Urbanizaciones, en vilo por legalización de los cerramientos

Urbanizaciones, en vilo por legalización de los cerramientos

Mientras habitantes denuncian inseguridad, la Ley les prohíbe cercar el espacio público.

Urbanizaciones, en vilo

La Unidad Residencial Altamira, en Robledo, después de 36 años fue informada de que tendrá que dejar de ser cerrada.

Foto:

Jaiver Nieto

Por: Jacobo Betancur Peláez
26 de septiembre 2019 , 08:54 a.m.

La entrada en vigencia del nuevo Código de Policía arrojó al limbo jurídico a cerca de 125 urbanizaciones de Medellín, que podrían perder sus cerramientos.

Aunque el Municipio aún no toma decisiones de fondo, los habitantes de esas edificaciones temen desde ya que la norma haga que sus casas queden expuestas a robos, consumo de drogas y otros problemas de orden público.

El inicio de este lío se remonta casi cuatro décadas atrás, cuando en diversas zonas de la capital antioqueña varios grupos de vecinos decidieron levantar de forma autónoma vallas y enrejados para protegerse de la ola de violencia e inseguridad que por esa época azotaba a la ciudad.

La violencia del narcotráfico, que alcanzó su pico máximo en la década de 1980, fue uno de los alicientes que llevaron al Municipio a permitir esta práctica y, más adelante, legalizarla a través de comodatos.

Con el paso de los años, cientos de cerramientos se levantaron por todos los rincones de la ciudad.

A tal punto fue esa ola que en el último Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado en el 2014, en el artículo 540 el Municipio autorizó de forma explícita el cerramiento de áreas públicas siempre y cuando se argumentaran razones de seguridad específicas.

Nicolás Vargas Echeverri, administrador de la Unidad Residencial Altamira, ubicada en la comuna de Robledo, occidente de Medellín, explica que el problema comenzó el pasado 2 de julio cuando recibieron una carta en la que la Alcaldía les informaba que no podría renovar su comodato.Esto, después de cerca de 36 años de haber obtenido el permiso para levantarlo y así proteger 50 bloques, 972 apartamentos y 46 locales comerciales.

Urbanización Medellín

La urbanización Piamonte, en Guayabal, ganó una acción popular y logró obtener permiso o comodato para ser cerrada, incluyendo una vía que para muchos es pública.

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Esneyder Gutiérrez

“El cerramiento nos brinda mucha seguridad, ya que impide que la violencia que hay en las zonas circundantes también nos afecte. Si nos quedamos sin el cerramiento se incrementarían los robos a los apartamentos y vehículos. Además las zonas verdes que rodean los edificios podrían convertirse en un foco de consumo de drogas”, plantea Vargas.

A la espera de una normatividad

En busca de respuestas, los propietarios de la urbanización se integraron a las reuniones de una Comisión Accidental en el Concejo de Medellín.Estando allí, descubrieron que, junto a ellos, un centenar de otras unidades tenían el mismo problema.

Cada vez es más necesario que se diseñe una Política Pública que solucione este problema de fondo y arroje mayor claridad

Carlos Alberto Zuluaga, uno de los concejales que lidera esa comisión, explica que luego de varias reuniones la fórmula que se creó en conjunto con el Municipio fue la de no derribar ningún cerramiento hasta no dar con un marco normativo más claro.

Según explica, uno de los precedentes para tomar esa decisión lo instauró una urbanización que ganó una acción popular y logró obtener su comodato a pesar de la prohibición del Código de Policía.

Aquel caso fue el de la urbanización Piamonte, ubicada en la comuna de Guayabal, al sur de la ciudad.

Oscar Giraldo, abogado que lideró ese proceso, explica que la unidad está ubicada muy cerca al barrio Antioquia, el expendio de drogas ilícitas más grande de la ciudad.
Durante el litigio, los vecinos lograron demostrar que el cerramiento era la única herramienta que tenían para defenderse de la inseguridad y lograron que, en fallos de primera y segunda instancia, el Municipio tuviera que autorizarles un comodato hasta el 2020, el único vigente en toda la ciudad.

“Hay un tema jurídico supremamente complejo que aún no se ha resuelto y el trasfondo de todos los cerramientos es el tema de la seguridad pública. Cada vez es más necesario que se diseñe una Política Pública que solucione este problema de fondo y arroje mayor claridad”, dice Giraldo.

La Alcaldía se pronuncia

EL TIEMPO remitió un cuestionario a la Secretaría de Gestión Territorial de la Alcaldía de Medellín para conocer el concepto que el gobierno local tiene del problema.

Esa dependencia explicó que el problema central es que todas esas urbanizaciones están restringiendo el acceso al espacio público, que por naturaleza no puede ser privatizado.

La dependencia explicó que tanto la Ley 388 de 1997, que regula las licencias urbanas y el manejo del espacio público, como la Ley de Reforma Urbana e incluso la Constitución de 1991 tienen artículos en donde explícitamente se prohíbe el cerramiento de los espacios públicos.

Explicó que el problema central es que todas esas urbanizaciones están restringiendo el acceso al espacio público, que por naturaleza no puede ser privatizado.

De esta forma, es errado plantear que el Código de Policía fuera el primero en establecer esa prohibición.

Así las cosas, hasta no haber un pronunciamiento de una instancia superior como un alto tribunal, tanto para el Municipio como para las urbanizaciones, cualquier decisión sigue estando en un terreno gris.

Entre tanto, las personas esperan que esa búsqueda de fórmulas no tarde más tiempo y que de un día para otro la calle llegue a la puerta de sus casas.

Una interpretación cultural

Según explican las investigadoras, María Clara Echeverría y Análida Rincón en su libro Ciudad de territorialidades, una de las formas en que se expresó la violencia local de la segunda mitad del siglo XX fue con la aparición de elementos que modificaron la configuración territorial de la ciudad. Es el caso de puertas, rejas, cerramientos, vigilancias privadas, ente otros.

El encerramiento se expresa, primero, en la baja utilización de los espacios públicos como calles, plazas y lugares recreativos y, segundo, en la forma cómo se materializa el espacio público y privado

Ese tipo de prácticas, aunque bien podían deberse a amenazas concretas, también se explicaban en la necesidad de contrarrestar el sentimiento de inseguridad y miedo que generaba a los ciudadanos las violencias en el territorio.

Sin embargo, los cerramientos también causaron que la ciudad se fragmentara y que el espacio público entrara en un proceso de abandono.

“El encerramiento se expresa, primero, en la baja utilización de los espacios públicos como calles, plazas y lugares recreativos y, segundo, en la forma cómo se materializa el espacio público y privado. Así como la gente se encierra y los espacios públicos se desocupan, transformándo de esta manera las costumbres urbanas, también se encierran las viviendas y el comercio”, plantean las académicas en su texto.

Jacobo Betancur Peláez
Para EL TIEMPO
MEDELLÍN

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