Guerra sin cuartel en el Cauca: 10 asesinatos en las últimas semanas

Guerra sin cuartel en el Cauca: 10 asesinatos en las últimas semanas

Líderes sociales y campesinos han sido acribillados por grupos ilegales de esta zona del país.

Homenaje a víctimas masacre en Suárez

Los habitantes de Suárez, Cauca, lloran la muerte de seis personas en 2019. De nuevo, el municipio teme acciones criminales.

Foto:

Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Por: Carolina Bohórquez
29 de abril 2020 , 09:08 p.m.

El confinamiento en las viviendas se volvió una pesadilla para líderes sociales, indígenas, campesinos y excombatientes de las Farc en el Cauca, quienes están a la zozobra y en la mira de los grupos armados ilegales de esta zona del país.

Esta región, solo en la última semana, ha sido escenario de al menos diez asesinatos contra líderes y campesinos. Uno de los casos más escalofriantes fue la arremetida con granada y disparo de fusil contra la comunidad Munchique, en el municipio de Buenos Aires, donde tres habitantes fallecieron a manos de bandas ilegales.

Las amenazas contras sus vidas obligó a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) y a los campesinos del departamento a hacer un angustioso llamado a las autoridades y al mismo Gobierno Nacional, porque en estos tiempos de coronavirus, la violencia con atentados, hostigamientos y hasta desapariciones se ha desatado.

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De hecho, uno de los indígenas amenazados en el municipio de Suárez y quien solía desplazarse de un municipio a otro para volver a su localidad de origen, y así despistar a estos violentos, no sabe qué hacer para protegerse.

“Qué es lo que yo hacía antes. Yo vivo en un punto de un corregimiento y no estaba allí todo el tiempo. Yo salía del municipio y me desplazaba a otros lugares. Lo hacía con un escolta que también es indígena porque así yo lo había pedido”, contó el amenazado, quien ahora lamentó llevar consigo una ‘lápida’.

La idea que tienen ellos es de acabarnos a todos. A todos los líderes nos están persiguiendo

El temor es tan grande en el Cauca que líderes de Buenos Aires y El Tambo coinciden que no saben qué es peor: si morir por coronavirus o la persecución que va tras su exterminio.

La Defensoría del Pueblo adelanta conversaciones con miembros de la Fuerzas Militares para realizar misiones humanitarias de rescate, como la que encabezaron la semana pasada al sacar por helicóptero a ocho personas amenazadas de muerte en zona rural de El Tambo.

La situación es compleja porque las víctimas ahora están en sus casas confinados y los homicidas tienen la certeza de que se encuentran allí.

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Ese fue el caso del líder Hugo de Jesús Giraldo, defensor de derechos humanos asesinado en zona rural de Santander de Quilichao, quien, además, era miembro del movimiento Marcha Patriótica.

Giraldo era amigo del también dirigente social Mario Chilhueso Cruz, presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios (ASTCAP) del Naya, quien fue asesinado el domingo 19 de abril, en zona rural de Buenos Aires.

Por este crimen, el Eln, en una misiva, señaló que los autores habrían sido presuntas disidencias de Farc e indicó que los frentes ‘Carlos Patiño’ y ‘Jaime Martínez’ estarían detrás de asesinatos de más personas por lo que el grupo guerrillero anunció una acción de "exterminio" contra estos últimos.

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Los otros campesinos asesinados fueron Teodomiro Sotelo, del consejo comunitario Afrorenacer del Micay, y Andrés Cancimance Burbano, esposo de una dirigente; ambos crímenes sucedieron en zona de Honduras, área rural de El Tambo.

En esa semana, los dirigentes de la vereda Agua Clara, Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo, del corregimiento San Juan del Micay, en El Tambo, fueron ajusticiados a la vista de la comunidad que imploró a los desconocidos que no les dispararan.

La Policía y las demás autoridades en El Tambo atribuyeron estos tres últimos hechos a presuntos disidentes del grupo ‘Carlos Patiño’ de la desaparecida Farc.

Pero la lista de muerte sigue. En la vereda Loma Larga Bajo, en el municipio de Almaguer, fue asesinado el viernes pasado, el también líder Floro Samboní. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda a donde llegaron hombres con fusiles y le propinaron varios disparos.

“La idea que tienen ellos es de acabarnos a todos. A todos los líderes nos están persiguiendo. Entonces, nos tocó dejar nuestras familias, dejar todo lo que hemos trabajado por tanto tiempo y dejarlo todo botado y salir solo con la ropa del cuerpo”, sostuvo el líder sobreviviente.

Un río de sangre

En zona rural de El Tambo se encuentra el cañón del río Micay, donde los ocho amenazados que pudieron ser rescatados por la misión humanitaria de la Defensoría y las Fuerzas Militares se venían ocultando.

Es uno de los pasos que los grupos armados utilizan para el tráfico de droga y armas hasta llegar a aguas del mar, en el Pacífico.

Este territorio también se conecta con el municipio Argelia y fue entre esta localidad y El Tambo donde hace dos años se registró la masacre de siete personas, dos de las cuales eran excombatientes de las Farc en ese cañón del río Micay. Esos asesinatos ocurrieron dentro de la ‘guerra sin cuartel’ entre los grupos ilegales y, pese al coronavirus, estos enfrentamientos no cesan. De hecho, la semana pasada también
hubo un hostigamiento en zona del municipio Corinto, en el norte del Cauca.


Fuentes de la Defensoría y de la Fuerza Pública señalaron que se siguen evaluando esas misiones de rescate, pero no son sencillas y toman tiempo que no tienen los amenazados, primero porque las condiciones geográficas del Cauca, en medio de zonas montañosas, hacen que sean todo un desafío, teniendo en cuenta que se pretende sacarlos con vida y evitando que se los lleven, como le ocurrió al líder Angulo.

Solo la misión por los ocho amenazados de esa semana de horror que se ha vivido en Cauca duró unas nueve horas para llegar al lugar donde se encontraban en el cañón del Micay y desde donde pudieron comunicarse, porque ese es otro factor, lograr avisar a las autoridades y a organismos, como la Defensoría.

“En esta región tenemos un problema por la disputa de estos grupos armados, que generaron el desplazamiento en meses anteriores de más de 700 personas”, dijo el defensor del Pueblo del Cauca, Jaír Muñoz.

CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
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