En pleno pico de pandemia, y a punto de que se cumpla un año de cuando se registró el primer caso de covid-19 en Colombia, crecen los reclamos por las demoras en la toma y entrega de pruebas que se realizan a través de EPS.
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A eso se une la falta de regulación de precios a los laboratorios privados, que les facturan a particulares hasta 310.000 pesos por una prueba PCR.
Un informe de la Superintendencia de Salud indica que, de las 746.387 quejas, peticiones y reclamos contra EPS recibidos desde el 1.° de marzo del 2020 hasta el 17 de enero de este año, 91.965 fueron por temas relacionados con covid, los cuales representan el 12,32 por ciento.
La queja más frecuente entre los usuarios son las demoras en la entrega de resultados, que superan incluso los 30 días calendario. Y en segundo reglón, las demoras injustificadas para las tomas.
La alerta resulta preocupante no solo porque el país atraviesa un pico de la pandemia, con un contagio que pareciera acelerarse, sino también porque el gobierno Duque admitió que los plazos de la llegada de las vacunas se ampliaron.
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Los usuarios advierten que después de un mes de espera, los resultados que les envían sus EPS resultan inocuos ante el riesgo de que en ese lapso se pudieran haber contagiado.
Hoy hay documentadas 36.177 quejas por demoras y las cinco zonas que las concentran son Bogotá (12.992 quejas), Valle del Cauca (4.100), Antioquia (3.754), Atlántico (3.517) y Cundinamarca (1.900).
Algunas de estas regiones están en el ránquin de las que más casos de covid acumulan. En cuanto a la demora en la toma de la muestra –ya sea porque no la han programado o no han ido a practicarla–, se han registrado 38.510 quejas.
Las cinco zonas que encabezan la lista son Bogotá (14.174), Antioquia (4.989), Atlántico (3.716), Valle del Cauca (3.653) y Cundinamarca (2.299).
“Vemos que las EPS no cumplen a cabalidad sus funciones, no tienen la capacidad para prestar los servicios de manera eficaz y oportuna. Ante las demoras, los pacientes han tenido que acudir a las secretarías de Salud para que les tomen allá la prueba”, señala Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente.
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Y afirma que lo que está pasando con este fenómeno es que las EPS les están trasladando a la salud pública sus deberes, pero igualmente reciben el dinero por lo que no cumplen.
Durante esta semana, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió al tema.
“No sé qué espera Colombia para despertar de este adefesio como las EPS; no entienden la importancia de la vida y salud de sus pacientes y usuarios”, dijo el mandatario local.
Y señaló que es muy difícil intervenir en el control de la pandemia si no se cuenta con información real sobre los contagiados. “El comercio está a media marcha, mientras los irresponsables de las EPS no entregan exámenes”, dijo Ospina.
De hecho, convocó una mesa de trabajo con todos los representantes de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios.
De las 746.387 quejas, peticiones y reclamos contra EPS recibidas por la Supersalud, 91.965 fueron por temas relacionados con covid
Por su parte, Juan Gonzalo López, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a 10 EPS del régimen contributivo, aseguró que se está cumpliendo con los tiempos requeridos, “hay excepciones porque el volumen que estamos haciendo de pruebas es inmenso y le puedo asegurar que hay voluntad, una toma y una respuesta oportuna de los resultados”, indicó.
Desde cuando se inició la pandemia hasta el 15 de enero, estas 10 EPS realizaron 4'530.890 pruebas.
La falta de control en las tarifas de las pruebas es otro de los capítulos que se une a la emergencia.
Según la Resolución 1630 de 2020, que establece los valores máximos a ser reconocidos por la Adres a las EPS que realicen las pruebas para búsqueda, tamizaje y diagnóstico del SARS-CoV-2, se establece que los precios oscilan entre 60.000 y 73.800 pesos (para pruebas de anticuerpos), 216.994 y 266.903 (moleculares) y de 80.832 a 99.423 (antígeno).
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No obstante, estos precios no se ven reflejados en los laboratorios de algunas de las ciudades más importantes cuando las personas acuden a realizarse la prueba por su cuenta, ya sea porque quieren saber si tienen la enfermedad de una forma rápida o porque deben realizar un viaje al exterior.
EL TIEMPO consultó los precios que manejan –al público– los laboratorios privados avalados para realizar pruebas covid-19 en las principales ciudades del país y encontró que mientras en Medellín la prueba molecular (PCR) cuesta hasta 220.000, en Bucaramanga deben pagar hasta 310.000 pesos por esta misma prueba.
Las pruebas rápidas de antígeno y anticuerpos mantienen un precio más estándar. En el caso de Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, los valores de la primera no superan los 185.000 y los de anticuerpos oscilan entre los 60.000 y 85.000 pesos.
Los valores varían, además, si la prueba se realiza a domicilio o en el laboratorio.
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Voceros de la Superintendencia de Industria y Comercio señalan que se trata de libre mercado, por lo cual no existiría un hecho desleal en el precio destinado para la realización de estas pruebas. Además, la Superintendencia tampoco registra, a la fecha, denuncias por cobros elevados.
“Hace falta que quienes ejercen la vigilancia y el control del sistema de salud pongan y definan unas reglas más claras como el precio de las pruebas porque en una ciudad cuesta el doble que en otra y eso es falta de equidad, quien no tienen dinero no puede hacérsela y se aleja de los postulados de salud pública”, enfatiza el director de la Organización Defensa del Paciente.
MIGUEL ESPINOSA Y MARÍA RODRÍGUEZ
REDACTORES NACIÓN
