“¡Paremos esto, que es una barbarie!”, fue el mensaje que el país entero envió el viernes pasado, con las gigantescas marchas que rechazaron la matanza de líderes sociales.
En 57 ciudades de Colombia y 53 del exterior, cientos de miles de personas participaron en plantones y marchas de protesta por los asesinatos. En Colombia, 982 líderes sociales han sido amenazados en el último año, y la Defensoría del Pueblo ha informado que desde enero de 2016 al 30 de mayo de este año, han sido asesinado 482 líderes.
Una de las organizaciones que participaron en las marchas fue Minga, entidad de derechos humanos que dirige una de las activistas más conocidas y respetadas del país: Diana Sánchez. Ella, además, hace parte del comité de impulso de la mesa social para la paz. Es también la coordinadora del programa ‘Somos defensores de la paz’.
Diana tiene una maestría en análisis político del Externado y un diplomado de la Universidad de Ginebra en acción humanitaria y derechos humanos.
¿Quiénes son los llamados líderes sociales?
Tenemos una dificultad como sociedad y es que lo que no existe en una ley pareciera que no existiera; pero en la realidad, en el sentimiento y en la cultura cotidiana, sí existe. Un presidente de junta de acción comunal es un líder, ¿por qué? Porque tiene un liderazgo en su territorio; cuando llega una empresa a intervenir, ¿a quién buscan? Al presidente de la junta. Cuando llega la guerrilla, ¿a quién busca? Al presidente de la junta. Él es quien lidera esa comunidad para solucionar sus problemas, es un concepto que se va construyendo.
¿Por qué los están asesinando?
Porque enfrentan los poderes reales en los territorios, llámense mafias, o contrabandistas de gasolina, o por narcotráfico o por minera ilegal.
¿No es que haya una organización de asesinos de líderes comunales o sociales?
No, no hay un aparato con estructura para asesinar líderes. Lo que defienden en muchos casos son los derechos económicos, sociales y culturales, que en últimas son derecho a la vivienda, a la salud, a la carretera, a la educación, al medioambiente, a la paz.
¿Cómo definiría a los líderes sociales?
En general, son personas que están luchando por sus derechos, son personas que nacen en sectores marginados y excluidos. Lo que quieren es que se atiendan los derechos de unas comunidades que están marginadas y a las que les hace falta todo.
(Le sugerimos visitar el especial: Voces vivas; 54 líderes cuentan sus luchas y sus dramas)
¿Y qué efecto sobre la seguridad de los líderes tendrán las marchas del viernes?
Yo estoy segura de que esto que pasó el viernes es un llamado de atención muy importante como sociedad para decir: “Paremos esto, que esto es una barbarie”. Esto debe provocar que el Estado en su conjunto, que las autoridades reaccionen más porque hay que generar garantías. Estas movilizaciones inmensas, como las que hicieron los estudiantes, como la que hubo contra el secuestro, y como la que se realizó el viernes, en todas partes, recoge el sentimiento de una población. Son un paso fundamental para que el Estado vea que este es un tema serio, que es indispensable enfrentar y solucionar.
Los altos funcionarios tienen que recibir estas movilizaciones como un llamado de atención para que cambien el chip frente a la violencia. Estamos empezando a avanzar para ser una sociedad civilizada
¿Qué la hace a usted pensar que la barbarie que está ocurriendo con el asesinato de estos dirigentes cívicos puede disminuir o desaparecer por la marcha?
Los funcionarios públicos territoriales y todos en general van entendiendo que ellos tienen una responsabilidad. El movimiento de derechos humanos, al que yo pertenezco, que es pequeño pero hace bulla, insiste en que estas violencias no se pueden permitir pero están siendo legitimadas por la misma sociedad porque nunca nos habíamos movilizado masivamente para rechazar estos asesinatos selectivos. El alcalde y el policía tienen que ver con esto en su localidad. Las marchas se hicieron para entrar en las venas de un Estado que corre el riesgo de la naturalización de la violencia. Yo creo que los altos funcionarios tienen que recibir estas movilizaciones como un llamado de atención para que cambien el chip frente a la violencia. Estamos empezando a avanzar para ser una sociedad civilizada.
