitrariedad judicial y la parcialidad a favor a la accionante.

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Presunta manipulación  

Es censurable cómo en abierta ofensa a la conciencia humana, la señora Castro instrumentaliza a sus hijos de 6 y 3 años, recurriendo a la mentira ...

El funcionario departamental también cuestionó la conducta de la señora Castro Britto.

Ella ha manifestado ser madre cabeza de familia, cuando es un hecho de público conocimiento, que convive con el padre de sus dos hijos en un exclusivo sector de Santa Marta.

Castro Britto, en sesión ante la Asamblea Departamental del Magdalena, manifestó que 'temía por su vida, la de su esposo e hijos'. Indicio más de la inexistencia de la condición de madre cabeza de familia de la exgerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay.

La doctora Mayra vive en edificio de apartamentos y comparte vecindad con compañeros del gabinete departamental, quienes a diario se cruzan con miembros de su familia, entre otros su esposo.

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Contratos cuestionados 

nos encontramos ante una estrategia sistemática y orquestada entre algunas autoridades locales y aquellos sectores que han usufructuado históricamente los recursos de la salud

“Es censurable como en abierta ofensa a la conciencia humana, la señora Castro instrumentaliza a sus hijos de 6 y 3 años, recurriendo a la mentira con el fin de inducir el error al juez, comportamiento que configura un fraude procesal”, dice la Gobernación.

El Jefe Jurídico denunció que el 26 de mayo de 2021, quince (15) días después de habérsele comunicado la aceptación de su renuncia, la exgerente Castro Britto celebró, en representación del Hospital Santander Herrera de Pivijay, un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con Andrea Carolina Collazos Moya, esposa de Álvaro Orozco, hermano del Personero Municipal de Pivijay Ernesto Sierra Orozco, funcionario municipal, que el pasado viernes declaró a su favor, lo que evidencia un intercambio de favores con recursos públicos.

También dio a conocer que, la exgerente Mayra Castro Britto en su instancia en el centro asistencial de Pivijay, suscribió dos contratos con la hija del Juez Promiscuo Municipal de Pivijay, Laura María Bonett Daza, por concepto de prestación de servicio profesional como médico especialista en pediatría.

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El primer contrato fue el número 1995, $1.200.000 por un día de trabajo, el 23 de diciembre 2020; y el otro contrato es el 204 por valor de 8 millones 800 mil pesos, cuya duración fue desde el 21 de enero hasta el 31 de enero del 2021.

En el mismo sentido, advirtió que “nos encontramos ante una estrategia sistemática y orquestada entre algunas autoridades locales y aquellos sectores que han usufructuado históricamente los recursos de la salud”.

Roger Urieles
Especial para EL TIEMPO
Santa Marta

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