Debate en Santander por cambios a licencia ambiental de Hidrosogamoso

Debate en Santander por cambios a licencia ambiental de Hidrosogamoso

Comunidad afectada no está de acuerdo con la petición. Buscan volver la zona un espacio turístico.

Barco en Topocoro

Algunas empresas legales ya prestan el servicio de turismo a los visitantes que llegan al embalse.

Foto:

Jaime Moreno

Por: Luis A. Cárdenas Mateus
17 de junio 2019 , 12:02 p.m.

La Gobernación de Santander le solicitó al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que le permitan a la empresa canadiense Isagén modificar la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso para que se dé vía libre a los usos alternativos del embalse Topocoro.

Dichas modificaciones se harían para liberar unas áreas de la franja de protección ambiental del espejo de agua (100 metros desde la orilla), con el propósito de que se autorice la apertura de 25 accesos y zonas donde se construirían puertos, el uso de agua para consumo humano y agropecuario, turismo de naturaleza y actividades recreativas, deportes náuticos, transporte fluvial, pesca deportiva y actividades recreativas con motos náuticas.

“Nosotros ya tenemos la consultoría para la construcción de una marina pública, (...) pero una gran noticia para los santandereanos y los privados (...) es que encontramos un camino expedito y es garantizar el licenciamiento de todos los usos compatibles y aprobados dentro de la Ordenanza 038 del estudio del embalse Topocoro”, indicó el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado.

El funcionario añadió que el cambio en la licencia permitiría el desarrollo urbanístico, paisajístico y de aprovechamiento del espejo de agua, la inversión en la marina pública, que se calcula en unos $20.000 millones, acceso a senderos peatonales, avistamiento de aves, “las distintas marinas que están establecidas allí y que deben ser de desarrollo privado”.

CAII Topocoro

Lo que hasta ahora ha movido al buque es la fluctuación del agua del embalse, que por la temporada seca bajó de nivel unos 30 metros.

Foto:

Jaime Moreno

Isagén ya le había presentado a la Anla la solicitud de modificación de la licencia pero solo para que le permitiera extraer la franja de protección en el sector conocido como Las Vegas, donde se haría la marina pública con dineros de la Gobernación, pero fue rechazada.

Y ahora lo que se pretende es que se liberen todas las áreas requeridas y se permitan todos los usos que quedaron consignados en la Ordenanza 038 de 2017, en la que se establecen las actividades que se pueden hacen en el espejo de agua.

“En el caso de los accesos, su desarrollo queda sujeto a estudios de microzonificación por amenaza de riesgo, y a los recursos de las alcaldías, iniciativas comunitarias o privadas”, explicó el secretario de Planeación de Santander, Héctor Julio Fuentes.
El funcionario señaló que se espera que en tres meses la Anla dé una respuesta positiva a la petición.

¿Qué dice la comunidad?

Líderes de las comunidades afectadas por Hidrosogamos como Víctor Manuel Dulcey, representante de la Corporación Topocoro (Cortopocoro), y Humberto Patarroyo, del sindicato Sintrahidro, manifestaron que no se les tuvo en cuenta en la etapa de socialización de la modificación de la licencia en la que solo se pedía liberar un área de 2,8 hectáreas en el sector Las Vegas, donde se construiría el embarcadero público, y tampoco conocen el proyecto de la marina.

“Nosotros teníamos 150 accesos, de esos en el plan de uso del embalse se autorizaron 25 y ahora solo nos quieren dejar uno, que es el de Las Vegas, donde claramente hay un beneficio pero para los particulares. Lo que pedimos es que con la modificación se liberen todos los accesos y que apoyen a las comunidades con locales comerciales para que ejerzan actividades cerca al embalse con el fin de mitigar los impactos del proyecto de Isagén”, sostuvo Patarroyo.

Por su parte el Representante de Cortopocoro manifestó que tanto Isagén como la Gobernación han manifestado que los planes que se van a desarrollar en el embalse son para ayudar a las comunidades afectadas, pero indicó que lo que se está haciendo es para favorecer a los empresarios, quienes “compraron 4.000 hectáreas y sí tienen permisos, han hecho desenglobes y algunos municipios han cambiado los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para valorizar los terrenos de ellos, lo han enfocado hacia allá, y a nosotros no nos ha llegado nada”.

Víctor Manuel Dulcey, de Cortopocoro, quien representa a las comunidades de 54 veredas de los municipios de Los Santos, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Betulia, Girón y Lebrija, señaló que su organización no quiere ser un obstáculo para el proceso de desarrollo del embalse, pero si no solucionamos los impases le pediremos a la Anla que no modifique la licencia porque “no beneficia a las comunidades”.
Humberto Patarroyo, de Sintrahidro, indicó que las comunidades no conocen ni la modificación ni los estudios para construir la marina, algo que se debe socializar.


LUIS A. CÁRDENAS MATEUS
ADN/Bucaramanga

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