¿Quiénes están asesinando a los líderes?
Muchos: grupos sucesores del paramilitarismo, como en Córdoba; quienes financian a esos grupos; quienes defienden intereses económicos y políticos; los narcotraficantes, los explotadores ilegales de minerales, los excombatientes de las Farc, disidentes; los que desplazaron y ocuparon tierras. Muchos.
¿Por qué están asesinando?
Porque los líderes sociales se oponen a los intereses de estos grupos; entonces matan porque el campesino sustituye la siembra de coca. Los asesinatos de líderes se originan en la lucha por el control territorial. En otras zonas de asesinatos, como el bajo Cauca antioqueño, opera el clan del Golfo que tiene asociados en Tierralta, en el sur de Córdoba.
¿Con las marchas del viernes podría decirse que comenzó el fin de la barbarie?
Yo no podría decir eso. Lo que se busca es sensibilizar al máximo a la sociedad, desnaturalizar la violencia, no aceptar más la violencia.
Marchas en Londres contra los asesinatos de líderes sociales en Colombia.
Efe
Esto fue un mensaje a quienes están asesinando…
Sí. Cuando una sociedad calla, esa sociedad otorga. Nosotros como sociedad lo hemos permitido hasta ahora porque hemos guardado silencio, no hemos protestado contra semejante matanza. Ojalá este sea el comienzo de un proceso. Lo suponemos largo, porque tenemos unas raíces muy profundas de violencia endémica, pero ojalá sea el inicio del camino para desnaturalizar la violencia y los asesinatos.
¿Desnaturalizar?
Sí. Por ejemplo, matan a una persona en la calle, nosotros lo vemos y decimos: “pobre familia, ¿quién sería?”. Nada más. La violencia, la muerte violenta no nos sorprende. Doce mil personas asesinadas violentamente en el país cada año es inaudito, inaceptable. Y no hemos hecho nunca una movilización contra eso; nos quedamos con que Medicina Legal siga contabilizando muertes violentas.
¿Hay organizaciones que pagan sicarios para asesinar líderes?
Son grupos para seguir controlando los territorios, por muchos intereses: el de las rutas para el narcotráfico, el de la posesión de la tierra, sea para ganadería, sea para palma, sea para extracción de recursos naturales, de todas formas para acumular riqueza. Mire: en el acuerdo de paz con las Farc quedó el punto 3.4, donde se habla de garantías, y dispone de 13 dispositivos jurídicos muy importantes; dentro de ellos está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; el mandato para esa comisión es crear la política de desmantelamiento del crimen organizado y ahí se llaman “sucesores del paramilitarismo”. Hicimos experiencias piloto para identificar quiénes son los financiadores de los grupos que asesinan líderes sociales, pues quien financia, mata y cada cierto tiempo cambia de sicarios.
¿Y qué se hizo con ese estudio piloto?
Nada. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha avanzado.
¿Este fenómeno de la violencia no es una conducta patológica nacional?
Claro, eso es algo que también pretendíamos con la movilización del viernes; justamente, empezar a llamarnos a nosotros mismos la atención, de decir, esto no es normal; si lo hemos visto normal toda la vida, ya llegó un punto de inflexión donde no lo podemos soportar; esto tendrá un impacto impresionante en el país. Este es un problema estructural, profundo, importante; es un llamado para que se desmonte y se desmantele el crimen organizado, que está detrás de los asesinatos, y que se deje de estigmatizar a los líderes sociales y, en general, al movimiento social en Colombia. Entonces es muy importante que el Presidente asuma generar garantías para que a las personas no las sigan asesinando ni judicializando; son muchas formas de violencia; las mujeres, por ejemplo, también están muy violentadas en los territorios y con violación y mucha sevicia.
La concentración en la plazoleta de San Francisco duró más de tres horas, tiempo en el que se realizaron distintas actividades enfocadas en la paz.
Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO
¿Cuáles son las cosas que se deberían hacer por parte del Estado y autoridades?
