Así se habrían robado el 25 por ciento de la valorización en Armenia

Así se habrían robado el 25 por ciento de la valorización en Armenia

Se habrían adjudicado obras a contratista a cambio del 10 % del valor de los contratos.

deprimido o túnel de la constitucón

El deprimido o túnel de La Constitución presentó retrasos pero finalmente se entregó el año pasado.

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Alexis Múnera

Por: Armenia
07 de abril 2018 , 04:23 p.m.

En un hecho que el Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez calificó como inusual en la corrupción colombiana, se pactaron arras, una suma de 300 millones de pesos que fueron entregados por el ingeniero Fernando León Diez Cardona, representante de la constructora Diez Cardona, a Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la alcaldesa de Armenia para la época, Luz Piedad Valencia Franco. Este pago se hizo en 2014, cuando aún se tramitaba en el Concejo de Armenia un proyecto de acuerdo presentado por la mandataria para revivir el cobro de la valorización en la ciudad. 

Es insólito que antes de celebrado el contrato ahora se le entregan hasta arras en procesos de contratación, lo que faltaba

Para esa fecha y según la investigación de la Fiscalía, el esposo de Valencia ya había seleccionado al contratista al que le entregaría las 10 obras que serían financiadas con dicha contribución que finalmente fue aprobada por la mayoría de concejales a través del acuerdo 020 de 2014. Además de que le entregaría los contratos de interventoría y consultoría de diseño.

Finalmente se priorizaron 12 obras e inicialmente se contrataron diez por un total de 110.000 millones de pesos que se pagarían con los recursos de los armenios y se adjudicaron los contratos a dos uniones temporales.

Estas obras fueron licitadas en 2015 y aunque se entregaron en dos contratos diferentes, uno por cuatro obras y el otro por seis, ambos quedaron en manos de los mismos contratistas, quienes conformaron el único oferente que se presentó en las dos licitaciones.

El contrato 012 de julio de 2015 fue por 30.000 millones de pesos y otorgado a la Unión Temporal Vías Armenia integrada por la constructora Diez Cardona, Furel S.A., y Construcciones Lezo S.A.S. Y el contrato 031 de 2015 fue por 80.000 millones de pesos y otorgado a la Unión Temporal Puentes de Armenia conformada por las mismas tres firmas.

El primer contrato se celebró cuando ni siquiera se había efectuado el recaudo de la valorización. De este solo se han entregado tres obras; la intersección vial de Los Kioscos, la rehabilitación vial de la avenida Centenario y el deprimido o túnel de La Constitución.

El alcalde actual de Armenia, Carlos Mario Álvarez negoció con los contratistas solo adelantar por el momento 3 de las 6 obras del contrato 031 pues argumentó que el municipio no tenía recursos para pagar la totalidad de las obras y que el recaudo de la valorización no se ha comportado como lo diseñó el equipo de la exmandataria Valencia.

Entre 2015 y 2016 solo se recaudaron 37.880 millones de pesos cuando se esperaban 78.000 millones de pesos. De ahí que ese contrato quedó en 55.000 millones de pesos. Las tres obras que están en construcción tienen un avance inferior al 10 por ciento según la Fiscalía.

“El adelanto del segundo contrato, (unos 24.000 millones de pesos) sirvió para ejecutar las tres obras del primer contrato. Los contratos fueron formalizados sin que hubiera siquiera diseños, pues estos fueron realizados por el mismo contratista de la obra posterior a la firma del contrato, y el segundo contrato fue suscrito sin que existiera disponibilidad presupuestal”, dijo el Fiscal general.

Según la investigación de la Fiscalía, desde 2014, el esposo de la mandataria y el contratista convinieron la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a las empresas de Díez Cardona, a cambio de que se le entregara a Valencia el 10 por ciento del valor de cada uno de los contratos de obra y de interventoría, además del 100 por ciento de los contratos de consultoría de diseños.

