El asesinato de dos colombianos y una venezolana, que se presentó durante el pasado puente festivo en un paso irregular de la frontera con Venezuela, revivió la preocupación entre las autoridades colombianas por el recrudecimiento de la violencia en este territorio binacional.
Como Yen Rodríguez Ortiz y Javier Enrique Quintero, de nacionalidad colombiana, y Paula Betava, de origen venezolano, fueron identificados los tres cuerpos que la Policía Metropolitana de Cúcuta encontró en una trocha conocida como La Marina, en zona rural del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander.
En la escena del crimen, las autoridades encontraron un letrero alusivo al Eln, que pretendía relacionar el hecho con un acto de venganza protagonizado por esa guerrilla. Sin embargo, las autoridades atribuyeron el asesinato múltiple a la delincuencia común.
Según reportes entregados por Medicina Legal, las víctimas residían en zona de frontera, no superaban los 45 años y se dedicaban a la venta ambulante y al transporte de mercancía por las trochas.
“Esto ya es una situación reiterativa: es el resultado de una lucha entre bandas criminales por el control del territorio limítrofe. Unos le pagan a otros para matarse entre sí y así se está desencadenando una violencia que cobra vidas inocentes”, indicó Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario.
El mandatario añadió que no se puede descartar la participación del Eln en el crimen, pues su injerencia se extiende por una gran parte de los 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela.
Organizaciones sociales, como la Fundación Progresar, han denunciado la reaparición de prácticas sistemáticas como el desplazamiento, la desaparición forzada, las fosas comunes y el secuestro en este sector limítrofe.
