Las cicatrices que dejó el Space, tres años después de la tragedia

Lo escuchó crujir. Un día antes de que colapsara la torre 6 del edificio Space, Juan Esteban Cantor escuchó sonidos extraños de la edificación. Su hermana Ángela lo abrazó, le dijo que lo amaba y lo aupó para que se acostara a dormir.

Al otro día, no se despidió de él. Ese 12 de octubre de 2013, Juan Esteban falleció, junto a 11 personas más.

En el tercer aniversario de la tragedia, Ángela no puede evitar pensar en todo lo que pudo ser y no fue. El sueño que tenía su hermano de ser presentador de televisión, las reuniones familiares en las que era él quien unía a la familia.

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Asegura que no olvida ese último momento con su hermano, como tampoco olvida que, a pesar de haber pasado tres años, la justicia no llega.

“No paso por ahí (Space). Siento que es como una bofetada de injusticia en la cara. Sabíamos que el proceso sería así porque hay mucha corrupción alrededor de este, pero no perdemos la esperanza”, dice Ángela cortando una lágrima que no baja.

A diferencia de los procesados de la constructora CDO y los entonces curadores segundos, la familia Cantor sí ha asistido a todos los juicios.

En eso se les convirtió la vida. Es una eterna ida y venida a juzgados en los que predominan sentimientos de tristeza, desolación, rabia “y una sensación de impunidad, que es lo peor”.

Han pasado ya tres años, 36 meses, 1.095 días. “Siento que cada decisión en torno al jucio me restriega en la cara el dolor de la situación que vivimos y no nos permite avanzar”, confiesa, y añade que para sus padres ha sido algo insuperable y cualquier situación es un detonante para la depresión.

Según los Cantor, la justicia, en lugar de llegar, parece que va hacia otro lado.

Hoy, que tendría lugar la lectura a la sentencia definitiva a la decisión de absolución a los entonces curadores del edificio Eliney Francis Llanos y Carlos Alberto Ruiz, tampoco sucedió, por lo que no se pudo apelar la decisión.

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“Nosotros siempre hemos tenido la esperanza de que se haga justicia, de que los procesos los tome un juez o una juez que de verdad quiera devolverle a las víctimas –incluso las que conciliaron– la sensación de justicia que se perdió. Pero el panorama es muy oscuro”, cuenta la afectada.

De otro lado, Carlos Ruiz, quien encabeza la demanda grupal de 12 familias afectadas contra los constructores, también se lamenta por la lentitud con la cual avanza el proceso.

“Hace dos años no nos pagan subsidios. La Superintendencia se ha hecho de la vista gorda porque en dos años no nos han pagado nada y no han exigido el pago de los 400 millones de pesos que nos deben por apartamento”, explica Ruiz.

Aclaró que solo pagaron el primer de un subsidio a los afectados por no tener donde vivir.

Aseguran que tenían pensado que todo el proceso se demoraría cerca de cinco años, pero ahora lo duda. “Si en dos años no ha pasado nada, esto puede ir para largo. Pero ahí seguimos”, aclara.

Y ahí seguirán. Hoy, sobre las 6 p. m., algunos de los afectados volverán al lugar donde todo comenzó para orar por las víctimas,anhelando que ojalá que el Space tuviera el mismo aguante que ellos han tenido.

En tres años que lleva Space de haber colapsado, por ahora no hay ningún sentenciado en los dos procesos penales.

El primero, por concurso de prevaricato por acción durante el proceso de licenciamiento del edificio; y otro, por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor, único residente fallecido durante el hecho. Ambos parecen estar lejos de resolverse.

Un día antes de que se cumplieran tres años de la tragedia, se aplazó la lectura completa de la sentencia en primera instancia dictada el pasado 20 de septiembre, que absolvía a los curadores del edificio Space, Eliney Francis Llanos y Carlos Alberto Ruiz.

Juan Camilo Muñetón, representante de las víctimas, expresó que esperarían la lectura del fallo para interponer el recurso de apelación para que el caso sea llevado hasta el Tribunal Superior de Medellín.

