Una lluvia de denuncias por posibles irregularidades recayeron en un convenio de 9.800 millones de pesos firmado por la Alcaldía de Ibagué y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), seccional Tolima.
El objeto del convenio, firmado en mayo pasado, es la actualización catastral de los 176.402 predios urbanos y rurales de la ciudad.
Las denuncias, que abundaron en una sesión del Concejo de Ibagué, van desde la contratación del personal (302 personas) con posible recomendación o 'padrinazgo' político, atrasos en la ejecución del convenio e incumplimiento de los principios de planeación y planificación, entre otros.
“Pedimos la liquidación del convenio y aplicación de las pólizas de garantía por el incumplimiento de parte del Igac”, afirmó la concejal Linda Perdomo, mientras que el concejal William Rosas denunció ausencia de planeación y planificación.
Las denuncias van desde la contratación del personal con posible ‘padrinazgo’ político, atrasos e incumplimiento
Aunque no dio nombres, William Rosas aseguró que “todos los ciudadanos que quisieran trabajar en la actualización catastral, debían tener recomendación política de un partido tradicional”.
Agregó que "algunas personas se acercaron al Concejo a denunciar que para trabajar en la actualización catastral, debían tener el aval de un congresista".
El Igac, que ya recibió la mitad de los recursos, es decir 4.500 millones, no estaría cumpliendo el objeto del convenio pues el avance en la ejecución es de un 25 por ciento y lo grave de todo esto es que la actualización no estaría lista este año con lo que no se podría aplicar en 2018.
“Sin actualización de predios, el municipio no obtendría los ingresos planeados en el impuesto predial el año venidero”, aseguró el concejal Rosas y agregó que “la plata del convenio se la gastaron en burocracia, pues contrataron 302 personas, a las que ni siquiera les pagan de acuerdo con las condiciones pactadas en un comienzo”.
Otra denuncia es que tampoco hubo convocatoria abierta ni pública y a esto se suma la contratación por parte del Igac de personal no idóneo para realizar las tareas de actualización.
Además, el estudio catastral no contempla un tratamiento especial para las zonas de escasos recursos.
El concejal Jorge Bolívar habló de posibles sobrecostos, pues, inicialmente, el convenio había sido proyectado en 1.000 millones y “terminó costando 9.800 millones de pesos”.
“La Alcaldía está gastando todo ese dinero en contratación de personal y, además, le paga al Igac un trabajo que es responsabilidad de esa entidad”, señaló Bolívar y pidió investigación inmediata de los organismos de control.
Mauricio Mora, director del Igac en Tolima, se defendió de las acusaciones al señalar que existe avance en la ejecución del proceso y aclaró que son 280 las personas contratadas.
Explicó que la primera etapa del proceso, la de asignación, va en el 60 por ciento. La segunda, que tiene que ver con la validación de la información, va en el 90 por ciento por lo que queda faltando la grabación y digitalización que está en el 20 por ciento y corresponde a lo último que se ejecuta del convenio.
El funcionario le solicitará a la Alcaldía seguir trabajando el año entrante pues existen dificultades en la consecución del personal de reconocimiento, que debe ser capacitado, de experiencia y con perfil en área de ingenierías, “lo cual no ha sido fácil conseguir”.
Sobre las denuncias de recomendados políticos, afirmó que “a mí me han matriculado en un movimiento político, pero no estoy matriculado con ningún movimiento político”.
Aseguró que la selección del personal fue transparente, mediante convocatoria en la página del Igac.
“Le pido al Concejo de Ibagué que precise el tema de los padrinazgos y recomendados políticos, que diga quién influenció en la contratación del personal”, señaló Mauricio Mora.
IBAGUÉ
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