Después de 18 días de paro cívico en el Chocó el Comité Cívico que promovió la protesta y la comisión del Gobierno Nacional encabezada por Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia de la República, llegaron a un acuerdo para levantar el paro, según lo anunció el alto funcionario.
"Queremos destacar el carácter pacífico de la protesta en el Chocó y la forma respetuosa y responsable con la que afrontaron la negociación", añadió Prada.
En el acuerdo, el Gobierno se comprometió a invertir, inicialmente con 440 mil millones de pesos, en la pavimentación de las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín hasta 2022. Los recursos restantes para la culminación de ambas vías –estimados en $ 280.000 millones de pesos– serán priorizados en la elaboración del marco fiscal de mediano plazo de la vigencia del año 2018.
El Gobierno, además, aceptó definir la situación de Belén de Bajirá, un territorio de 2.500 kilómetros y de 16.000 habitantes que lleva más de 15 años siendo disputado entre Antioquia y Chocó.
Según el acuerdo, se invertirán 84.726 mil millones de pesos en los diseños, interventoría, construcción y dotación del Nuevo hospital de Tercer Nivel. Los recursos también incluyen el saneamiento y dotación del actual Hospital San Francisco.
Además, la Construcción de hospitales de mediana complejidad en los municipios de Riosucio, Itsmina, cofinanciados por el departamento, y adecuación del hospital de Bahía Solano.
El Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó y el Gobierno se comprometieron a reactivar las mesas temáticas presididas por los ministros y las cabezas de los sectores pertinentes.
“Hemos escuchado a la comunidad y nos comprometimos a continuar avanzando en el desarrollo de los proyectos sociales que el Chocó necesita y merece”, concluyó Prada.
“El paro no se levantó, se suspendió hasta ver el cumplimiento del Gobierno Nacional, de lo contrario, el Chocó vuelve a paro. El tiempo no lo pusimos nosotros, son las fechas que quedaron pactadas en el cronograma que firmó el Gobierno”, advirtió Leonardo Montoya, miembro del Comité por la Salvación y la Dignidad del Chocó.
En BuenaventuraPor su parte, después de 11 días de paro cívico, se reanudó el viernes en Buenaventura la mesa de diálogos entre el comité ejecutivo del movimiento y los delegados del Gobierno Nacional.
Narcilo Rosero, uno de los voceros del paro en este puerto en el Pacífico colombiano, expresa que una condición previa para iniciar la discusión de ocho puntos sociales es la declaratoria de emergencia. Esto permitiría, dice, asegurar recursos y mecanismos ágiles para avanzar en la solución de las necesidades.
Pero otra cosa plantea la Procuraduría. Justo cuando se reinició la mesa de conversaciones y se esperaba declaratoria de emergencia, se conoció un concepto del Ministerio Público advirtiendo que los riesgos de que esa medida no pase la revisión de la Corte Constitucional.
“Si para el presente caso se hiciera uso de los estados de excepción, y luego la Corte Constitucional declarara su inexequibilidad y la de las medidas adoptadas a su amparo, no se habría avanzado en las soluciones reales, sino que, por el contrario, solo se habría logrado retardar la operatividad de las vías adecuadas para conjurar la crisis”, señala el concepto de la Procuraduría.
También el viernes se registraron nuevos incidentes en la salida de Buenaventura y se informó de dos menores atendidos en una clínica, por complicaciones por gases lacrimógenos activados por el Esmad de la Policía, para despejar una vía.
Los disturbios se presentaron después de un receso de dos días en los diálogos de los líderes del paro con la comisión del Gobierno.
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