El abogado, sin embargo, explicó que es normal que un caso como este se haya tomado tanto tiempo (dos años) debido al material probatorio que se ha presentado.

Sobre el otro caso, los acusados de homicidio culposo en este proceso son Pablo Villegas, representante legal de la constructora CDO; María Cecilia Posada, directora de obra, y Jorge Aristizábal, ingeniero calculista. La investigación ya precluyó por 11 de los fallecidos y continúa hasta el juicio por la muerte de Juan Cantor.

Federico Londoño, abogado y apoderado de la familia de Juan Esteban, detalló que en la primera semana de noviembre comenzará el juicio oral con la práctica de las pruebas solicitadas por la Fiscalía.

De otro lado, la Superintendencia de Sociedades suscribió en julio un acuerdo de reorganización con cuatro de las cinco sociedades del Grupo CDO.

El lugar donde estaba ubicado el edificio Space (El Poblado) es ahora un lote vacío donde solo queda la estructura de lo que eran los elevadores. Una cicatriz de ciudad que aún no se olvida.

En noviembre del año anterior, el concejal Bernardo Alejandro Guerra solicitó la compra del lote donde estaba ubicado el edificio Space, por un valor de 10.000 millones de pesos –en ese entonces– con el fin de que el municipio de Medellín cobrara su deuda y con el dinero restante pagara la deuda de 14.000 millones de pesos que se debe a los afectados.

En su momento, Guerra insistió también en que se espera que el Municipio destine el dinero para la compra del lote, con el fin de que allí quede ubicado el parque de la Ética, como homenaje a las víctimas y como mensaje de que hechos como ese no pueden volver a ocurrir. Algo que a la fecha no ha pasado.

“Seguiré insistiendo para que el municipio se haga con el lote, y que los afectados no tengan que pagar impuesto predial, como se logró con el proyecto de acuerdo”, expresó Guerra.

Sin embargo, para Carlos Ruiz, uno de los afectados de Space, lo que la resolución intentó hacer con ellos, lo consideró “medio tonto” porque debían ponerse al día con el pago del impuesto predial de dos años, (2014 y 2015) de un inmueble que se demolió años antes.

“Es ridículo que me cobren ese bien como si fuera un apartamento porque no existe, ya que lo demolieron, entonces no tiene lógica pagar por algo que no existe”, expresó el afectado.

Para él, lo que se debió haber hecho fue cobrar el impuesto predial solo hasta el 12 de octubre de 2013, fecha en la cual el inmueble pudo ser utilizado.

Ruiz opina que lo que pasará con el lote es que nadie lo comprará a ese valor ($ 10.000 millones), por lo cual se llevaría a un remate, que finalmente podría bajarle su precio hasta a un 50 por ciento en años futuros y, posiblemente, ser adquirido por los mismos dueños o el mismo gremio.

Para Ángela Cantor, afectada por el colapso del Space, lo ideal sería que el municipio adquiera el lote no solo para asegurar el pago a las víctimas, sino para que se haga ese parque en honor a los 12 fallecidos.

Otros edificios construidos por CDO también han presentado fallas en su estructura.

La Superintendencia de Sociedades suscribió en julio un acuerdo de reorganización con cuatro de las cinco sociedades del Grupo CDO.

El acuerdo fue firmado por la mayoría de los acreedores con Calamar CDO, Vifasa CDO, Inversiones Acuarela CDO y Bepamar CDO e incluyó un pasivo a reestructurar superior a los 66.869 millones de pesos.

Con los acreedores de la otra sociedad, Alsacia CDO, constructora de los edificios Asensi y Continental Towers, no han llegado a un acuerdo.

Según la Superintendencia, CDO ha reforzado 802 viviendas (558 en Altos de San Juan, 126 en Colores de Calasania y 118 en Acuarela del Norte) y se encuentra en proceso de otras 401 viviendas más.

DAVID ALEJANDRO MERCADO
Redactor de EL TIEMPO