10 años cobraron impuesto ilegal

Un tributo que fue creado en el año 2006 por la Asamblea de Boyacá, acaba de ser tumbado por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Se trata de una ‘tasa’ que el departamento venía cobrando ilegalmente a los contribuyentes, quienes cada año, a la hora de realizar el pago de su impuesto vehicular, debían pagar adicionalmente un salario mínimo diario legal vigente, que en cifras de hoy serían 22.982 pesos.

La ordenanza establecía que dicha tasa debía cobrarse “por el servicio de sistematización y asistencia al contribuyente para el cumplimiento de las obligaciones de liquidación y pago de los impuestos sobre vehículos automotores y registro en el Departamento de Boyacá”.

En últimas, y según expuso la defensa de la Asamblea, era un cobro que compensaba los gastos asumidos por el Departamento, al prestar el servicio de liquidación, suministro de formularios, adecuación de la plataforma de tecnología, entre otros, para que los usuarios pudieran finalmente realizar esos pagos.

“Pero el Tribunal encontró que esa tasa vulneraba la Constitución Política porque no había una ley previa aprobada por el Congreso que autorizara su creación, así que proferimos sentencia declarando la nulidad de la ordenanza 032 de 2006”, explicó el magistrado Luis Ernesto Arciniegas.

Aunque la ordenanza denominó a esa contribución ‘tasa’, el Tribunal encontró que en realidad se trataba de un impuesto, pues una tasa se cobra por un servicio y se revierte en la mejor prestación del mismo, mientras que el impuesto es una contribución que se cobra, no por la prestación de un servicio, sino para financiar obras y gastos de carácter general, y en eso precisamente se invertía.

Se presume que en el cobro que se venía realizando desde hace 10 años habrían sido recaudados al menos unos 25 mil millones de pesos (ver gráfico), que entraron al arca común para financiar gastos.

Aunque esta decisión es en primera instancia y podría ser apelada ante el Consejo de Estado, el Tribunal ha ordenado a la administración departamental abstenerse de cobrar el tributo, y se cree que la decisión podría ser ratificada por el Superior, como ya pasó en Risaralda.

Adicionalmente se abre otra puerta, pues quienes están al frente del proceso estarían pensando en iniciar acciones legales, como una acción de grupo, para que el departamento haga el reintegro de los dineros a quienes pagaron el tributo durante estos 10 años.