Piden investigar a alcaldes que no actúen ante amenazas a líderes

Piden investigar a alcaldes que no actúen ante amenazas a líderes

Llamado a organismos defensores de derechos humanos lo hicieron los mismos líderes desde Córdoba.

Líderes

La vocería de esta denuncia la tomó José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor.

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Gudilfredo Avendaño

Por: Gudilfredo Avendaño
29 de julio 2019 , 09:19 p.m.

Un llamado a organismos defensores de derechos humanos y autoridades hicieron desde Córdoba las organizaciones de líderes sociales para que investiguen y de ser el caso, sancionen a alcaldes que no tomen medidas de protección ante las alertas
tempranas que emite la Defensoría del Pueblo.

La vocería de esta denuncia la tomó José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, tras señalar que muchos de los casos de amenazas y muertes contra líderes comunitarios en ese departamento ocurren porque los mandatarios locales desestiman los riesgos pese a estar advertidos oportunamente.

"Desde las alcaldías no se están tomando las medidas de protección frente a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo lo que estaría propiciando el asesinato de personas como el caso ocurrido con María del Pilar Hurtado", dijo Ortega.

En el último año la Defensoría del Pueblo ha emitido las alertas tempranas N° 026-18 del 28 de febrero del 2018 y N° 083-18 del 25 de noviembre del 2018, con las que se conmina especialmente a las alcaldías a que se adopten medidas de prevención que permitan garantizar la integridad de los líderes sociales en Córdoba.

En las mencionadas alertas se hacía referencia puntual a los municipios de Ayapel, Buenavista, Canalete, Ciénaga de Oro, La Apartada, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Tierralta, Los Córdobas, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, donde la Defensoría del Pueblo percibió riesgos en la integridad de la población.

"Hay que prevenir que no sucedan hechos que lamentar en torno a los líderes sociales y el resto de la población civil. No es que se van a atender las alertas cuando ocurran los asesinatos. Porque los alcaldes no le están prestando la atención que debe prestarse y por eso suceden los crímenes en los municipios", sostiene el vocero campesino.

La Defensoría del Pueblo también había emitido una alerta de riesgo a través del oficio N° 010-17 A.I. del 30 de marzo del 2017 por causa de la presencia de grupos armados organizados que intimidan a la población civil mediante panfletos, grafitis, reclutamiento forzado y homicidios selectivos.

Otero, quien ayer fue notificado de la decisión del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo del orden público, relacionadas con la invasión de varios lotes en su municipio y que al parecer produjeron la muerte de la líder María del Pilar Hurtado, tendrá que enfrentar investigaciones disciplinarias en su contra.

Recientemente fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación el alcalde de Tierralta, Fabio Otero Aviléz, por presuntas irregularidades en el manejo del orden público.

El mandatario estará separado del cargo de manera provisional por tres meses, en el marco de una investigación disciplinaria que le sigue en su contra por los hechos relacionados con la invasión de varios lotes en su municipio y que al parecer produjeron la muerte de la líder María del Pilar Hurtado.

“Las amenazas contra los líderes sociales en Córdoba son hechos que se han denunciado desde hace mucho tiempo, pero que las autoridades han hecho caso omiso a eso. Esto se ha dicho en las mesas territoriales, en los consejos de paz e incluso la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo que corren las comunidades”, puntualizó José David Ortega.

Van 32 líderes asesinados

La cifra es de la Mesa Territorial de Garantías para Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos. Entre 2016 y lo corrido de este 2019 han sido asesinadas 32 personas que fungían como líderes en sus comunidades en el departamento de Córdoba.

Con lista en manos, el director de la Fundación Cordobexia Andrés Chica Durango, reveló la escandalosa cifra.

Dijo que en el 2016, mientras el país se preparaba para la reconstrucción del tejido social a través del proceso de paz con las Farc, los asesinatos contra los líderes en vez de bajar tuvieron un aumento notable.

"Entramos a una fase donde el Estado debía dar garantías y suplir su ausencia en los territorios donde esa guerrilla causó terror por mucho tiempo, pero le ha quedado grande y no ha sido capaz de garantizar la vida de los líderes", expresó Chica Durango.

Acusó a las bandas criminales de ser las protagonistas de estos homicidios y de impedir la prolongación de los procesos de liderazgos en las comunidades, al punto de infiltrar a las organizaciones comunitarias como las juntas de acción comunal.

Considera que para ser líder en determinado territorio no se requiere estar reconocido ante ninguna autoridad ni tener distinciones y medallas; solo basta con abanderar un proceso comunitario, político o social para recibir el estatus y el reconocimiento entre su comunidad.

Dijo que en Córdoba hay reconocidos 275 líderes sociales, de los cuales 70 están amenazados o tienen algún nivel de riesgo y solamente 35 cuentan con un esquema de protección por parte del Estado.

GUDILFREDO AVENDAÑO
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MONTERÍA.

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