Dentro del movimiento ‘Defendamos la paz’, tenemos tres ejes de trabajo en los que estamos insistiendo al Estado y al Gobierno. Uno: que se cumplan a cabalidad los acuerdos de paz; ahí hay unas normas fundamentales para las garantías; dos: solucionar el problema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, que genera unos contextos propicios para que a los líderes sociales los agredan o asesinen. Y el otro: nosotros consideramos que el cierre definitivo del conflicto por la vía política es la mejor forma de ir saneando el territorio.
¿Pero, a pesar de las marchas del viernes, no es difícil convencer a un criminal para que no siga cometiendo delitos?
Sí, es difícil, pero generamos unos muros de contención, como sociedad, como autoridad y como Estado, de sensibilizarnos, de que tenemos que encontrar otras formas para ir cerrando ese cerco y que se proteja, no solamente física sino jurídicamente a los líderes sociales. Los líderes deben ser visibles.
¿Eso no supone exponer más a los líderes sociales para que los maten?
No, nosotros creemos que no, que los líderes sociales tienen que ser lo más visible posible y lo más legítimo…
¿Para que los ataquen?…
No, para tener una protección política, porque se eleva el costo político. Un ejemplo, si a mí me pasa algo, el costo político de mi vida es más alto que si yo fuera una perfecta desconocida; por eso creemos que la protección política, el reconocimiento, la legitimidad y el alto perfil valen más, inclusive, que una camioneta blindada.
En Cali, miles reclamaron el cese de la violencia contra los líderes.
Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO
Es decir, los líderes sociales tienen que seguir luchando, ¿así los maten?
Lo han hecho toda la vida.
¿En qué consisten los diálogos que ha tenido con la Ministra del Interior?
El presidente Duque firmó el 23 de agosto del año pasado, en Apartadó, un pacto por la vida y allí se comprometió a crear una política pública de protección y prevención contra las agresiones al liderazgo social. En noviembre promulgó el Plan de Atención Oportuna a líderes sociales, comunitarios, periodistas, etc., para su protección y dentro de ese plan está la construcción de una política pública. Por eso, estamos con la Ministra del Interior construyendo la ruta para ver cómo vamos a trabajar en la construcción de esa política; por ahora, tenemos una diferencia: ellos hablan de protección y prevención, nosotros hablamos de garantías, porque las garantías cobijan protección, respeto, prevención, investigación… Con la Ministra estamos acordando la metodología para construir la política de garantías.
¿Garantías de seguridad?
Sí, pero el enfoque no es militar y ahí tenemos tensiones, porque vamos a empezar a discutir; el Gobierno quiere retomar la militarización y nosotros decimos “no, la militarización no soluciona el problema”, porque está comprobado que donde hay alta militarización se complica más el contexto…
A un funcionario público que por tomar una medida haya permitido que a alguien asesinen es una persona a quien tienen que sancionar disciplinariamente
¿Entonces cómo se dan garantías de seguridad?
Todo lo que tiene que ver con reconocimiento, con investigación.
Pero eso es más con Procuraduría y Fiscalía…
No estamos satisfechos con lo que están haciendo. Debería dictarse un decreto que una a todos las instituciones del Estado para este tema del asesinato de los líderes; crear una sinergia entre los ministerios de Gobierno, de Defensa, Planeación, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría…
Pero el Procurador, por ejemplo, ha hecho varias visitas regionales por este tema…
Está bien que los funcionarios hagan movilización y prevención, pero ese no es su mandato central; el mandato es investigar y disciplinar funcionarios públicos que por acción o por omisión están permitiendo que, en los territorios, amenacen y asesinen a los líderes sociales. A un funcionario público que por tomar una medida haya permitido que a alguien asesinen es una persona a quien tienen que sancionar disciplinariamente; así como lo que hizo en Tierralta, donde suspendió y le abrió investigación al alcalde, porque no evitó la muerte de María del Pilar Hurtado.
En resumen...
Que el Estado otorgue garantías para que haya un ambiente donde la gente no tenga miedo para ejercer su liderazgo.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO