En San Vicente de Chucurí, dicen los viejos, hay dos historias sobre el agua. Una cuenta que hace años hubo una intensa sequía que puso al pueblo en aprietos, y para que retornara el líquido los pobladores llenaron un calabazo con agua bendita, le agregaron el cabello de una niña virgen y lo sembraron en la parte alta de las montañas del pueblo un viernes santo. El agua brotó y desde entonces, según la leyenda, nunca ha faltado, pero con el cambio climático y los intensos veranos los caudales a veces bajan y se han generado racionamientos.
La otra creencia popular habla sobre una pareja de indios que vivía en las montañas donde nace la quebrada que surte de agua al pueblo. Dicen que la india peleó con su pareja, tomó a sus hijos y en una balsa, generando una gran creciente, bajó y arrasó con parte del pueblo.
Desde entonces, para evitar que el indio baje, desate su furia y cause una tragedia, un sacerdote le dio un paquete de tabacos con la particularidad de que siempre que llega al último cigarro aparece un nuevo paquete.
En 1996 y 2011, creen los pobladores, el indio intentó bajar por su esposa e hijos y hubo dos avalanchas. La primera causó daños materiales, mientras que en la segunda 11 personas murieron y más de 300 terminaron damnificadas con la esperanza de que algún día los ayuden.
Ahora los chucureños, los que viven en el sector urbano y en la parte alta de las montañas, escriben una nueva historia acerca del agua, pero esta vez desde su experiencia y sobre la necesidad de conservar los bosques para garantizar el líquido y mitigar los impactos naturales por cuenta del invierno.
Estas nuevas páginas que se pueden palpar y se escriben día a día con el esfuerzo comunitario a través de los Acuerdos Recíprocos por el Agua (ARA), son un ejemplo para el país.
Desde hace cinco años, con el apoyo de la Fundación Natura y otras organizaciones internacionales, se empezaron a implementar los ARA. El objetivo de esta iniciativa es que los campesinos que tienen sus fincas aledañas a las quebradas Las Cruces, La Verde y La Seca, que abastecen el acueducto del casco urbano y algunos rurales, no intervengan los bosques cercanos a las riberas con el fin de preservar el agua.
A cambio de ello la Alcaldía y la Administradora Pública Cooperativa (APC) Manantiales de Chucurí (empresa local de servicios públicos) entregan compensaciones en especie por $200.000 anuales por hectárea a quienes se acojan a los ARA. Pero además, la iniciativa incluye que los usuarios del acueducto, de manera voluntaria, también hagan sus aportes económicos para apoyar a sus paisanos del campo.
Claudia Cecilia Céspedes Prada, jefe de Proyectos de la Fundación Natura, fue quien se aventuró a implementar los Acuerdos y dijo que los primeros años fueron de estudios, dar a conocer la metodología y lograr el compromiso de los actores: Alcaldía, empresa de servicios públicos y ciudadanía.
Finca por finca y paso a paso sobre las riberas de los afluentes “hicimos un trabajo técnico del inventario de hectáreas, consolidando la propuesta, definiendo el operador y se creó el comité veedor”. Luego, relató Céspedes Prada, la tarea fue sensibilizar a los actores sobre la problemática si no se conserva el medioambiente, “y a pesar de que era un reto no fue imposible, arrancamos y acá continuamos”, precisó la Jefe de Proyectos de la Fundación Natura.
El trabajo no fue fácil, reconoce Céspedes Prada, porque vincular a los actores a este proceso implicaba cambios en lo cultural, en las prácticas agropecuarias y era necesario el compromiso de recursos para garantizar la funcionalidad del programa.
Los campesinos que se arriesgaron a romper con su pensamiento y firmaron los Acuerdos, se “comprometieron a que si tenían bosques no los tocaban para que las zonas al lado de la quebrada se recuperen y transformen, además, quienes tengan estas zonas con cultivo lo cambiaron haciendo buenas prácticas sociales, ambientales y agropecuarias”, explicó Céspedes Prada. Mientras que quienes viven en el casco urbano y reciben el líquido las 24 horas del día y los 365 días del año, “se comprometieron, a través de la APC Manantiales de Chucurí, a entregar el incentivo y hacer un proceso de acompañamiento y asistencia técnica a los campesinos, porque no es solo una transacción económica sino un cambio cultural permanente en ellos también”, acotó Céspedes Prada.
Cuando el proyecto inició el contacto con los campesinos no fue nada fácil. Ruperto Gamboa, de la vereda Varsovia, fue “reacio” ante la propuesta porque había escuchado “que si uno firmaba el acuerdo ellos adquirían derechos sobre la finca y terminaban expropiando”.
Sin embargo, conoció de los beneficios que algunos de sus amigos empezaron a recibir por vincularse a los ARA y eso lo animó. Pero lo que definitivamente lo motivó a dar el sí “fue la importancia que reviste la conservación del agua y en mi finca todavía hay bosque, entonces dije aquí hay que empezar a hacer un pequeño aporte”.
Gamboa decidió no intervenir cinco hectáreas y media de bosque de las 30 que tiene su finca, a cambio recibió la adecuación de una hectárea de pasto a modalidad silvopastoril que incluyó la entrega de cercas, siembra de pasto y fertilización.
“Lo mío era sabana y ahora usted ve el panorama y es mucho mejor. La productividad ha aumentado”, acotó Gamboa.
Y así como Ruperto Gamboa se arriesgó, Graciela Ardila de Solano, quien tiene su finca en la vereda Varsovia, en límites con la quebrada La Verde, también se animó y hoy da testimonio del éxito de los ARA.
Graciela reconoce que cuando escuchó del proyecto sintió desconfianza “porque le decían a uno que le quitaban la finca. Luego me decidí porque vi que se iba a cuidar la montaña y yo iba a recibir beneficios”.
Esta mujer de 62 años entregó tres hectáreas en conservación y a cambio recibe anualmente $200.000 por hectárea (igual que los demás vinculados) en abono para sus cultivos. Para ella, más que la compensación, la satisface ver reforestados los bosques y que las aves que migraron volvieron. “Me siento muy bien de estar en el programa, porque al conservar los bosques hay agua, hierba que cuida el terreno y se evitan los derrumbes”, dijo.
Y los beneficios de los ARA se empezaron a conocer en todos los sectores aledaños a las vertientes, lo que motivó a que más campesinos dueños de finca se animaran a vincularse. Florentino Saavedra Corzo, cuya finca está incrustada en la vereda Varsovia, escuchó de la iniciativa y decidió hacer parte de ella porque “pienso que el agua es vital y si no la conservamos se acaba. Tenemos que ser conscientes que desde que nos levantamos estamos contaminando el agua y debemos cuidarla”.
Este campesino, quien también pasa parte de su tiempo en el sector urbano, entregó 10 hectáreas cada una valorada en $10 millones. A cambio de este “esfuerzo significativo”, dice Florentino, ha recibido incentivos para mejorar dos hectáreas al sistema silvopastoril. En ellas mantenía 10 vacas, comentó, y tras las mejoras ahora mantiene 20 y su producción aumentó.
Y como Florentino, Claudia Paola Rincón, de la vereda La Germania, entregó en conservación seis hectáreas de las 24 que tiene su finca.
“Creo que no hay nada mejor que cuidar nuestros recursos y lo que nos provee la vida”. Rincón agregó que los ARA trajeron consigo un cambio cultural en las comunidades, porque ahora se aprovecha mejor el terreno para los cultivos y se emplean prácticas sostenibles en ellos.
“Las seis hectáreas no nos han hecho falta”, dijo Rincón, y apuntó que en poco tiempo entregará más terreno, “porque nos hemos dado cuenta que en una sola hectárea producimos lo suficiente para vivir, comer, para todos los gastos y necesidades. Solo es cuestión de aprovecharlos y hacer un manejo adecuado”, acotó.
Claudia Paola, una joven ambientalista, destacó que al proyecto se vinculen jóvenes y promuevan el cuidado del medioambiente, porque “somos herederos del cambio, de la cultura de proteger y cuidar que se traduce en la palabra vida, para nosotros y para las futuras generaciones”, acotó.
Así como hay beneficios en estos Acuerdos, también hay sanciones si alguna de las dos partes los incumple.
La Jefe de Proyectos de la Fundación Natura, Claudia Cecilia Céspedes Prada, explicó que una de las sanciones para los dueños de finca es el retiro de los incentivos, aunque esto no ha sucedido aún en el Chucurí.
Hasta ahora la iniciativa de los ARA solo ha dejado buenos resultados, por lo que además de estos cuatro campesinos ya se han vinculado al proyecto 61 fincas con 59 familias, que se traducen en 1.094 hectáreas bajo acuerdo, es decir, que están libres de la intervención humana.
Beneficios y recursos del programa
Al respecto, el gerente de la APC Manantiales de Chucurí, Gabriel Amaury Durán Gutiérrez, dijo que “gracias a la gente buena de nuestro municipio este programa ha calado. Pero el éxito se debe a los productores que se han vinculado”.
En cuanto a recursos económicos, hasta ahora en el proyecto se han invertido $950 millones, una cifra baja para el beneficio al medioambiente que aportan estas familias.
Y ¿de dónde salen estos dineros?. Esta es la importancia de las organizaciones internacionales vinculadas, pero sobre todo de la voluntad de la Alcaldía y la APC Manantiales de Chucurí. La Alcaldía porque cofinancia el proyecto a través de un convenio con la APC, y la APC porque es el operador, quien capta los recursos, los administra, entrega los incentivos y brinda la asistencia técnica.
Durán Gutiérrez explicó que recibe recursos por parte del municipio por unos $25 millones anuales cuando se hace convenio. Pero además, la Alcaldía también aporta baterías sanitarias, “mientras la empresa da ayudas en especie como abonos, cocinas, materiales para arreglar la vivienda y lo que hacemos es ayudarlos y apalancarlos. Lo que buscamos es que esto genere productividad y calidad de vida en el usuario. Que ellos nos digan la necesidad y nos vinculamos a su proyecto de vida”.
La otra parte de los recursos, que es lo que cierra el círculo social de los ARA, la entregan de manera voluntaria los usuarios del acueducto del sector urbano, quienes dan una ayuda económica para que sus paisanos del campo continúen preservando los bosques.
Este proceso también fue un reto para la Jefe de Proyectos de la Fundación Natura, porque implicó una campaña de sensibilización sobre darles a conocer a los usuarios de dónde proviene el agua, “darles a entender que debemos dar soluciones a la problemática del cambio climático y esto nos hace partícipes a todos”, precisó Céspedes Prada.
El Gerente de la APC destacó que en ninguna parte del país los usuarios aportan voluntariamente dineros adicionales a su factura “y que lo hagan, así sea poco, es mucho”. Durán Gutiérrez indicó que en este proceso hay grandes aliados como los colegios, que participan con proyectos ambientales y a veces aportan entre $20.000 o $30.000. “Hay niños que dan 100 o 200 pesos, y eso es bueno porque empezamos a generar conciencia, es poner un granito de arena”.
Durán Gutiérrez dijo que se debe trabajar fuerte para evitar que haya tala de bosques en la parte alta de las montañas, porque los resultados generados a corto plazo se pueden cosechar. “Este Fenómeno de El Niño estuvimos sin racionamiento, pero hace cinco años, cuando no existían los ARA, sí lo tuvimos”. Además, no se han vuelto a registrar crecientes súbitas con afectaciones, porque no se generan derrumbes en las riberas debido a la tala de bosques que inestabilizan las laderas.
Sobre los aportes voluntarios de los usuarios del acueducto, Céspedes Prada dijo que “somos el primer municipio del país con este aporte voluntario que se ha logrado con pedagogía sobre conocer de dónde proviene el agua” y el sacrificio que ello implica.
El alcalde de San Vicente de Chucurí, Ómar Acevedo Ramírez, dijo sentirse feliz y orgulloso de contar con un programa como los ARA, porque es una forma “ejemplar” de cómo puede contribuir el sector urbano, empresarial, ambiental, “a proteger el ecosistema y lograr una compensación a los campesinos”.
Destacó que los recursos, así sean pocos, “ayudan a los campesinos que son los que más necesitan”.
Los Acuerdos Recíprocos por el Agua tienen una vigencia de cinco años que está próxima a cumplirse. Por ello, tanto campesinos como la APC y Alcaldía, quieren seguir escribiendo las páginas de esta historia, para no tener que recurrir a sembrar nuevamente el agua un viernes santo o lamentar los desastres por cuenta de la naturaleza tras el descuido del hombre.
Para ello le piden al Gobierno Nacional que así como los ARA son ejemplo para el país, puedan recibir más incentivos para sus fincas y también para sus veredas y comunidades con el mejoramiento de vías, acueductos, electrificación rural, asistencia técnica, entre otras.
‘Este es un modelo para exportar’
Enrique Maruri Londoño, director de oferta de cooperación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, calificó el proyecto ARA de “valioso” e “importante”, y dijo que podría ser replicado y llevado a otros municipios del país e inclusive a otros países del mundo.
“Aquí en San Vicente de Chucurí tenemos un modelo de pago por servicios ambientales, unos acuerdos para la preservación de las fuentes hídricas muy valioso en el que se han involucrado no solo una cantidad importante de población, sino también han sumado esfuerzos organizaciones y gobierno territoriales y es un modelo muy importante que podría ser replicado y llevado a otros municipios”, precisó el funcionario.
Maruri Londoño dijo que su visita al Chucurí hacer parte del programa ‘Saber hacer Colombia’, en el que se documentan las prácticas y experiencias exitosas del país que pueden ser replicadas en otros lugares.
“Cuando vengan nuestros socios internacionales a preguntarnos qué sabe hacer Colombia y qué ofrece en cooperación, les mostraremos este proyecto”.
El director de la Agencia destacó la base comunitaria de estos acuerdos y la corresponsabilidad que existe en ellos, en la medida en que hay individuos que conservan y otros que hacen sus aportes económicos para contribuir a esa conservación. “Son individuos que no solo piensan en su comunidad cercana sino a entender la responsabilidad que tiene con toda la comunidad. Detrás de estos modelos hay unos valores muy importantes y liderazgos que merecen cultivarse”, concluyó.
La APC podría perder la operación del programa
Pese a los beneficios y posicionamiento que podrían darle los Acuerdos Recíprocos por el Agua a San Vicente de Chucurí, el actual alcalde, Ómar Acevedo Ramírez, tendría la intención de licitar la operación de los servicios públicos (aseo, acueducto y alcantarillado), por lo que la APC podría quedarse sin su operación.
Esto, según el gerente de la APC Manantiales de Chucurí, Gabriel Amaury Durán Gutiérrez, afectaría a la ciudadanía en cuanto a que los ARA desaparecerían, y las tarifas de los servicios se incrementarían significativamente, porque si llega un nuevo operador sería un privado y “no invertiría en lo local, en la ciudadanía, porque vienen con ánimo de rentabilidad y no en invertir en lo ambiental ni social. Esto es lo que debe pensar la administración y los concejales, que una empresa comunitaria genera un espacio social y ambiental y lo que menos busca es la rentabilidad, porque las tarifas las pone la comunidad”, acotó Durán Gutiérrez.
Para la Jefe de Proyectos de la Fundación Natura el rol de la APC “ha sido clave”. Para ella el hecho de que esta organización de base comunitaria sea el operador “le ha dado luces al país, en la vía de que a raíz de su vinculación, el resto de empresas de servicios públicos están haciendo la réplica de ser operadores del esquema”. Agregó que la fortaleza comunitaria de esta organización le ha permitido, a pesar de los cambios de gobernantes, mantenerse y trascender eso. “Es un ejemplo y modelo que le da directrices al país”.
Los campesinos beneficiados por los ARA como Ruperto Gamboa opinó que “me parece desastroso y me extraña que con las expectativas que tenemos, en el caso mío, frente a nuestro alcalde, vaya hacer algo así”.
Por su parte Florentino Saavedra señaló que le parecería “muy grave” liquidarla, porque eso sería como la venta de Isagén. “Liquidar Manantiales de Chucurí es un error garrafal, porque apenas empieza a caminar, da resultados y acabarla, está mal. Hay que hacerle correctivos, pero se puede solucionar”, acotó.
En cuanto a las tarifas, el gerente de la APC dijo que actualmente el cobro por metro cúbico de agua está en 511 pesos, mientras que un privado “podría llevarlo hasta el máximo autorizado, que serían 2.000 pesos”.
Y otro de los beneficios que perdería la comunidad, según Durán Gutiérrez, es que como la APC pertenece al sistema solidario, los excedentes que genera la empresa se reinvierten en la misma comunidad. “Ya se han construido aulas de clase en colegios, además se han dotado con equipos de cómputos, televisores, material didáctico, entre otros”, sostuvo el gerente.
El alcalde desmintió la idea de licitar los servicios públicos para entregárselos a un operador privado, además, destacó la labor que ha venido desempañando la APC Manantiales de Chucurí.
Sin embargo, indicó que es necesario que haya una mejoría o que se revisen seis puntos para darle continuidad al convenio de operación de los servicios públicos.
“El municipio es el dueño del 100 % del capital, por lo tanto nosotros deberíamos estar por derecho propio en la junta directiva, en el consejo directivo, eso garantizaría la proyección de los servicios públicos”, dijo Acevedo Ramírez, y agregó que para ello la APC debe modificar sus estatutos.
El Alcalde también sugirió que las sanciones por mala prestación del servicio recaigan en el operador y no en las arcas del municipio; que haya compensaciones hacia el municipio por parte del operador en cuanto a capacitaciones, bienes o servicios; y que la APC se haga cargo de los gastos que por servicios públicos debe pagar el municipio como por ejemplo “el pago de más de $1.000 millones que pagamos en servicios por los colegios, o que se haga cargo de un parque y lo sostenga”, concluyó el Alcalde.
El abogado, especialista en gerencia pública y magíster en derecho administrativo, Luis José Escamilla Moreno, calificó de una “torpeza” la solicitud del alcalde de pertenecer a la junta directiva de la APC y ser su presidente, porque eso le traería una inhabilidad jurídica.
Esta se daría, según explicó Escamilla Moreno, porque él firmaría el convenio de operación de los servicios públicos como alcalde con la APC y a su vez lo firmaría como representante del operador, él sería parte y contraparte y eso, jurídicamente, no se puede.
En cuanto a la viabilidad de la APC, Escamilla Moreno dijo que precisamente el Ministerio de Ambiente, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría y la Contraloría, sugirieron crear esta figura para los municipios, porque “cuando el municipio, en el caso de San Vicente, manejaba la prestación de los servicios tenía pérdidas por más de $2.000 millones, y con la APC no sólo se ahorran esos $2.000 millones sino que actualmente deja excedentes por más de $400 millones”, explicó.
En ese sentido, recalcó Escamilla Moreno, no se debería cometer el error que cometió la anterior administración, cuando sacaron sin justa causa al gerente para nombrar a uno nuevo, “quien hizo que en menos de 10 meses la empresa pasó de tener ganancias por $300 millones a tener pérdidas por ese mismo valor”.
Por ahora, la Alcaldía firmó un convenio por cuatro meses aproximadamente para que la APC continúe operando los servicios públicos, mientras, según el Acalde, la empresa atiende las sugerencias que hizo.
La propuesta del Acalde ha generado rechazo en la ciudadanía, sobre todo en los sectores ambientales y sociales, quienes no ven con buenos ojos que llegue a administrar los servicios públicos un operador privado, que además no sería del municipio y menos de base comunitaria.
San Vicente de Chucurí tiene 1.094 hectáreas en conservación
En los cuatro años de los ARA se han vinculado 61 predios de 59 familias que aportan 1.094 hectáreas a la conservación.
De estos terrenos, 495 hectáreas de bosques se recuperaron y pasaron de pastizales o cultivos a un proceso de cobertura natural. Las 599 restantes son cultivos de café, cacao o pastizales que ahora tienen un manejo agroforestal, silvopastoril y son amigables con el ambiente.
Los incentivos que reciben los campesinos se dan en especie como abonos, cercas, semillas, baterías sanitarias y pozos sépticos, que van de acuerdo con sus proyectos económicos y enfocados a la preservación.
Actualmente los ARA están a cargo de la APC Manantiales de Chucurí, que capta los recursos voluntarios de los usuarios del acueducto y se encarga de entregar las compensaciones a los campesinos vinculados al proyecto.
Los datosRespaldo de Ley
La Ley 99 de 1993 y el Decreto 0953 regulan la iniciativa de pagos por servicios ambientales en el país. Hasta ahora la experiencia de San Vicente de Chucurí es la más fuerte de todo el país y ha servicio de modelo para que se empiecen a implementar en otras localidades. Zapatoca, municipio que ha sufrido por agua, ya empezó el proceso de implementación de los ARA.
La conservación
Los municipios del país deben invertir el 1% anual de sus presupuestos en conservar el ambiente.
Luis Alfonso Cárdenas
ADN BUCARAMANGA
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