La presunta conducta delictiva fue reconocida por el contratista Fernando Díez durante los interrogatorios dados tras su captura hace 15 días en Medellín. Su esposa, Luz Maribel Ramírez, además del reconocido empresario antioqueño Hernán Moreno Pérez, representante de la empresa Furel S.A., y los interventores Ángel José Angarita Pareja y Leonardo Lasso Aguirre, también fueron capturados y esperan que en el Juzgado 20 Penal Municipal de Medellín se les defina si les darán medida de aseguramiento como lo solicitó la Fiscalía.

El esposo de la exalcaldesa se habría reunido con los secretarios del despacho para definir el direccionamiento de los contratos. Según la Fiscalía, cuenta con pruebas de la entrega de dinero en efectivo en Medellín y Armenia, “tras el acuerdo ilícito, a los señores Sebastian Congote (gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edua) para la época) y Aura María Saldarriaga (funcionaria de la Edua) y que tendrían como destinatario final a la familia Valencia”.

De acuerdo con la evidencia, “los pagos criminales habrían ascendido a los 14.000 millones de pesos, esa suma forma parte del detrimento hasta ahora acreditado en la investigación que ascendería a 22.000 millones pesos”.

La exmandataria fue capturada en la mañana de este sábado en su casa en Armenia, junto a su esposo, tres exsecretarios de su despacho, y dos funcionarios más de su administración. Dos semanas fueron capturados los contratistas en Medellín. Los indiciados esperan la legalización de su captura en Armenia y posteriormente será la audiencia donde la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento.

Esta semana, antes de la captura, la exmandataria aseguró al término del interrogatorio al que fue citada en la Fiscalía, que no entregó el anticipo de las obras, sino que fue su sucesor, el actual alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez.

“Yo no pagué el anticipo, mis actuaciones llegaron hasta el 31 de diciembre de 2015, las actuaciones posteriores las realizó el actual alcalde de Armenia y quien entregó el anticipo cuestionado de ese contrato fue Carlos Mario Álvarez y no yo”, dijo Valencia.

Mientras que su abogado, Andrés Garzón aseguró que “le mostramos a la Fiscalía que no tienen que buscar en río arriba, que las cosas se tienen que buscar donde es, si se les perdieron 20.000 millones se les perdieron en abril de 2016 no antes de diciembre de 2015, por lo tanto hay que buscar allí porque los recursos invertidos y entregados por la administración de la doctora Luz Piedad están en las obras”.

Sin embargo, a la exalcaldesa se le imputarán los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de cinco contratos sin cumplimento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Mientras que a su esposo, Francisco Valencia se le acusa de los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir en calidad de determinador según el fiscal Martínez.

Al exsecretario jurídico, Ricardo Ramírez, se le acusa de concurso homogéneo y sucesivo de tres contratos sin cumplimento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir, al ex subdirector del departamento jurídico, Juan Sebastián Londoño, concurso homogéneo y sucesivo de dos contratos sin cumplimento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.

Al exgerente de la Edua, Sebastián Congote se le acusa de concurso homogéneo y sucesivo de tres contratos sin cumplimento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir. A la exfuncionaria de la Edua, Aura María Saldarriaga, se le acusa de peculado y concierto para delinquir. También fue capturado el exsecretario de Infraestructura, Julio César Escobar.

“Vamos a recuperar los dineros porque hay riqueza acumulada, hay actuación en extinción de dominio para este caso. Jamás pensamos que esta investigación iba a tener tanto calado, hemos traído incluso fiscales e investigadores de Bogotá para apoyar a los investigadores de aquí”, señaló el fiscal general durante una rueda de prensa que ofreció en Armenia, este sábado.

Luz Piedad Valencia

Exalcaldesa de Armenia y y excandidata al Senado por el partido Liberal, Luz Piedad Valencia.

