Alcaldesa de Policarpa no se deja intimidar: borra letreros de las AUC

Los letreros alusivos a las autodefensas, pintados en fachadas de más de una decena de viviendas en el municipio Policarpa, así como en señales de tránsito y otros por la carretera de acceso a la localidad nariñense, generaron malestar entre sus 4.500 pobladores, pero, sobre todo, en la alcaldesa, Claudia Cabrera Tarazona.

Ella fue de los primeros ciudadanos en esta región del suroccidente que empezó a limpiarlos con agua y jabón, teniendo a su lado a miembros de la Policía para respaldarla en esta labor. Estos letreros fueron pintados el 10 de septiembre y recordaron la época de la violencia en la cordillera Occidental y el Alto Patía, cuando el bloque Libertadores del Sur, de las Autodefensas, al mando de Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’; Guillermo León Marín Pulgarín, alias ‘Álex’; o el ‘Doctor’, y Aníbal de Jesús Gómez Holguín, alias ‘Juan Carlos’, recorrían este territorio, infundiendo temor entre los habitantes.

Eso sucedió entre los años 2000 y 2008, cuando los paramilitares sostuvieron encarnizados combates con los hombres del frente 29 de las Farc, que bajo el mando de Jhon Acosta, alias ‘Japonés’; Jairo Cuarán, alias ‘Camilo’; Jhon Jairo Acosta, alias ‘Javier’; Groelfie Rodríguez, alias ‘Ramiro’, entre otros, se vieron obligados a replegarse hasta las zonas de Pesquería y Sanabría.

Ahora, la alcaldesa Cabrera, bajo la consigna de que unidos se derrota la violencia, y con la certeza que Policarpa no puede ser ese municipio sangriento de épocas anteriores, insistió con vehemencia: “Vamos a demostrar que los buenos somos más”.

Esta mujer, quien decidió regresar a su tierra después que intentaron asesinarla por defender al campesinado, confesó que despintar los letreros con la sigla AUC que aparecieron en algunas casas y en la vía que de Policarpa conduce a El Remolino, y a las veredas La Vega y Restrepo, no es un claro desafío como muchos ciudadanos de su pueblo lo pueden pensar, sino que es una expresión de rechazo a todo acto de violencia, venga de donde venga.

“Yo, como víctima del conflicto armado, tengo que rechazar estos hechos de violencia. Tomar mucha fuerza y decirle a la comunidad que vamos adelante y la gente me apoya”, dijo la mandataria local, quien anotó que la población ajena a cualquier machismo aprueba su actitud.

“En Policarpa no puede volver a pasar lo que ocurrió anteriormente, cuando los alcaldes eran muy permisivos”, sostuvo Cabrera, quien dijo que ella, como mujer, quiere demostrarle a su comunidad “que tiene bien amarrados los pantalones”.

Como fiel representante del género femenino en su municipio cree que es su obligación entregarle a la comunidad el mensaje de no dejarse amedrentar por los violentos, pero, sobre todo, que es su deber garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Quise demostrarle a mi municipio que no doy el brazo a torcer, que estamos trabajando fuertemente por la seguridad y la paz en esta región”, reiteró la funcionaria, quien estuvo en el ramillete de las 23 mujeres con decisión, liderazgo y compromiso elegidas por el Congreso de la Republica.

Sobre los autores de los letreros y la probabilidad de que las Autodefensas Unidas de Colombia hayan regresado a Policarpa, consideró que eso es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, y que no descartan que se trate de una amenaza contra la población civil por parte de bandas delincuenciales.

Para esclarecer estos hechos, la Alcaldesa convocó un consejo de seguridad municipal, el pasado 12 de septiembre, y otro de carácter departamental, el 14 del mismo mes.

“Avanzamos en realizar un plan de choque en todos los municipios de la Cordillera Occidental”, manifestó, y aclaró que para que el mismo sea exitoso, organismos como la Policía, el Ejército, la Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación de esta última (CTI) participarán de manera articulada en un proceso con el fin de mitigar la ola de violencia que afecta esta localidad.

Frente a los rumores de que en el Bajo Patía delinquen algunos disidentes del frente 29 de las Farc, las tropas de la Brigada 35 del Ejército informaron que adelantan tareas de control y vigilancia.

La Alcaldesa es insistente en que la comunidad no se debe dejar intimidar con los avisos que aparecieron, por lo que expresó con rigor: “Mi llamado es que denunciemos todo acto de violencia que se presente en nuestro municipio. La gente sabe que todos unidos vamos a derrotar la violencia”.

Para el secretario de Gobierno de Nariño, Édgar Insandará, los panfletos que han circulado en las últimas semanas, según las investigaciones, pertenecen a la delincuencia común que busca intimidar a la comunidad, al igual que ocupar territorios que dejaron las Farc.

Para un defensor de derechos humanos de Policarpa, que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, “la Alcaldesa se ha puesto a borrar letreros y eso es jugar con fuego, porque el municipio sigue siendo un polvorín”.

Igualmente, indicó que para nadie es un secreto que existe un grupo paramilitar: “Sus miembros están vivos, no se puede pensar alegremente que allá nada pasa, el narcotráfico y la minería ilegal en el río Patía no se han acabado”.

Un informe elaborado por organizaciones de derechos humanos de Nariño confirma la reproducción de estructuras paramilitares en el departamento, pero de manera específica en la zona de la cordillera Occidental.

“Están actuando en total impunidad, haciendo pinturas en sitios públicos, advirtiendo su presencia armada y obligando a participar en reuniones a líderes para que se opongan a los acuerdos de La Habana”, afirma el documento.

Entidades como la Minga por la Paz de Nariño, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Mesa Social para la Paz, Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, entre otras, denunciaron entre los factores que ponen en alto riesgo a las comunidades la débil presencia del Estado en zonas de presencia paramilitar, la insistencia de privilegiar la erradicación forzada sobre la sustitución voluntarias de cultivos ilícitos, la negación del acceso a la justicia y persistencia de la impunidad por el Estado.

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