En Medellín hay seis formas de explotación sexual infantil: ‘la feria de virginidades’ de parte de combos, turismo sexual, trata de personas, pornografía, matrimonio servil y prostitución.
Así lo revela un estudio de la Personería sobre este flagelo que evidencia que un niño tiene 10 veces más riesgo de ser víctima de violencia sexual frente a cualquier otro delito como maltrato físico y homicidio. El análisis también dice que el peligro es mayor en el hogar, en muchos casos, los victimarios son padres, hermanos, tíos o abuelos.
El personero de Medellín, Guillermo Durán, dijo que este delito es silencioso porque se da en el escenario familiar y que preocupa la indiferencia por parte de la sociedad, así como la ausencia de respuesta por parte del Estado.
En el caso de la ‘feria de virginidades'’, los grupos armados eligen niñas y les advierten a las mamás que deben llegar vírgenes a los 13 o 14 años, para subastarlas a extranjeros o llevárselas al comandante del combo, tal y como lo confirma el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín, que hace recorridos en las comunas en busca de denuncias sobre el crimen.
“Esta negociación con la madre de la menor en muchas ocasiones se tiene como contraprestación, un mercado o el pago de los servicios públicos, por parte del combo. Lo que impide que estos casos sean visibles”, dice el estudio del Ministerio Público.
Esta negociación con la madre de la menor en muchas ocasiones se tiene como contraprestación, un mercado o el pago de los servicios públicos.
A todo eso se suma que si las madres se niegan a entregar a sus hijas pueden ser víctimas de desplazamiento forzado del mismo grupo armado.
María Victoria Salazar, directora de la Fiscalía 99, de Centro de Atención Integral a Victimas de Delitos Sexuales (Caivas), la única entidad especializada en explotación sexual en Medellín, contó que es muy difícil que estos casos se denuncien, sobre todo si los padres de las víctimas están involucrados.
Igualmente, la fiscal aseguró que algunos procesos e investigaciones que lleva el ente acusador se pierden porque las víctimas se retractan, retiran la denuncia y se acogen al artículo 33 de la Constitución Política de Colombia, que dice que nadie está en la obligación a declarar en contra de parientes cercanos.
La Fiscalía no tiene denuncias sobre venta de niñas vírgenes, pero sí investigaciones contra padres que cambiaron a sus hijas por mercados o dinero.
Según investigaciones de la personería y el Sisc, la pornografía infantil en la ciudad se presenta en casas de las periferias, en donde tienen varios cuartos, una jovencita en cada habitación en frente de una cámara, ya sea para fotografiarla o para que ofrezca sexo en vivo por internet.
En turismo sexual, la Policía detectó la existencia de apartamentos lujosos en El Poblado en donde se ofrece un paquete a extranjeros que incluye alojamiento, sexo con menores y drogas.
En cuanto a trata de personas es un delito invisible, aunque el año pasado hubo 12 capturas por este delito.
El Sistema para la Seguridad y Convivencia identificó que los fines de semana, las niñas son trasladadas desde Medellín hasta el occidente del departamento y a la zona minera del nordeste, donde son explotadas. En algunos casos, las niñas son torturadas.
“Sobre el matrimonio servil como forma de explotación sexual, a la Personería no han llegado denuncias, tampoco a la Fiscalía, pero el fenómeno existe en Medellín”, agregó el Personero.
Durán dijo que las principales víctimas son niñas y adolescentes de los estratos 1, 2, 3 y que las causas más sobresalientes son las necesidades básicas insatisfechas y pocas posibilidades de empleo.
El Caivas registró 1.599 denuncias de violencia sexual contra menores de edad en Medellín el año pasado. De esos, 905 tenían entre 6 y 13 años. En los últimos dos años, la entidad ha recibido 270 denuncias sobre explotación sexual. De las cuales, van seis condenas y seis juicios.
Entre tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) reportó 2.659 procesos de restablecimiento de derechos de niños y adolescentes, de los cuales, 300 corresponden a delitos sexuales.
El Personero precisó que estas cifras no son una lectura exacta de la problemática, teniendo en cuenta que median factores de impunidad causados por las bandas criminales, temor, la permisividad y complicidad de las familias.
Esas prácticas sexuales, documenta el Ministerio Público, se dan en la capital antioqueña desde el cartel de Medellín, en los años 90, “como factor de la cultura de la ilegalidad, que genera problemática de comercio sexual en niños, niñas y adolescentes”.
Sin embargo, detalló Durán, solo hasta el 2006, se emprendió un Plan de Acción Nacional de Prevención y Erradicación de la explotación sexual comercial de menores de edad, con el fin de desarrollar planes locales integrales.
DEICY JOHANA PAREJA M.
Redactora de EL TIEMPO