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Redes sociales Luz P. Valencia

También se investiga si la totalidad o una parte de los dineros apropiados fueron a parar a la financiación de campañas políticas. Cabe recordar que la exalcaldesa participó en las pasadas elecciones a congreso como candidata al Senado por el partido Liberal.

La interventoría de este contrato fue entregada a la misma firma que fungió como interventora de las obras de Armenia. También investigan otro contrato por 10.000 millones de pesos celebrado entre la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua) y la Gobernación de San Andrés para ejecutar obras públicas y que fue adjudicado al empresario antioqueño Hernán Moreno Pérez, uno de los contratistas de las obras de Armenia que está detenido en Medellín.

Este medio reveló el año pasado que estos mismos contratistas ganaron otros tres contratos durante la administración de Luz Piedad Valencia, uno por más de 21 mil millones de pesos del Sistema Estratégico de Transporte de Armenia (Amable), dos otorgados en 2015 y uno a inicios de 2016. La constructora Diez Cardona también ganó la licitación para la construcción del paradero con espacio público Los Naranjos y obras complementarias por 1.260 millones de pesos en la ciudad.

Mientras que las firmas Lezo S.A.S, y Furel S.A., obtuvieron, tras integrar el consorcio Armenia Centro, la rehabilitación vial de la carrera 18 tramo sur por 9.941 millones de pesos. Y el Consorcio Calle 50 cuyo representante legal fue Fernando León Diez Cardona, obtuvo la licitación del proyecto vial y renovación de andenes calle 50 tramo II por 10.267 millones de pesos.

Cabe anotar que la Procuraduría General de la Nación también dio apertura a una indagación preliminar contra la exalcaldesa por presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública para el ajuste, diseño y construcción de vías en Armenia que fueron financiadas con la valorización. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal busca determinar la ocurrencia de una posible falta disciplinaria debido a que, presuntamente la suma de 80 mil millones de pesos, valor de la cuantía con la que se adelantó el proceso licitatorio no se ajusta a la realidad de las obras.

Qué va a pasar con las obras

Tras la polémica en la ciudad y antes de la captura de la exmandataria, el alcalde Álvarez señaló que “lo que esperamos es que salga a flote la verdad, dónde están los recursos especialmente del anticipo, que a nosotros por obligación nos tocó entregar, y también nos interesa la reparación a la ciudadanía, a mí me tocó aplazar tres obras porque no teníamos con qué pagarles a los contratista”.

El secretario de Infraestructura de Armenia, Álvaro José Jiménez le dijo a este medio que las obras continúan pese a las audiencias que se llevan a cabo en Medellín contra los contratistas. “Las estructuras para los puentes de la avenida Montecarlo ya las tenemos en Armenia, cuando se instalen tendremos un avance mayor. Además del anticipo de 24.000 millones de pesos que se les dio para el contrato se han pagado avances de obra pero se les ha amortizado el anticipo”.

Sin embargo, el concejal de Armenia, Luis Guillermo Agudelo, quien ha denunciado desde hace meses, las presuntas irregularidades en estas obras dijo que los atrasos en las obras, el dinero que no aparece y los sobrecostos denunciados son causales suficientes para decretar la caducidad en los contratos. “Si no avanzaron las obras con ellos en la calle, mucho menos ahora que están detenidos e implicados en este proceso”.  Y agregó que "el alcalde lo que no puede es dejar vencer las pólizas de buen manejo del anticipo y de cumplimiento". 

Según el concejal Agudelo, el anticipo del segundo contrato es el que está embolatado. “El anticipo ya lo habían dado cuando el alcalde negoció la suspensión de tres de las seis obras, es decir que ya se ha pagado más de la mitad de ese contrato que quedó en 55.000 millones, porque además han pagado nueve avances de obra por 9.500 millones de pesos pero estas obras avanzan en menos de un 25 por ciento y el plazo del contrato ya se venció, tuvieron que prorrogarlo”.

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