Alerta por desapariciones y atentados en el Caguán y La Macarena

Alerta por desapariciones y atentados en el Caguán y La Macarena

La Defensoría responsabiliza de acciones violentas a disidencias de las Farc y a las autodefensas.

Reunión en San Juan de Losada

La comunidad de San Juan de Losada planteó sus inquietudes ante los funcionarios del Meta y los comandantes del ejército regionales, el martes pasado.

Foto:

Cortesía Gobernación del Meta

Por: Nelson Ardila
22 de marzo 2019 , 03:34 p.m.

El artefacto explosivo lanzado por desconocidos el pasado martes, que ocasionó heridas a dos militar que estaban a pocos metros el polideportivo de la población de San Juan de Losada, donde se iba a realizar un Comité de Justicia Transicional conjunto entre las gobernaciones de Meta y Caquetá, es el último de los hechos violentos que corrobora las alertas tempranas que en los últimos diez meses ha hecho al Defensoría del Pueblo en esa zona del país.

Ese día funcionarios de los dos departamentos, comandantes de la fuerza pública y voceros de otras instituciones estaban convocadas para adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir que se sigan presentando acciones violentas como desapariciones forzadas, homicidios selectivos, atentados con artefactos explosivos, amenazas con panfletos y el reclutamiento de menores de edad, documentados por la Defensoría del Pueblo en los últimos meses.

Esas acciones violentas habían sido advertidas a través de dos alertas: la 042, en abril de 2018, en todo el municipio de La Macarena (Meta), y la 001 del pasado 4 de enero entre la zona del diferendo limítrofe de los municipios de San Vicente del Caguan (Caquetá) y La Macarena, específicamente en las veredas San Juan de Losada, Playa Rica y Cristalina, contó la defensora del Pueblo en el Meta, Ana María Jiménez.

Las acciones violentas las atribuye la Defensoría a las disidencias de las Farc, con sus frentes primero, tercero y séptimo, así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En esa apartada zona del país, el año pasado se presentaron algunos homicidios cuyas investigaciones preliminares señalan que no tiene que ver con el conflicto armado, pero el 15 de agosto pasado asesinaron a un exmiembro de las Farc.

En esos territorios se ubica la vereda Playa Rica está ubicado el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del Yari, donde hay excombatientes de la guerrilla.

En diciembre pasado desaparecieron y luego asesinaron a la psicóloga Viviana Muñoz Marín, funcionaria de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y al líder social Jesús Ignacio Gómez Ávila.

La defensora del Meta señala que desde octubre pasado hasta el martes pasado se han presentado cinco acciones bélicas y ataques con explosivos contra la fuerza pública, que generan temor entre la población al quedar en medio de los enfrentamientos cuando hay reacción de la fuerza pública.

Reunión con la comunidad de San Juan de Losada

La gobernadora del Meta, Marcela Amaya, da respuesta a las inquietudes de los habitantes de San Juan de Losada.

Foto:

Cortesía Gobernación del Meta

El 19 de noviembre le prendieron fuego a una sede de Arcal, una organización de líderes sociales de la región, no hubo heridos pero esa acción intimida como también lo han hecho los panfletos amenazantes que circularon en el mismo mes.

Desde el año pasado, en esa región, también se ha presentado reclutamiento forzado por parte de las disidencias de las Farc, según la información en poder de la Defensoría del Pueblo.

Y ante los conflictos que genera la deforestación en la zona de parques nacionales en La Macarena, la Defensoría del Pueblo, en la primera alerta, solicitó a las autoridades ambientales y locales que establezcan el plan de zonificación ambiental el uso de suelos y las rutas para las personas que están asentadas en territorio de reserva natural.

El secretario de Gobierno del Meta, Gerardo Mancera, expresó que en una reunión de la comisión intersectorial de comienzo de año en San Vicente del Caguán, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, solicitó atender la alerta de la Defensoría del Pueblo y por ello se acordó hacer un Comité de Justicia Transicional conjunto en San Juan de Losada, de las gobernaciones de los dos departamentos.

Mancera dijo que se había establecido una fecha en la primera semana de febrero, que coincidió con el operativo del Ejército en el que murió uno de los líderes más importantes de las disidencias de las Farc, Édgar Mesías Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete.

Esa circunstancia obligó a posponerla para el martes 19 de marzo pasado, cuando desconocidos activaron un artefacto explosivo contra la tropa hiriendo a un oficial y a un suboficial del Ejército, lo que obligó a suspenderla.

La comunidad no tiene claro la ruta institucional para la atención de sus servicios y no sabe si acudir al Meta o a Caquetá y eso hace que los grupos armados asuman esa presencia.

No obstante, la gobernadora Marcela Amaya, acompañada de funcionarios de su equipo de gobierno, comandantes del Ejército en la zona, delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar y el SENA se desplazaron hasta San Juan de Losada a escuchar a sus habitantes. Mientras de la gobernación de Caquetá no hicieron presencia.

Allí, la Gobernación del Meta le indicó a la comunidad que “no están solos, la presencia del Gobierno departamental está y no se van a dejar amedrentar por actos que siembran miedo y terror, y rechazó este acto terrorista que afectó a dos militares”.

Mientras que el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, señaló que “tan solo siete minutos de los niños ingresar a los colegios se produce esta acción terrorista, que es una violación flagrante a los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

Tras repudiar la acción terrorista, el general Fuentes Sandoval señaló que la misma no fue impedimento para que la institucionalidad de la mano de la Fuerza Pública llegara al territorio.

Tras la imposibilidad de hacer el Comité de Justicia Transicional conjunto, la defensora del pueblo del Meta señaló que la respuesta a las alertas tempranas ha sido favorable por parte de las distintas instituciones por la voluntad de hacer presencia, ante el gran vacío institucional que tiene los habitantes de esta región.

Explicó que se debe tener en cuenta que “San Juan de Losada está a 40 minutos de San Vicente del Cagúan y a cuatro horas de La Macarena, y quien más hace presencia es el departamento del Meta, pero la comunidad no tiene claro la ruta institucional para la atención de sus servicios y no sabe si acudir al Meta o a Caquetá y eso hace que los grupos armados asuman esa presencia”.

NELSON ARDILA ARIAS
Corresponsal de EL TIEMPO
Villavicencio
Twitter: @nelard1

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