Ilegalidad afecta calidad de los materiales de construcción

“En la medida en que los mineros no sean legales, la calidad del material es menor y eso tiene riesgos para las construcciones”. Así lo afirmó ayer en Armenia el director general de la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, (Asogravas), Carlos Fernando Forero.

Para el ingeniero Forero, esto es un factor para tener en cuenta en el Quindío, pues es un departamento que se encuentra en alto riesgo sísmico, pero los constructores no siempre lo toman en cuenta y, según Forero, por ahorrar recursos, sacrifican la calidad del concreto que, en un 70 por ciento, está compuesto por agregados o material de construcción como piedra, arena y grava.

Esto fue revelado en el foro sobre formalización y regulación de la pequeña minería que se llevó a cabo ayer en el centro de convenciones de Armenia y donde se reunieron decenas de mineros informales, asociaciones y sindicatos de este gremio. Allí, Asogravas dio a conocer un estudio sobre la calidad y la legalidad del material de construcción en Colombia.

“Los costos del material de construcción son más altos en el Quindío que en otros departamentos por las exigencias ambientales que hace la entidad ambiental. Por eso, el contratista algunas veces busca material en otras regiones y el constructor prefiere ahorrar pero sacrifica la calidad de su edificación”, señaló Forero.

Según cifras de Asogravas, el 50 por ciento de los materiales de construcción que se consumen en el país tienen algún tipo de ilegalidad. “Esto quiere decir que una de cada dos toneladas (de agregados) que se vende en el país es ilegal”.

Esto le representa al país pérdidas de hasta 300 mil millones de pesos anuales por concepto de IVA y 7.000 por regalías. Además de esto, Forero explicó que también se tienen otras consecuencias como el sobrepeso de materiales en los vehículos de transporte y la ilegalidad mineroambiental.

Para el director de Asogravas, en Quindío pasa algo muy similar, y en muchos casos, estos agregados ni siquiera vienen de productores del departamento sino de vecinos. Por eso, la asociación está acompañando a unos 500 pequeños mineros de los ríos Barragán y La Vieja para que puedan formalizarse. “El llamado es para que la Corporación Regional del Quindío (CRQ), les ayude con los planes de manejo ambiental y se pronuncie lo más pronto posible”.

En el evento, también estuvo Luz Estela Ramírez, directora ejecutiva de la Confederación Nacional Minera, y señaló que su gremio espera más claridad. “Que no nos persigan como si fueran delincuentes”. Y dijo que el lunes tendrán una reunión en la comisión quinta del Senado donde esperan soluciones definitivas para los pequeños mineros.

Por su parte, el ambientalista Néstor Ocampo expresó que en el país “hay un desorden en el manejo de la minería”.

Además, Ocampo pidió que “se defiendan y se preserven los derechos de las personas que tradicionalmente realizan ciertas formas de minería. Eso es necesario”.