Mientras continúa la búsqueda de las dos últimas desaparecidas tras el hundimiento de un barco en Guatapé (oriente de Antioquia) el pasado 25 de junio, la Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó la suspensión inmediata del permiso de operación de todas las motonaves afiliadas a la empresa HJ Vallejo y Cía S. A. S., conocida como Asobarcos Guatapé.
Ninguna de las 12 embarcaciones de la empresa podrá prestar servicios, hasta nueva orden de la entidad de control, que investiga las causas tras el naufragio de 'El Almirante', la 13 de sus embarcaciones.
"Esta medida, que es de carácter preventivo, se mantendrá hasta que se acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de la prestación del servicio de sus embarcaciones", indicó Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte, quien añadió que en la tarde de este miércoles ya se habían revisado por completo seis barcos y que se espera que el próximo viernes en la mañana se hayan revisado todos, de modo que puedan seguir prestando servicios de transporte.
Esta medida, que es de carácter preventivo, se mantendrá hasta que se acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de la prestación del servicio de sus embarcaciones
Jaramillo dijo además que se revisarán todas las embarcaciones que prestan servicio público de transporte fluvial en Guatapé, esto con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad. Esta tarea será acompañada por la Policía Fluvial, la Inspección Fluvial, el Ministerio de Transporte y la Dirección General Marítima (Dimar). La Fiscalía y la Procuraduría también anunciaron investigaciones al respecto.
Por otro lado, el superintendente afirmó que se está organizando un plan para revisar las condiciones técnicas y de seguridad de todas las embarcaciones que existen en los embalses del país.
Asimismo, agregó el funcionario, como parte de las revisiones, se exigirá que cada barco tenga la cantidad de chalecos correspondiente a la capacidad de pasajeros.
“Tenemos en este momento 86 investigaciones a empresas de transporte fluvial en el país y, hasta el año pasado, se han sancionado 43, por una suma de alrededor de 360 millones de pesos”, puntualizó Jaramillo.