Una denuncia penal formuló este martes el reconocido abogado Jaime Lombana en contra del Fiscal 37 de la seccional de delitos contra la Administración Pública, Andrés Cornelio Martínez, por la presunta interceptación ilícita a llamadas telefónicas entre abogados y sus defendidos, material que entregó como pruebas dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de 18 concejales del municipio de Floridablanca (Santander) por posibles irregularidades en la elección del Contralor y el Personero de esa población.
De acuerdo con el jurista, quien representa a varios de los cabildantes y también se vio involucrado, el propio funcionario del ente investigador reveló como prueba el pasado mes de julio en una audiencia concentrada ante el Juez 15 penal de Control de Garantías, varios informes del CTI donde contemplaba las conversaciones, hecho que calificó de ilegal y una “falta grave al debido proceso”.
“Es violar el derecho esencial a la defensa, la mínima relación de confianza y confidencia entre un defendido y su abogado. Este fiscal incurrió en una falta y que está probada, porque esas grabaciones se las presentó a un juez para solicitar la privación de libertad de unos concejales, basado en una prueba ilícita, ilegítima”, dijo Lombana.
El abogado señaló que se espera que la misma Fiscalía adelante una investigación en la que se establezca si se trata de un acto antijurídico y se haga la respectiva imputación al fiscal del caso, Andrés Cornelio Martínez.
"A ese Fiscal lo deben investigar por estar 'chuzando' y escuchando a abogados" , añadió el jurista.
Dentro de este proceso penal, el ente acusador ya imputó cargos contra los cabildantes según su grado de responsabilidad.
Por la elección del cargo de Contralor, la Fiscalía solo le atribuyó cargos a la mesa directiva del Concejo de Floridablanca en el 2016 por prevaricato por omisión y fraude en documento procesal. Por la designación de Personero, a los 18 cabildantes se les inculpó el cargo de prevaricato por omisión. El único concejal exonerado para esta diligencia fue el concejal Salvador Molina.
En esa audiencia de imputación de cargos, el Juez 15 de Control de Garantías consideró no enviar a los concejales a prisión, mientras avanza el proceso investigativo.
BUCARAMANGA
Comentar