Mientras Susana* estaba con su mamá, aun en piyama, los paramilitares llegaron a su casa llevarse a su hermano a la fuerza y ellas no dejaron.
“El que mandaba me golpeó con una pistola y me desmayé. Quedé inconsciente, luego de despertar me di cuenta que me habían violado”, relató la joven.
Este caso está documentado en la Unidad Nacional de Atención a Víctimas del Conflicto Armado.
Según la entidad, han pasado tres años del hecho victimizante ocurrido en un municipio de Caldas, que obligó a la familia a desplazarse a Medellín para reconstruir sus vidas.
También para huir del victimario, porque ella defendió la vida del bebé que esperaba, producto de esa violación, pese a que este la amenazaba para que abortara.
“Siento que tomé la decisión correcta de tenerlo porque a la final no tenía la culpa de nada (...) El niño ya tiene 2 años y es un moreno hermoso”, dijo.
El que mandaba me golpeó con una pistola y me desmayé. Quedé inconsciente, luego de despertar me di cuenta que me habían violado.
La Unidad de Víctimas dijo que Susana es una de las 155 personas residentes en Antioquia que recibieron la indemnización económica como medida reparativa por parte del Gobierno Nacional.
“En una doble jornada de atención esta semana en la sede de la entidad en Medellín se les entregaron recursos por valor de 2.173 millones de pesos”, agregó la Unidad.
Al mismo tiempo, las 155 víctimas participaron de un acto de dignificación y una orientación sobre la adecuada inversión de estos recursos. Entre ellas, una indígena embera, quien fue indemnizada tras sufrir el abuso sexual por parte de guerrilleros del ELN en Chocó.
Según Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para la Reparación a Víctimas en Antioquia, “las personas indemnizadas en esta jornada fueron víctimas de delitos sexuales, homicidios y desaparición de familiares, desplazamiento forzado”.
Las personas indemnizadas en esta jornada fueron víctimas de delitos sexuales, homicidios, desaparición de familiares, desplazamiento forzado.
El funcionario agregó que espera que estos recursos tengan un efecto de reparación en sus vidas, que la mayoría destina a iniciar proyectos productivos, vivienda propia, el mejoramiento de su casa o para sus estudios.
Para mejorar sus condiciones de vida, Susana planea invertir el dinero de su indemnización “lo más que se pueda en una vivienda para mi mamá, mi hermano y mi hijo, porque pagar arriendo es muy duro”.
El director agregó que indemnización hace parte del proceso de reparación integral y complementa las medidas de rehabilitación, satisfacción como la atención psicosocial y garantías de no repetición de hechos victimizantes.
Desde la expedición de la Ley de Víctimas (2011) han sido indemnizadas más de 675 mil víctimas en Colombia. De estas cerca de 192.000 en Antioquia con recursos superiores a los 1,5 billones de pesos.
*Nombre cambiado por la Unidad de Víctimas
MEDELLÍN
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