Cuatro exfuncionarios de alto rango de la pasada administración municipal de Ibagué fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención carcelaria por supuestamente pedir una coima de 70 millones de pesos durante el proceso de contratación de los estudios y diseños para la remodelación del estadio de fútbol Manuel Murillo Toro, obra necesaria para la edición 20 de los Juegos Nacionales (2015).
La suma la exigieron para modificar el concurso de méritos y de esa manera favorecer a una firma contratista durante el proceso licitatorio, que se cumplió en julio de 2013.
La medida de aseguramiento la profirió el Juzgado Sexto Penal con Función de Control de Garantías contra el exsecretario de Infraestructura de Ibagué, Jorge Alberto Pérez Díaz, a quien le imputaron los presuntos delitos de concusión, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
A la cárcel también fueron enviados los abogados asesores de la oficina de contratación de la pasada administración municipal, Leonardo Bastidas, Jhon James Perdomo y Raúl Navarro Jaramillo. Les imputaron los presuntos delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos.
Durante las audiencias, en el Palacio de Justicia de Ibagué, se conoció que todos intervinieron en el direccionamiento de un contrato de 560 millones de pesos que tenía como fin modernizar el estadio y, de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, la Fiscalía considera que el exsecretario de Infraestructura se habría apropiado de 70 millones de pesos por favorecer al contratista Rigoberto Rugeles Bernal.
La Fiscalía señaló que los abogados Bastidas, Navarro y Perdomo, “se dedicaron a contactar a Rigoberto Rugeles Bernal para informarle del concurso de méritos para la elaboración de los estudios y diseños del estadio Manuel Murillo Toro”.
Se dedicaron a contactar a Rigoberto Rugeles Bernal para informarle del concurso de méritos para la elaboración de los estudios y diseños del estadio Manuel Murillo Toro
Como el proceso fue declarado desierto, los 3 abogados volvieron a contactar a Rugeles y le informaron que habría nuevo concurso, pero, por suministrarle información del proceso, a cambio le exigieron el 5 por ciento de los costos del contrato.
En la escena apareció Jorge Alberto Pérez, exsecretario de Infraestructura de Ibagué, quien en ese entonces hacía parte del comité técnico evaluador de ofertas de la Alcaldía, que también se dedicó a contactar al ingeniero Rugeles Bernal y le solicitó el 10 por ciento del valor del contrato, pero finalmente acordaron el 8 por ciento.
No contento con esto, y para autorizar una adición presupuestal de 242 millones de pesos, el exsecretario pidió 30 millones más, con lo que la coima se elevó a los 70 millones de pesos, que recibió en pagos mensuales de 10 y 50 millones de pesos.
Panorámica del estadio Manuel Murillo Toro,d e Ibagué.
Archivo EL TIEMPO
A toda una serie de falsificación de documentos relacionados con la idoneidad y capacidad técnica de la firma contratista, se suma que el contrato de estudios y diseños no tuvo interventoría y las funciones de supervisión las ejerció el mismo exsecretario de Infraestructura, de quien la Fiscalía reveló que es propietario de 7 tractomulas que cuestan más de 3.500 millones de pesos.
La historia de estas coimas la destapó el ingeniero que ganó el contrato, Rigoberto Rugeles Bernal, quien decidió acogerse al principio de oportunidad y sus pruebas enredan a los 4 exfuncionarios, quienes fueron recluidos en la cárcel Picaleña, de Ibagué.
Es importante señalar que los detenidos no se acogieron a los cargos imputados y decidieron apelar la medida de aseguramiento.
IBAGUÉ
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