El Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura contra el magistrado bolivarense Taylor Londoño, a quien investigan por presunto prevaricato por acción. Según la Fiscalía, Londoño favorecía a una persona procesada por homicidio y dilató el proceso por más de cuatro meses.
Londoño, quien manifestó estar incapacitado, es magistrado de la sala penal del Tribunal de Bolívar.
Mientras los dos más sonados casos de corrupción en el país, el de corrupción judicial y los sobornos de Odebrecht, tienen como protagonistas a ilustres políticos y abogados cartageneros, en la capital de Bolívar hierven los escándalos de corrupción con su actual alcalde en la cárcel y una veintena de funcionarios rindiendo cuentas ante jueces.
Los protagonistasEl expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Francisco Ricaurte, y el magistrado Gustavo Malo, ambos cartageneros, lideran, según la Fiscalía, “la organización criminal” que desde el más alto ente de la justicia sobornó a parlamentarios y gobernadores a cambio de manipular procesos judiciales.
El magistrado Gustavo Malo.
Cortesía Corte Suprema de Justicia
Según el ente investigador, esa red recibió más de 3.200 millones de pesos dentro del mayor escándalo de la justicia en la historia de Colombia.
El magistrado Gustavo Malo Fernández es quien tiene en su escritorio el proceso por 'parapolítica' contra el senador Musa Besaile, quien, según el ente investigador, pagó 2.000 millones de pesos al exmagistrado Ricaurte para borrar su historial criminal.
La otra pirámide de corrupción donde también se vio involucrado a un cartagenero es la relacionada con el escándalo de los sobornos de Odebrecht.
Se trata de Gabriel García, exviceministro de Transporte y exdirector del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien aceptó los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos dentro del escándalo de sobornos que la internacional firma brasileña Odebrecht tejió en el país para quedarse, entre otros, con el contrato de la Ruta del Sol, Tramo II, en el año 2009.
Gabriel Ignacio García Morales, acusado por caso de Odebrecht.
Nestor Gómez/ EL TIEMPO.
Pero García no actuó solo. Lo acompañó en su cruzada su amigo de infancia, también cartagenero, Enrique Ghisays Manzur, quien aceptó cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que junto a su hermano Eduardo Assad montó la firma panameña Lurion Trading, en enero del 2010, creada con el fin de blanquear los millonarios sobornos de Odebrecht.
Alcalde en prisiónPero si en el país los escándalos protagonizados por ilustres hijos cartageneros copan los titulares, en la propia capital de Bolívar las investigaciones por corrupción desfilan por el Palacio de la Aduana.
El capítulo más reciente lo protagoniza el alcalde titular de la ciudad, Manuel Vicente Duque Vásquez, quien junto con la contralora Distrital, Nubia Fontalvo, y el concejal conservador, Jorge Useche, orquestaron, según la Fiscalía, una red de corrupción.
Dicha red fue liderada por el abogado cartagenero José Julián Vásquez Buelvas, primo hermano del alcalde Duque. Son señalados de manejar a dedo la contratación de la ciudad.
Manuel Vicente Duque, alcalde titular de Cartagena.
Yomaira Grandett/ EL TIEMPO
La Fiscalía reveló grabaciones en las cuales el alcalde Duque y Vásquez Buelvas se refieren al senador liberal Lidio García como el 'Jefe'.
Dentro de la misma investigación, La Fiscalía llamó a audiencias de imputación de cargos a nueve concejales de la ciudad, quienes responderán ante un juez de garantías el próximo 24 de octubre por los delitos de cohecho, pues, según la Fiscalía, todos recibieron millonarias sumas de dinero para votar a favor de la cuestionada contralora.
Al exalcalde Dionisio Vélez lo investiga la Contraloría General de la República por el endeudamiento de la ciudad en $ 250.000 millones de pesos con crédito de la banca, para proyectos de infraestructura que todavía no se ven.
Además, esta semana continuarán las investigaciones contra la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, por la presunta venta de predios públicos en Bocagrande y el Laguito a una firma hotelera, el 23 de febrero del 2009. La exfuncionaria enfrenta los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales.
JOHN MONTAÑO
Redactor de EL TIEMPO
CARTAGENA
Comentar