La lucha entre las bandas criminales del ‘clan del Golfo’ y ‘los Rastrojos’ por el control del negocio del microtráfico, así como la toma del poder de las rutas del contrabando de combustible y carne, ha puesto en jaque la seguridad en Cúcuta.
El problema, alimentado por la presencia del Eln en la zona, persiste a lo largo de la línea limítrofe con Venezuela, en Norte de Santander.
Varios hechos relacionados con esta confrontación armada, que ha derivado en una alta cifra de homicidios, han generado preocupación entre las autoridades locales y organizaciones civiles, las cuales alertan sobre la situación de violencia que se presenta en esta región de la frontera.
De acuerdo con cifras entregadas por la Policía, a mediados de noviembre del 2016 se habían perpetrado 277 asesinatos en esa jurisdicción, un 44 por ciento más que en el 2015, donde ocurrieron 192 muertes violentas.
El comandante operativo de la Policía, coronel Cristian Escobar, señaló que un gran número de los homicidios está relacionado con el crimen organizado y la disputa entre bandas. Se calcula que el 33 por ciento de las víctimas presentaban antecedentes que las vinculaban a diferentes delitos; incluso, varias de ellas estaban sindicadas por otras muertes.
Para el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, una de las causas principales del actual panorama tiene relación con el incremento desbordado de los cultivos de hoja de coca en el Catatumbo, que según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) a corte de 2015, es de 11.656 hectáreas, hecho que está teniendo un impacto en las dinámicas de los negocios ilegales de los diversos grupos y que ha desencadenado los hechos de violencia.
“El deterioro de la tranquilidad y del orden público es consecuencia de la presencia de diversos grupos armados ilegales, dedicados a una variedad de prácticas criminales e intereses financieros. En nuestra frontera ocurren unas actividades ilegales que generan miles de millones de pesos diarios, y eso lleva a que haya constantemente disputas y enfrentamientos”, dijo Cañizares.
El director de Progresar indicó que, adicionalmente a los homicidios que se vienen perpetrando bajo la modalidad de sicariato, hay un aumento de delitos como el secuestro exprés, que se ha hecho poco visible por la ausencia de denuncias, la extorsión y la práctica sistemática de la desaparición forzada.
“Hay una situación caótica, donde ya no se respeta nada entre estas bandas, no se respetan las fronteras, ni las visibles ni las invisibles. Hay una degradación, podría decirse, de la misma actividad criminal”, añadió el defensor de derechos humanos.
Las autoridades también han atribuido el aumento en los niveles de criminalidad a la llegada de la delincuencia venezolana, que se estaría ‘colando’ entre la multitud de ciudadanos que a diario están ingresando por la frontera.
Estas personas estarían participando en la comisión de delitos como el hurto, en todas su modalidades, el fleteo y la extorsión.
Y es que si bien en Colombia la Policía viene adelantando actividades de control con el apoyo de Migración, se tiene una colaboración muy baja por parte de Venezuela en cuanto a la verificación de los ciudadanos que desde ese país se están moviendo hacia el territorio nacional.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta, Mauricio Franco, indicó que la actual crisis socioeconómica de la ciudad, reflejada en una alta tasa de desempleo del 13,9 por ciento, también es una de las causas de fondo de la situación de criminalidad que se vive actualmente.
“Aquí está sucediendo que nuestra juventud se está viendo sin oportunidades, está desertando de los colegios, y son ellos el caldo de cultivo para las bandas criminales y la delincuencia que están en la ciudad y que terminan vinculándolos”, dijo el funcionario. Agregó que ven con mucha preocupación que gran parte de los capturados tienen edades promedio entre los 15 y 30 años.En lo que va de este 2016, de los 107 detenidos por homicidio, nueve son menores de edad.
CÚCUTA
